Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
Cómo es posible que la reciente captura de dos menores de edad vinculados con la organización delincuencial La Inmaculada en Tuluá, haya sido presentada como un "duro golpe" a la criminalidad. Esta narrativa amarillista de los medios de comunicación es realmente lamentable. Revictimizan a los menores y sus familias y desvía la atención de los verdaderos responsables.
Recordemos que el pasado 19 de mayo se conoció de la captura de dos menores de edad, de 16 y 17 años, señalados de pertenecer a La Inmaculada, y uno de ellos estaría relacionado con el homicidio de un concejal electo el pasado 31 de diciembre.
Me parece crucial examinar cómo se están abordando este tipo noticias, cuál es el papel que instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF desempeñan en la protección de la niñez en articulación con otras entidades, y cómo está funcionando el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que, por cierto, según informes de la Defensoría del Pueblo, este sistema ha presentado sistemáticos incumplimientos a los estándares internacionales incurriendo en conductas violatorias de los derechos humanos.
Los menores de edad reclutados para el crimen son víctimas de un sistema que los ha desprotegido.
Según la Defensoría del Pueblo, durante 2023 en Colombia se registraron 184 casos de reclutamiento forzado de menores. De los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes – NNA “110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos”. Además, hace sólo dos semanas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN reportó que durante los últimos cuatro años y cuatro meses 817 menores indígenas fueron reclutados. Reconociendo que lo anterior puede ser aún mas grave si se tiene en cuenta los subregistros.
Estos niños, niñas y adolescentes son manipulados por estructuras criminales que los instrumentalizan para cometer delitos, perpetuando un ciclo de violencia del que es extremadamente difícil escapar.
Claro que se debe capturar a todas las personas que cometan delitos, incluyendo los menores de edad, pero las noticias al respecto deberían estar guiadas por unos lineamientos que permita su protección y no su revictimización. Y es fundamental entender que la violencia y la criminalidad que rodean a estos menores se solucionan desmantelando las organizaciones criminales desde sus raíces.
Preguntémonos ahora qué ocurre en la mente de quienes leen esa forma de exposición de la noticia. Estas narrativas terminan profundizando una mirada punitivista, alimentando sentimientos de rechazo y hostilidad y otras ideas preocupantes hacia jóvenes, que, en su mayoría, son de sectores empobrecidos.
La narrativa debe cambiar y se debe reconocer a estos menores como víctimas.
Es necesario que se adopte un enfoque de derechos humanos sólido cuando se reporta sobre menores involucrados en crímenes. Invito al periodismo nacional a reflexionar y a que se esfuércense por informar de tal manera que se visibilicen las realidades complejas que enfrentan los menores en situaciones de vulnerabilidad, y la necesidad de soluciones que realmente los protejan.
¿Qué tal si nos preguntamos por qué los menores de edad llegan a ser parte de actividades criminales? Esto incluye investigar y reportar sobre el reclutamiento forzado, la falta de oportunidades, y las condiciones en las que estos niños, niñas y adolescentes crecen.
El “duro golpe” a estas estructuras criminales será cuando se capturen a los responsables del reclutamiento forzado.