Por: Laura Cano Periodista – Pares
El Chocó es uno de los departamentos más golpeados por cada uno de los problemas estructurales de Colombia: violencia, corrupción, ausencia estatal, falta de oportunidades, carencia de infraestructura, entre otros. Aún con los pasos —así sean pocos— que se han dado con el Acuerdo de Paz, el Chocó pareciera estar en un capítulo de violencia sin final, pues allí no han dejado de cesar las vulneraciones contra la población. Lo que ha venido ocurriendo desde hace algunas semanas en el departamento es una muestra de ello.
Desde el pasado 13 de agosto, habitantes del Litoral de San Juan (más exactamente de las comunidades de Togoromá Quebrada, Puerto Guadualito, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y Loma Alta) alertaron sobre la alta presencia de grupos armados y los constantes enfrentamientos entre miembros del ‘Clan del Golfo’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha llevado a que, en lo corrido de la última semana, cerca de 640 familias, con alrededor de 1.550 personas, se hayan tenido que desplazar a diferentes zonas de los tres municipios afectados. Además, aproximadamente 1.150 personas de los corregimientos de San Miguel y La Unión permanecen confinadas.
“Hasta el momento el desplazamiento se da entre corregimientos, ya que muy pocas familias han logrado salir hasta el municipio de Istmina o hasta la cabecera municipal de Medio San Juan. Sin embargo, advertimos que la situación de desplazamiento en la zona se puede agravar y extender a comunidades vecinas de los municipios de Sipí y Litoral de San Juan”, advirtió a principios de la semana pasada el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien visitó la zona el día viernes.
Durante su paso por los municipios afectados, Camargo dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 020-21 para los municipios de Medio San Juan e Istmina, en Chocó, en la que se advierte la situación de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios y elevado riesgo de enfrentamientos. Estas problemáticas infringen el principio de precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sobre la población afrocolombiana perteneciente a los Consejos Comunitarios de Acadesan, Cocominsa y al Resguardo Indígena de Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del Pueblo Wounaan.
En el documento se señala que desde el pasado 15 de agosto hay combates entre el ELN y las AGC. Esto tras la finalización de un pacto que mantenían los dos grupos desde el 2017. Ambas estructuras armadas lideran las rentas de las economías ilegales, la cadena del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y procesamiento de coca, la extracción ilícita de recursos naturales, minería y explotación de madera, entre otras actividades criminales.
Con el fin de la alianza entre los dos grupos, las AGC decidieron ingresar a algunas de las comunidades del municipio de Medio San Juan, donde pintaron las viviendas con logos alusivos al grupo armado ilegal y retuvieron e interrogaron a civiles. Asimismo, el 14 de agosto un civil, a quien acusaban de ser informante de las AGC, fue asesinado por el ELN.
Hay que señalar que, además de la alerta emitida durante la semana pasada, la situación de esta región del Chocó ya había sido advertida en la Alerta Temprana 034-19, en la que se puntualizaba el riesgo para estas poblaciones ante la presencia y el fortalecimiento del ‘Bloque Ernesto Che Guevara’, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los territorios que habitan las comunidades étnicas. Adicionalmente, el pasado 3 de agosto la Defensoría del Pueblo había publicado la alerta 016 de 2021, en la que se ponía la lupa en tres regiones (Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato) sobre las cuales se identificaba un “escenario de riesgo por la expansión de las AGC en la zona y la disputa territorial que tienen con el ELN, lo que supone una clara situación de riesgo para la población civil de las comunidades étnicas que habitan en dichos corredores fluviales y cuyos territorios quedan interpuestos a merced de los dos grupos armados presentes”.
En este contexto, es necesario traer a colación varias cosas. Por un lado, según la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de este año, 45 mil personas pertenecientes a 15.340 familias se vieron en la obligación de salir de sus sitios de residencia a raíz de la situación de violencia en varias zonas del país. Hay que señalar que, en el mismo periodo del año anterior, se registraron 51 eventos que afectaron a casi 14 mil personas de 4.311 familias. Adicionalmente, el Chocó, junto a Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son las zonas que este año han resultado más afectadas por los desplazamientos forzados.
Por último, es importante mencionar que esta zona que hoy vive una crisis humanitaria es un importante botín de disputa entre grupos armados debido a su posición geográfica: es una región estratégica para el control sobre las rutas del narcotráfico, pues tiene salida directa al océano Pacífico y una rápida comunicación con Buenaventura, en el Valle del Cauca, y con los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, en frontera con Panamá. Asimismo, no hay que olvidar la gran riqueza natural del departamento por su concentración de recursos maderables y minerales.