Por: Isaac Morales, Coordinador
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Mucho se ha hablado de la necesidad de realizar cambios estructurales al interior de la Policía Nacional, como darle a la institución policial un enfoque más claro de derechos humanos, pensar en un servicio de policía de cara a las necesidades del barrio o de la comunidad y hacerla más cercana a la ciudadanía. Incluso ha estado en la agenda la necesidad de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior o crear un nuevo ministerio, que para el nuevo Gobierno del presidente Petro se llamaría Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia; sin embargo, esto seguramente no será un proceso fácil ni que se vaya a dar de la noche a la mañana, más si se tiene en cuenta la naturaleza de la Policía Nacional de Colombia, que si bien se reconoce como un cuerpo armado de naturaleza civil, se ha caracterizado por ser una fuerza muy militarista debido al contexto colombiano enmarcado en las dinámicas del conflicto armado interno que ha vivido el país.
Quizá uno de los cambios más notorios recientemente conocidos, tiene que ver con el nuevo uniforme, pasando de un verde camuflado a un azul turquesa muy al estilo de las policías europeas. Sin duda un cambio que puede dar cuenta del inicio de una nueva era en la policía, pero que también corre el riesgo de convertirse en un simple cambio estético, de forma, pero nada de fondo.
Recientemente también se conoció el rebautizo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ahora denominada Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Según el director general de la Policía, General Henry Sanabria, la nueva unidad de diálogo contará con dos componentes fundamentales: primero un Dispositivo Especializado de Intervención (DEI) y segundo un Dispositivo Básico de Acompañamiento (DBA).
El DEI será algo así como la primera línea de esta nueva unidad y tendrá contacto directo con la ciudadanía que se manifieste, buscando impedir cualquier daño o alteración, por otro lado el DBA se encargará de moderar el diálogo con la ciudadanía y si identifica que alguien provoca o pretende causar algún daño lo asilará. Junto a esta nueva estructura de organización de la UNDMO, se conoció también la nueva imagen de cascos y tanquetas, unos blancos o azules y otros negros, en general detalles estéticos.
Un poco más de fondo trae consigo el instructivo 009 de la Dirección General y la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, firmado por el General Sanabria el pasado 25 de septiembre de 2022, en el que se dictan lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden, señalando fundamentos jurídicos y directrices para adelantar procedimientos policiales en 11 escenarios particulares:
1. Manifestación Pública.
2. Huelga.
3. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.
4. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público.
5. Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de futbol.
6. Asonadas.
7. Erradicación de cultivos ilícitos.
8. Explotación ilícita de yacimientos mineros.
9. Riñas colectivas.
10. Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios.
11. Usurpación de inmuebles o tierras.
Al parecer este instructivo aplica para la Policía en general y en particular toca a la UNDMO. En algunos de estos escenarios descarga las primeras responsabilidades de actuación a la fuerza disponible, que básicamente se trata de los uniformados que están en servicio y deben atender al llamado de su comandante para reaccionar. Según este instructivo están llamados a generar el diálogo y a acompañar a las autoridades político administrativas o al ministerio público donde se presenten estos hechos.
Quizá lo más novedoso de este documento rector de la institución tiene que ver con el procedimiento frente a las manifestaciones públicas, en el que se señala que el acompañamiento y la presencia de la Policía se debe dar de manera “discreta”, no abriendo ni cerrando la movilización, tampoco marchando junto a los manifestantes, esto según, para no generar manifestaciones de odio. Otro aspecto relevante es que recalca que si la movilización esta compuesta por jóvenes entre los 15 y 24 años será en primera medida la fuerza disponible la encargada de intervenir y sólo cuando el nivel de agresividad sea muy alto podrá actuar la UNDMO; esto quizá en consonancia con la necesidad de protección de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, sin embargo parece un poco complejo determinar la edad de los manifestantes en determinado momento.
Este documento también deja algunas dudas con relación a otros escenarios en los que se cita a la UNDMO, en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y con la explotación ilícita de yacimientos mineros, pues la Policía Nacional cuenta con especialidades destinadas a estos fenómenos que afectan la seguridad en estos escenarios como la Dirección Antinarcóticos, los EMCAR (Escuadrones Móviles de Carabineros) o la misma Dirección de Carabineros y Protección Ambiental; que por cierto son expresiones concretas de una vocación militar en la policía, estas especialidades deberían ser responsabilidades directas de las Fuerzas Militares y en particular del Ejército Nacional, pero eso puede ser otra discusión.
En concreto, la mayoría de policías en el mundo cuentan con unidades, especialidades o comandos destinados al control y disuasión de manifestaciones y protestas sociales, y en su mayoría también han registrado escenas de abuso de poder y violación de derechos humanos, como se vio recientemente en Chile, Francia, Estados Unidos o en Hong Kong. En el caso particular colombiano, el llamado desde la sociedad civil, organizaciones sociales e incluso organismos internacionales se ha orientado en dirigir a la policía y a su fuerza de control de movilizaciones hacia un camino de la protección de los derechos humanos y fundamentales, reconociendo con criterio humano en el marco legal y operativo cuándo hacer uso de la fuerza. En la memoria de los y las colombianas quedaron los abusos cometidos por el ESMAD en las movilizaciones de 2019, en las ocurridas durante el aislamiento en 2020 y las posteriores en 2021, cuando se registraron violaciones sexuales, retenciones ilegales y mutilaciones oculares, que por cierto han quedado mayormente impunes.
Si bien se ha notado un esfuerzo institucional por parte de la Policía Nacional en adelantar procesos de modernización y transformación, estos deben dar cuenta de cambios estructurales, fortaleciendo la formación de los uniformados y haciendo énfasis en la necesidad de un servicio que vea a la ciudadanía como actores relevantes de completo respeto primando la protección de los derechos humanos.
Hacer cambios de colores o de nombre no sirve de nada si no se hacen cambios de fondo, cualificando a las personas que a diario son la representación del estado para mediar y resolver los problemas de convivencia que se generan en las calles del país.