Por: Katerin Erazo, Periodista
Colombia ha sufrido por décadas los estragos del conflicto armado interno, que ha dejado miles de víctimas y ha desplazado a millones de personas de sus hogares. Ante esta realidad, el Estado ha implementado diferentes estrategias para buscar la justicia y la paz en el país.
Por esta razón, se han tramitado múltiples leyes de sometimiento de grupos armados que han sido implementadas a lo largo de los años como parte del proceso de paz en Colombia, entre ellas están:
La ley 418 de 1997: fue la primera en establecer un marco legal para el proceso de paz en Colombia. En su artículo 30 se establecieron medidas de sometimiento para los grupos armados ilegales que decidieran desmovilizarse y dejar las armas, además, dichas medidas incluían la reducción de penas y la posibilidad de acceder a programas de reinserción social.
La Ley de Justicia y Paz de 2005: fue promulgada por el Congreso, con el objetivo de establecer un mecanismo de justicia transicional para los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Esta ley fue una respuesta a la necesidad de buscar la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación entre los colombianos afectados por el conflicto.
Esta ley estableció sanciones para aquellos que hubieran cometido delitos graves durante el conflicto armado, tales como homicidios, secuestros, tortura y violación sexual. Las sanciones podían llegar hasta los 20 años de prisión, aunque los desmovilizados podían beneficiarse de la reducción de penas siempre y cuando colaboraran con las autoridades y contribuyeran a la reparación de las víctimas.
La ley de Sometimiento a la Justicia de las Autodefensas de 2006: fue creada específicamente para los grupos paramilitares que operaban en el país. Esta Ley estableció un proceso de sometimiento a la justicia para los miembros de las autodefensas que decidieran desmovilizarse y colaborar con las autoridades en la desarticulación de las organizaciones criminales. Los desmovilizados tuvieron que confesar sus delitos y se comprometieron a reparar a las víctimas.
Ley 1922 de 2018: esta estableció el programa de Sometimiento a la Justicia para Grupos Armados Organizados (GAO) en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, con el fin de promover su desmovilización y reintegración a la sociedad. Esta Ley permitió que los integrantes de este grupo armado, así como exmilitares, paramilitares e incluso empresarios y sociedad civil en general, se sometieran a la justicia y contribuyeran, al igual que las demás leyes, a la reparación de las víctimas.
Teniendo en cuenta estas leyes, actualmente se ha debatido la Ley de Paz Total y la Ley de Sometimiento a la Justicia del actual Gobierno de Gustavo Petro. Esta primera Ley mencionada (Ley de Paz Total) busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia. Esta Ley modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, es decir, que se adapta a la situación actual (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley para la “Paz Total” en Colombia?).
Cabe señalar que las modificaciones a la Ley 418 las hacen todos los gobiernos para poder establecer un marco de acción para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. Esta Ley de Paz Total ya fue radicada en la Cámara de Representantes, en la plenaria del Senado y aprobada por el Congreso de la República (Ver: La Paz Total: entre la negociación y el sometimiento a la justicia).
Finalmente, la Ley de sometimiento a la Justicia para organizaciones criminales, hecha por el actual Gobierno de Gustavo Petro, ha sido debatida y presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal para que pronto sea radicada en el Congreso de la República. Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales?).
El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros.
Todas estas leyes anteriormente mencionadas han sido herramientas importantes para el proceso de paz en Colombia, ya que permite que grupos armados ilegales se sometan a la justicia y contribuyan a la reparación de víctimas. Sin embargo, su implementación y cumplimiento han sido objeto de críticas y también de desafíos, es por esto que actualmente el país sigue trabajando en todo este proceso de implementación y cumplimiento, buscando garantizar la Paz Total en Colombia y la reparación de víctimas, las cuales han sido fuertemente golpeadas por la violencia.
Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta tres leyes de las que anteriormente fueron mencionadas: Ley Justicia y Paz de 2005, Ley Paz Total y Ley de Sometimiento a la Justicia.
Pérez detalló el proceso legislativo de las tres leyes, entre ellas la Ley de Justicia y Paz. Esta ley se aprobó siguiendo los procedimiento normales de una ley ordinaria, lo que implicó cuatro debates en total: dos en la comisión primera del Senado y dos en la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de que el proceso de aprobación tomó aproximadamente dos años, no encontró mayores obstáculos en su camino, especialmente porque en el momento de su aprobación estaba en el poder el gobierno de Álvaro Uribe, que contaba con una mayoría sólida en el Congreso que la aprobó sin dificultades.
Cabe añadir que en 2006 esta Ley paso a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, la cual ajustó las condiciones para acceder a beneficios en la justicia, ya que antes no se condicionaba la entrega de verdad por los beneficios jurídicos.
Por otro lado, Pérez explico que el trámite de la Ley de Paz Total, la cual modificó o prorrogó la ley 418, fue igual a la Ley de Justicia y Paz, ya que pasó por los mismos cuatro debates. Esta Ley de Paz Total se hizo de la misma manera que la 418 de 1997.
Según el asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, la Ley de Sometimiento a la Justicia presenta una similitud con la Ley Justicia y Paz, en cuanto a que busca la reducción de penas a cambio de verdad. No obstante, la Ley de Sometimiento se distingue, según lo que se ha presentado a la opinión pública, por ser más rigurosa respecto a las penas y establecer un mayor énfasis en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas en comparación con la de Justicia y Paz. Cabe destacar que el proceso legislativo para su aprobación será similar al de las otras leyes mencionadas.
Actualmente, esta Ley de Sometimiento aún no se ha presentado ante el Congreso, ya que solo ha sido presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal y se debe esperar el concepto de este Consejo Superior para que de esta manera pueda ser presentada ante el Congreso en sesiones extraordinarias.
De acuerdo con Juan Alejandro Pérez, la intención es que la Ley sea presentada en el Congreso antes del 16 de marzo. Sin embargo, Pérez señaló que el proceso de aprobación de la ley todavía puede ser complicado, especialmente porque no se sabe cómo los partidos políticos como el Liberal y el Conservador se posicionarán al respecto. Además, el Gobierno está interesado en presentar la ley con prontitud, ya que se está acercando el límite de tiempo para que los grupos armados se sometan voluntariamente a la justicia, lo que podría limitar la capacidad del Gobierno para negociar con ellos. Según Pérez, el Gobierno podría estar sintiendo que la "gasolina política" se le agota. A pesar de esto, se espera que la Ley sea aprobada, lo más pronto, durante las sesiones extraordinarias del Congreso.