Por: Katerin Erazo, Periodista
Con 121 votos a favor y uno en contra, el pasado lunes 10 de octubre la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en un cuarto y último debate la ratificación del Acuerdo de Escazú tras tres meses de impedimentos.
La ratificación llegó tres años después de la firma de este acuerdo internacional por el gobierno del expresidente Iván Duque, quien lo firmó en el año 2019. Sin embargo, este no fue ratificado por el pasado Congreso.
Según el artículo ¿Y si se ratifica Escazú?, escrita por Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional para temas ambientales y el primero en el mundo con disposiciones específicas alrededor de la protección de personas defensoras del ambiente y el territorio, lo que quiere decir que este Acuerdo se convierte en una herramienta esencial para la protección de líderes y lideresas sociales.
Este pasará a conciliación en el Congreso de la República para su posterior firma y sanción presidencial y así se convertirá definitivamente en ley, y el país tendrá la obligación constitucional de cumplir este Acuerdo.
Alejandra Cifuentes, coordinadora de Inclusión en Camino Hacia Carbono Neutral, un proyecto liderado por OpEPA y Climate Reality América Latina, le dijo a Pares que la implementación de este Acuerdo permitirá fortalecer la democracia ambiental, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país a nivel internacional con mayor número de conflictos socioambientales.
Según Cifuentes, este Acuerdo contiene 5 ejes trascendentales para la transformación: una política de soporte y aceleradora de la acción climática; un instrumento para generar acciones climáticas adaptadas a los diferentes contextos territoriales; una herramienta que aporta a romper el centralismo en la toma de decisiones; promueve la transparencia de la gestión del cambio climático; y es un Acuerdo que protege los derechos humanos.
Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad y miembro de la alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, le mencionó a Pares que a pesar de que se debe realizar un tramite para que el Acuerdo entre en vigor, no quiere decir que el Gobierno no pueda dar los primeros pasos.
Torres añadió que se creó un comité de cumplimiento al interior de la estructura del Acuerdo de Escazú, conformado por expertos en materia de los derechos de acceso a nivel de América Latina y el Caribe, el cual le daría seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. Es decir, ante cualquier situación en que los ciudadanos y ciudadanas logren comprobar que hay un incumplimiento de este, se podrá acudir a dicho comité para que revise a profundidad cómo el país esta haciendo la gestión en materia de implementación del articulado.
El presidente Gustavo Petro felicitó al Congreso y a la sociedad colombiana por lograr la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Asimismo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró este logro y aseguró que “en 63 días se logró lo que no se había logrado en tres años”.
Las celebraciones no se hicieron esperar, pues organizaciones ambientales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) festejaron esta "victoria para la protección de líderes ambientales, la naturaleza y los territorios".
Según la organización Global Witness, se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente.
Escazú, cuyo nombre técnico es "Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe", lo han ratificado países como Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay y Chile.