Por: María Victoria Ramírez
El 6 de febrero fue el Día internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, un tema del que pocas personas quieren hablar en Colombia. Empiezo diciendo que los derechos de las mujeres y las niñas (incluidos los de las mujeres y las niñas indígenas embera chamí) también son derechos humanos. Eso parece que aún no es claro para muchos.
Fuente: Corporación Contigo Mujer, Pereira.
Esta importante conmemoración tiene su origen en 2003, cuando la Primera Dama de Nigeria, la señora Stella Obasanjo, hizo la declaración oficial de “Cero Tolerencia contra la Mutilación Genital Femenina” en África, durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y los Niños (IAC por su sigla en inglés), una red de organizaciones no gubernamentales cuya oficina principal se encuentra en Addis Ababa, Etiopía.
Es una conmemoración que no alegra porque hay que recordar que en el mundo alrededor de 140 millones de mujeres la padecen, que en Colombia, aunque no se registre en los mapas internacionales de la ablación y nadie tenga cifras sobre cuántas mujeres mutiladas existen en nuestro país, esta práctica es realizada en la comunidad embera chamí de Risaralda.
“The Cutting tradition” (la tradición de la mutilación) es el nombre del ganador del premio a mejor documental del Festival de Cine Independiente Victoria en Australia, en el 2010. Es un documental narrado por Meryl Streep que se ha presentado en diferentes salas del mundo y que intenta crear consciencia de la necesidad de eliminar la práctica de la ablación (o mutilación genital femenina) de la faz de la tierra. Según la escritora, sicoanalista y crítica social Susie Orbach, esta es: “una pieza conmovedora, que confunde, aterroriza, entristece y, en algunas partes, reanima”.
Este documental, como la película la Flor del Desierto que narra la historia de una modelo somalí que sobrevivió a la ablación y que luego se convirtió en embajadora de las Naciones Unidas en la lucha contra este fenómeno que vulnera los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, son herramientas importantes para sensibilizar a la opinión pública y a las comunidades para que se empiece a rechazar esta práctica que afecta a millones de mujeres en 30 países del mundo, incluido el nuestro, Colombia.
El 23 de noviembre de 2010, en un acto público y con la ambientación de la película La Flor del Desierto, la comunidad embera chamí de Risaralda anunció la suspensión definitiva de esta práctica que ha provocado muerte y enfermedad en niñas y mujeres de esa comunidad. Este pronunciamiento se realizó luego de un proceso que tuvo varios momentos: primero la negación de la existencia de la práctica por parte de la comunidad indígena y de las autoridades del departamento de Risaralda; la discusión pública forzada por los medios de comunicación, luego de que se conociera la muerte de dos niñas; la intervención de autoridades judiciales mediante una sentencia de un juez de la república instando a todas las autoridades a que hicieran lo necesario para eliminarla; la intervención de las organizaciones de mujeres de Pereira denunciando y acompañando procesos de las mujeres indígenas para defender sus derechos; y la intervención mediante el proyecto Embera Wera para la promoción de los derechos de las mujeres indígenas de la Mesa Interinstitucional Central, presidida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- e integrada por el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de la Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Organización Internacional de las Migraciones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Integral contra Violencias de Género, y en asocio con el Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR-.
Las organizaciones de mujeres de Pereira saludaron en su momento la decisión de la comunidad indígena de desistir de esta práctica discriminatoria que atenta, desde todo punto de vista, contra la dignidad y la vida de las mujeres. Sabemos que las transformaciones culturales no se realizan de la noche a la mañana, especialmente cuando tienen que ver con reconocer los derechos de las mujeres y las niñas. Por eso la tarea es mantenerse atentos a hacerle seguimiento a ese compromiso y a acompañar a las mujeres embera chamí, si así ellas lo disponen, en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, dentro y fuera de su comunidad, y a vigilar para que el Estado colombiano cumpla con su tarea de garantizar su derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física y al goce pleno de su sexualidad.
Por otro lado, recuero que en agosto de 2010, asistí al encuentro de mujeres embera chamí en el municipio de Marsella, Risaralda. Allí se reunieron 500 mujeres que hablaron de sus derechos sexuales y reproductivos. Para algunas de ellas, era la primera vez que se aproximaban a estos temas. Las parteras que practican la ablación tienen falsas creencias sobre los beneficios que les trae a las niñas la mutilación. Esas falsas creencias y, por ende la práctica de la ablación, se perpetuarán mientras las mujeres indígenas no tengan acceso a la información sobre su cuerpo, -su anatomía y funcionamiento-, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y mientras los juristas, investigadores y los mismos indígenas sigan planteando el falso dilema entre autodeterminación de los pueblos y derechos humanos.
Hace ya casi 12 años que entre defensores de derechos humanos e incluso entre feministas reputadas, existía temor de abordar el tema, y mucho más, de enarbolar la bandera de la erradicación de la práctica. Algunos con el argumento de que los indígenas tienen problemas mayores, otros por temor a que se perciba esta lucha como un acto de imperialismo cultural, o porque simplemente les parecía irrelevante o intentaban encubrirlo, como pretexto de una malentendida solidaridad con la causa indígena. Por otro lado, el Estado colombiano, en sus distintas instancias como Ministerios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque fueron instados por la sentencia de un juez de la República, deben realmente hacer lo necesario para que no siga practicando, ya que el panorama a la fecha no es mejor, la práctica no se ha abolido, Risaralda sigue reportando casos de ablación, pero el tema pareciera estar guardado en el baúl de los recuerdos.