Por: Juan Carlos Amador Baquiro. Colaborador Pares.
En Colombia ser cómplice de crímenes de Estado y criminalizar a la oposición convierte a los congresistas del oficialismo en ganadores. Se trata de una política antiética, fundada en el Estado de opinión y la tiranía de las mayorías que resulta efectiva para alcanzar importantes capitales electorales y jugosos contratos con el Gobierno.
El pasado 13 de octubre se hundió la moción de censura contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la Cámara de Representantes, con una votación de 24 votos a favor y 136 en contra. Entre las colectividades que impulsaron la moción de censura se encuentran el Polo Democrático, la Alianza Verde, la lista de Decentes y el partido Farc.
Los representantes del partido de Gobierno, las cuales suelen señalar que cualquier cuestionamiento a la fuerza pública o a la gestión de un ministro es un acto de ataque a la institucionalidad y a la democracia, es un desconocimiento a las funciones de control político que debe ejercer el Congreso, y ponen en riesgo a quienes desde los argumentos intentan mostrar cómo estas acciones y omisiones del Gobierno van en contra del derecho a la vida de los ciudadanos. Imagen: Pares.
Por su parte, partidos como el Centro Democrático, Conservador, de la U, Cambio Radical, Liberal (aunque hubo tres (3) representantes liberales que acompañaron la propuesta) y sectores cristianos apoyaron al ministro con su voto en contra de la iniciativa.
Vale decir que la cita al ministro por parte de varios representantes de la Cámara obedeció a tres asuntos específicos: ausencia de una política de seguridad territorial; falta de medidas para prevenir la violencia policial contra la ciudadanía en los hechos del 9 y 10 de septiembre pasados; y por desacatar el fallo de la Corte Suprema, específicamente en lo que concierne a la reestructuración inmediata de la fuerza pública, la prohibición del uso de escopeta calibre 12 y la implementación de un acto en el que pida perdón en nombre del Estado por el asesinato de Dylan Cruz, el pasado 21 de noviembre, a manos de un integrante del Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
Durante el debate, y luego de que varios integrantes de la oposición profundizaron sus argumentos y justificaron por qué, en torno a estos tres hechos, el ministro debía renunciar inmediatamente, el jefe de la cartera de Defensa alegó manifestando que ya había presentado disculpas por cualquier violación a la ley por parte de cualquier miembro de la fuerza pública.
Sin entrar en detalles sobre políticos mafiosos, traquetos y paramilitares, los cuales se hicieron elegir gracias al poder de las armas en los territorios, tal como ocurrió en el periodo 2002 – 2010, se puede analizar el talante ético de estos congresistas que se vanaglorian de lo acontecido con la negativa a la moción de censura a Trujillo por medio de tres ejemplos. Imagen: Pares.
Al final, presionado por representantes de la oposición que explicaron por qué estaba desacatando el fallo de la Corte, en un acto de arrogancia y descaro propio de su fanatismo ideológico y de su estrategia electoral, Trujillo dijo que presentaba excusas por los hechos ocurridos el 19 de noviembre, pero que se debía tener en cuenta que los resultados de Medicina Legal indicaban que Dylan Cruz no fue asesinado.
Este gesto de soberbia, el cual se produce en un momento en el que una amplia franja de la opinión pública está indignada por las crecientes evidencias de la violencia policial, el asesinato de líderes sociales y las cerca de 70 masacres ocurridas en 2020, estuvo acompañado de comentarios triunfalistas, irrespetuosos y provocadores por parte de representantes del partido de Gobierno.
A modo de ejemplo, el representante del Centro Democrático, Fernando Araújo, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el ministro “recibe un enorme respaldo en su defensa de la seguridad nacional y la excelente disertación del pasado miércoles”. Por su parte, el representante Álvaro Hernán Prada, el mismo que está vinculado a la investigación contra el expresidente, exsenador y expresidiario Álvaro Uribe por presuntos falsos testigos y fraude procesal, señaló en su cuenta de Twitter: “136 votos por el NO contra 24 votos por el sí, derrotaron la moción de censura contra el mindefensa…, que hoy sale de la @CamaraColombia más fortalecido”.
Por último, el representante Gabriel Vallejo, integrante de este mismo partido, aseguró a través del programa Semana en Vivo que el debate de moción de censura fue flojo e insulso, que la oposición presentó argumentos fantasiosos cuyo propósito es desprestigiar a la fuerza pública, atacar a la institucionalidad y poner en crisis el corazón de la democracia, y que el ministro sí pidió perdón.
Los anteriores hechos evidencian al menos dos problemáticas que afectan la razón de ser de un Estado social de Derecho y que confunden a la opinión pública, especialmente en lo que refiere a las funciones del Congreso en una democracia y la ética pública de los servidores del Estado.
Por un lado, las afirmaciones temerarias e irresponsables de los representantes del partido de Gobierno, las cuales suelen señalar que cualquier cuestionamiento a la fuerza pública o a la gestión de un ministro es un acto de ataque a la institucionalidad y a la democracia, es un desconocimiento a las funciones de control político que debe ejercer el Congreso, y ponen en riesgo a quienes desde los argumentos intentan mostrar cómo estas acciones y omisiones del Gobierno van en contra del derecho a la vida de los ciudadanos.
Esta situación se corrobora con la ausencia de medidas de seguridad territorial en departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Cesar, Bolívar y Norte de Santander, en donde las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales por parte de grupos paramilitares y algunas disidencias de la guerrilla se ejecutan a partir de una suerte de licencia que les otorga un Gobierno cuyo discurso legitima la violencia policial y militar, acallando a sangre y fuego a quienes se opongan a sus medidas. Se sienten cómodos en un Estado policial en donde son mayoría en el Congreso, cooptan los organismos de control y progresivamente hacen trizas el Acuerdo de Paz.
Las acciones de un funcionario público deben estar orientadas hacia la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Cuando estas acciones no coinciden con los derechos fundamentales, la Constitución y la ley, la sociedad tiene derecho a controlar, censurar y sancionar las arbitrariedades y antivalores practicados por estas personas o grupos en el uso del poder público. Imagen: Cortesía
En segundo lugar, los representantes que salieron victoriosos del debate de moción de censura, aduciendo que derrotaron a la izquierda, que el ministro Trujillo y el presidente Duque son grandes demócratas y que la fuerza pública está haciendo las cosas bien, confunden la tiranía de las mayorías con la obligación ética y constitucional de cuestionar políticas que legitiman la violencia de Estado como un asunto normal. Se trata de una sarta de burócratas con privilegios y sin ética pública, una especie de parásitos que además de explotar al Estado producen perjuicios a su estructura y funcionamiento.
Sin entrar en detalles sobre políticos mafiosos, traquetos y paramilitares, los cuales se hicieron elegir gracias al poder de las armas en los territorios, tal como ocurrió en el periodo 2002 – 2010, se puede analizar el talante ético de estos congresistas que se vanaglorian de lo acontecido con la negativa a la moción de censura a Trujillo por medio de tres ejemplos. Uno, el pasado 15 de octubre en la plenaria del Senado, la bancada gobiernista se rehusó a eliminar de su remuneración mensual $14 millones correspondientes a gastos de representación (en total reciben $33.000.000 al mes).
Dos, el diario El Espectador reveló que la energúmena senadora del uribismo, Paloma Valencia, tiene cerca de 24 contratos con el Estado por medio de su familia y entorno más cercano. Y tres, en una columna reciente del periodista Alfredo Molano Jimeno se describe detalladamente cómo opera la familia Char en el Caribe, especialmente en lo que refiere a la combinación entre negocios privados, política y compra de votos con el fin de ganar elecciones locales, al Congreso, y ahora a la presidencia de la República.
Al respecto, es importante recordar que las acciones de un funcionario público deben estar orientadas hacia la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Cuando estas acciones no coinciden con los derechos fundamentales, la Constitución y la ley, la sociedad tiene derecho a controlar, censurar y sancionar las arbitrariedades y antivalores practicados por estas personas o grupos en el uso del poder público.
La ética pública es un elemento fundamental para la creación y el sostenimiento de la confianza en las instituciones y un criterio esencial para propiciar la gestión pública en función de la conducta honesta, eficiente e integra de quienes asumen responsabilidades en calidad de servidores públicos.
No obstante, los hechos analizados parecen mostrar que en Colombia asistimos a la corrosión de la ética pública como consecuencia de la imposición de una política de muerte gestionada y legitimada por el Gobierno. Mientras que, en el Reino Unido, el ministro Michel Bites renunció a su cargo al llegar un minuto tarde a la Cámara de los Comunes en 2018, y mientras en Suecia los congresistas no tienen asesores, no tienen gastos de representación y ganan salarios de US3.900 ($14.500.000 aproximadamente), en Colombia ser cómplice de crímenes de Estado y criminalizar a la oposición convierte a los congresistas del oficialismo en ganadores.
Se trata de una política antiética, fundada en el Estado de opinión y la tiranía de las mayorías que resulta efectiva para alcanzar importantes capitales electorales y jugosos contratos con el Gobierno ¿elegiremos a esta misma cuadrilla de saqueadores y legitimadores de crímenes de Estado para 2022?
Columna publicada originalmente en bajo el título: «Corrosión de la ética pública y tiranía de las mayorías en el Congreso de la República»