Por: Laura Cano
Periodista Pares
Este inicio de año ha estado marcado por una ola de violencia que ha tenido como epicentro varias zonas del país y diversas comunidades. Como ya lo hemos venido advirtiendo desde Pares, pueblos indígenas, menores de edad y liderazgos sociales han sido las principales víctimas de diferentes repertorios de violencia, los cuales han sido la herramienta de diferentes grupos armados ilegales para reforzar su dominación. A esto se suma el panorama de atentados contra la Fuerza Pública, el cual se ha vuelto más crítico en esta última semana, poniendo sobre la mesa la efectividad de las acciones que hasta el momento se han tomado respecto a la seguridad en los territorios.
Hay que decir que los ataques contra miembros de la Fuerza Pública, históricamente, han sido de los hechos a los que más recurren los grupos armados ilegales. De hecho, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia, entre 1958 y 2017, 23.086 miembros de la fuerza pública sufrieron afectaciones relacionadas con el conflicto armado en el país. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde distintos sectores para mitigar los hechos violentos, el panorama no ha cambiado mucho, e incluso, lo que ha pasado en este mes, y en estos últimos días, ha sido muestra de ello.
En la tarde de este 29 de enero, el Gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, sufrió un ataque en la vereda Palmeras, del municipio de Montañita, Caquetá. En el hecho fallecieron dos policías y cinco más resultaron heridos. Una de las personas que perdió la vida fue el patrullero William Echeverría, oriundo de Güepsa, Santander, quien tenía 28 años, y llevaba 7 años dentro de esta institución. La otra víctima mortal fue el patrullero Miguel Ángel Bernal Espitia, quien también llevaba 7 años de servicio en la Policía, y en 2017 había sido asignado a una unidad policial antiterrorista.
El día del ataque, junto al gobernador se movilizaron 40 carros y 30 motos del equipo de trabajo del mandatario, incluido el esquema de seguridad, cerca a este equipo fue que un cilindro bomba explotó. Luego de los hechos, desde la Gobernación y el Ministerio de Defensa se atribuyeron los hechos a las disidencias de las FARC, e incluso establecieron recompensas para quien aporte información sobre quiénes serían los responsables principales.
En este territorio convergen diversas estructuras, según la información recolectada por el Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, además del Frente 62, en este departamento también tiene presencia la Compañía Fernando Díaz, el Frente 7, el Frente 16 y 40, todos los anteriores Grupos Armados Posfarc (GAPF).
Por otro lado, en estas últimas horas también se reportaron hechos de violencia en la ciudad de Cali. Al oriente de la ciudad, un artefacto explosivo fue lanzado contra un grupo de policías que se encontraba en el sector de la Autopista Suroriental con Transversal 25, en inmediaciones de Comfandi El Prado. Dos agentes de Policía y un civil resultaron heridos tras el atentado.
Además, también se conoció que el 30 de enero el ELN atacó con un artefacto explosivo a una patrulla de Policía en zona rural de Anorí, Antioquia; siete policías resultaron heridos. Como se mencionaba en El Colombiano, también en el departamento de Antioquia, el pasado 27 de enero se presentó la detonación de un artefacto explosivo, el cual “causó alarma en Remedios, cuando desconocidos arrojaron una granada en la estación de Policía de ese municipio. La explosión, que no dejó personas fallecidas o heridas, provocó afectaciones en la parte trasera de la edificación, en el sector del parqueadero, daños en una camioneta de esa institución y esquirlas que impactaron en otros puntos del lugar”.
Por último, y también durante este fin de semana, una patrulla de tránsito fue atacada con arma de fuego en zona rural de Curumaní, Cesar. En los hechos que se presentaron mientras los uniformados realizaban labores de rutina en la vía que comunica del corregimiento de San Roque al municipio, un policía resultó herido. Hasta el momento se conocen los responsables del ataque, sin embargo, hace algunos días el alcalde Curumaní, Henry Chacón, aseveró que “en la cabecera municipal y en el corregimiento de San Roque aparecieron varias banderas alusivas al ELN que fueron instaladas en diferentes zonas de nuestro municipio”.
Según datos del SIPARES, durante el 2021 se presentaron 63 hechos de ataques contra la Fuerza Pública, siendo Norte de Santander, seguido de Cauca, las zonas donde se concentraron más casos. Asimismo, hay que resaltar que en la mayoría de hechos no se ha identificado el actor responsable. No obstante, el ELN y la Columna Móvil Dagoberto Ramos son los grupos a los cuales más se les ha atribuido casos; 9 y 8, respectivamente.
Fuente: SIPARES.
Todos estos hechos, sumado a los ocurridos en lo que va del mes, que han incluido ataque a la Fuerza Pública como a la sociedad civil, son un llamado para que más se busquen caminos que puedan mitigar la violencia que sigue cobrando la vida de muchas personas.