Por: Katerin Erazo, periodista
Foto tomada de: El Heraldo
En un hito trascendental para la historia contemporánea de Colombia, el próximo 3 de marzo marcará el inicio del cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este encuentro, que se llevará a cabo en San José del Guaviare, se posiciona como un paso significativo hacia la consolidación de la paz en un país que durante décadas ha sido afectado por el conflicto armado.
El proceso de paz entre el Gobierno y el EMC ha sido caracterizado por una serie de acontecimientos relevantes que han delineado su evolución y alcance. Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarca, y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias “Willy”, como representantes de la disidencia de Iván Mordisco en la mesa de diálogo. Esta incorporación, anunciada por Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno, se produjo luego de la suspensión temporal de las órdenes de captura en su contra, conforme a una resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 16 de enero de 2024.
La resolución de la Fiscalía, respaldada por el Decreto 1081 de 2015, refleja un compromiso con el proceso de paz al suspender las órdenes de captura de los miembros-representantes del EMC, reconociendo así la importancia de su participación en las negociaciones lideradas por el Gobierno Nacional. Este gesto de confianza mutua allana el camino para un diálogo constructivo y fructífero, donde las partes pueden abordar de manera efectiva los desafíos y oportunidades que se presentan en el proceso de paz.
El EMC, surgido en 2016 como una facción disidente de las FARC durante las negociaciones de paz, representa un grupo que optó por mantenerse al margen del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de la guerrilla. Con una estimación de al menos 3.400 integrantes, de los cuales más de 2.100 están armados, el EMC ha emergido como un actor significativo en el panorama político y social de Colombia, desafiando las narrativas convencionales sobre el posconflicto.
Desde sus primeros encuentros, el Gobierno y el EMC han logrado avances significativos en el proceso de paz, marcados por la firma de varios acuerdos que abordan aspectos clave para la estabilidad y la reconciliación en el país. Entre los acuerdos más destacados se encuentra el compromiso del EMC de renunciar al secuestro con fines económicos, un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera y sostenible.
Además del cese al fuego, que actualmente está vigente hasta el 15 de julio de este año con posibilidad de prórroga, se han firmado acuerdos relacionados con la protección a la población civil, la participación de la sociedad civil, la intervención territorial y el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Estos acuerdos reflejan el compromiso conjunto de ambas partes de abordar los desafíos más urgentes y sentar las bases para una paz inclusiva y perdurable.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en los últimos seis meses se ha observado una disminución en las acciones armadas relacionadas con ataques a la fuerza pública y a la población civil. Sin embargo, se han registrado picos de confrontación, como por ejemplo, la crisis en el Cañón del Micay, un escenario de larga data en cuanto a presencia histórica. También se han identificado disputas en Arauca entre el Frente Décimo del EMC y el Frente Domingo Laín del ELN.
Registro de acciones del EMC durante el Cese al fuego octubre2023- febrero 2024
Además, Marín destacó que en relación con la mesa de negociación, es importante subrayar que, a diferencia de la mesa con el ELN, esta cuenta con un despliegue territorial que ha permitido trazar una hoja de ruta de acciones en los departamentos de Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare. Se espera avanzar en la realización de acciones para la recuperación de la Cuenca del Río Catatumbo, la concertación de planes sociales en Norte de Santander y la elaboración de planes socioambientales en regiones del Caquetá.
El respaldo internacional ha sido fundamental para el éxito y la legitimidad del proceso de paz en Colombia. Países como Irlanda, Suiza, Noruega y Venezuela han actuado como garantes del proceso, brindando su apoyo y asistencia técnica para facilitar las conversaciones y garantizar su cumplimiento. Asimismo, organizaciones internacionales como la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA y las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial como acompañantes del proceso, proporcionando orientación y supervisión para asegurar su integridad y transparencia.
El proceso de paz no se limita únicamente a las conversaciones formales entre el Gobierno y el EMC, sino que también incluye una serie de diálogos sociales que se han llevado a cabo en diferentes regiones del país. Estos encuentros, que han tenido lugar en Norte de Santander, Cauca y Arauca, entre otros lugares, han permitido la participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz, proporcionando un espacio para el intercambio de ideas, preocupaciones y aspiraciones.