Por: Katerin Erazo, Periodista
Diecinueve comunidades del pueblo Awá de los municipios Puerto Caicedo, Villagarzón y Orito, Putumayo, son víctimas de confinamiento y restricciones de movilidad en sus territorios desde el pasado 24 de septiembre, consecuencia de un panfleto del grupo armado ilegal “La Constru” en el que imponen restricciones a las comunidades y anuncian ajusticiamientos.
“La Constru” es una banda criminal que nació de las extintas autodefensas y fue apropiándose del negocio de las droga ocupando los espacios que dejaron los extintos bloques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta banda se dedica a labores de sicariato y narcotráfico en los municipios del bajo y medio Putumayo.
Dos días después de que empezara a circular el panfleto, en horas de la mañana del 26 de septiembre, fue hallado el cuerpo del joven Saul Mavisoy en la comunidad la Primavera del municipio de Orito. Saul fue sacado de su vivienda en la vereda Churuyaco y posteriormente fue asesinado, su cuerpo apareció con las manos amarradas.
Este acto criminal ha dejado a las comunidades con temor, dado que en la zona hacen presencia las estructuras armadas Comandos de Frontera Ejército Bolivariano, la columna móvil Jhonier Toro de las FARC y la banda criminal La Constru.
Sin embargo, pese a las preocupaciones de las comunidades, estas hicieron un llamado a las diversas organizaciones armadas a una manifestación y gesto de paz, la cual permita el diálogo para lograr la salida de los diversos conflictos presentados.
Comunicado de “La Constru”
Según Victoria Rodríguez, investigadora regional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en Putumayo, mencionó que este departamento se posiciónó este año como el segundo con mayor registro de asesinatos hacia líderes y lideresas sociales a nivel nacional, al igual que a defensores de derechos humanos, encontrándose en una situación de afectaciones graves a derechos humanos. La gran parte de estos hechos se viene presentando en lo que se denomina el bajo y medio Putumayo, territorio en el que habita el pueblo Awá.
Rodríguez explicó que la causa de estas afectaciones es la disputa de territorios y el manejo de economías ilícitas, que se expresa en los enfrentamientos entre el grupo denominado Comandos de Frontera y el Frente Primero Carolina Ramírez, que son disidencias de las FARC.
Cabe resaltar, que el primero de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por riesgos para el Pueblo Awá y Consejos Comunitarios en Nariño, Putumayo y Cauca. Al menos 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de la comunidad Awá de estos departamentos se han encontrado en riesgo de afectación a sus derechos por cuenta de la disputa por el control territorial entre disidencias de las FARC.
Dicha alerta se estableció como la 022 de 2022 en la que se documentaron los riesgos e impactos humanitarios para los pueblos indígenas y también comunidades afrodescendientes.
La Defensoría del Pueblo también considera que existen reclutamientos forzados a menores de edad, pues los actores armados podrían estar realizando ofertas a niñas, niños y adolescentes para que hagan parte de estas estructuras ilegales.
Algunas acciones que se están tomando para enfrentar esta Alerta Temprana es el fortalecimiento de la red interinstitucional junto con algunas organizaciones de derechos humanos. Victoria Rodríguez menciona que Pares también contribuye a esta tarea de derechos humanos. Las secretarías de educación municipal y departamental han llevado propuestas y ofertas educativas y económicas. Sin embargo, se espera una presencia mayor por parte del Estado.
A pesar de que los grupos armados ilegales han manifestado su disposición por entrar a la política de la Paz Total, la comunidad sigue reclamando garantías básicas para ejercer sus derechos fundamentales, ya que se sigue presentando violencia por parte de la Fuerza Pública con la erradicación manual de la hoja de coca.
“Parte de las acciones que debería hacer el Gobierno es una presencia más continua, constante y firme hacia el apoyo de la labor de las organizaciones que hacemos presencia en el territorio y que de cierta manera pretendemos generar un impacto de fortalecimiento hacia los derechos humanos en las poblaciones”, mencionó Victoria Rodríguez de Pares en Putumayo.