Por: Laura Bonilla
América Latina tiene relativamente bien identificados cuatro mercados que contribuyen a que seamos la región más violenta del mundo hoy. El primero es el consabido narcotráfico con el que el mundo ha emprendido una guerra completamente perdida. Aunque ha disminuido su peso, la producción y tráfico de estupefacientes sigue siendo uno de esos mercados con capacidad de conectar el espacio más local, con el más global. Sin embardo, desde México hasta Bolivia la región vive una sobreoferta en hoja de coca y precios muy bajos que contrastan con la bonanza vivida en los años noventa y dos miles. En parte por esta razón estamos viendo auges de otros delitos “compensatorios” de las rentas que se disminuyeron para aquellos grupos que prestaban (aún prestan) servicios de violencia para los narcos.
El segundo mercado es la trata de personas y la explotación de migrantes, de las cuáles se calcula que generan unos 150 mil millones de dólares al año, de los cuáles un 8% proviene de América Latina y el Caribe según un estudio de la OIT en el 2014. Un 50% de las personas que sufren trata son niñas y mujeres sometidas a explotación sexual. Hoy puede ser muchísimo más que eso.
El tercero es la extracción de recursos y su correspondiente tráfico. Por ejemplo, uno de los más comunes es la minería ilegal, su lavado y tráfico en toda la zona del Amazonas, especialmente en Venezuela, Perú y Colombia. También la tala de madera y su exportación ilegal se ha convertido en uno de los mercados más atractivos para los grupos armados, que bien pueden hacer inversiones directas en estos negocios o a través de créditos, maquinarias o incluso de forzar la contratación de terceros.
El cuarto es bien conocido por todos los latinoamericanos y es la extorsión a la economía local. No importa si es legal, ilegal o informal. Para ello lo importante es que haya cierto control del grupo que le permita disciplinar violentamente a cualquiera que ose por no pagar, o por denunciar. Es tan común que haya zonas urbanas enteras bajo la lógica de “todos pagan”. No hay una sola policía en la región que haya sido capaz de contener o controlar este fenómeno.
Pero hay una quinta economía, que es a mi juicio muy particular de la sociedad latinoamericana, y es la corrupción, pero particularmente la profunda relación de la criminalidad con la clase política sea directa o indirecta y a través de la cual se están extrayendo rentas públicas a través de mecanismos tradicionales del clientelismo en Perú y en Colombia. La presencia de grupos armados en la frontera ecuatoriana, pero también en el Perú se habla de que cuesta un kilo de oro estar en la lista de algunos partidos. Incluso ya es frecuente que se hable de los congresistas de la tala ilegal y los congresistas de la minería. En el Sur de Bolívar colombiano hemos recibido denuncias que aseguran que el Clan del Golfo está imponiendo contratistas a las empresas mineras de la zona. La fundación Pares lleva años denunciando a los clanes políticos y casas que han estado aliadas con la ilegalidad.
Así que lo que hoy estamos viviendo en la región es mucho más que un problema local. La corrupción hay que empezar a verla como un problema de mercado, cuyas raíces están profundamente incrustadas en la intermediación política, que a su vez es una de las bases de los otros mercados criminales que soportan la violencia de la región. Nada más explica que América Latina siga siendo la región más violenta del mundo.
Ñapa: Al cierre de esta columna, Luz Adriana Camargo fue elegida Fiscal General de la Nación. Su compromiso anti-corrupción es conocido en Colombia y América Latina. No la va a tener nada fácil.