Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
La Guajira ha sido uno de los departamentos donde los pueblos indígenas se enfrentan a mayores dificultades a pesar de que constituyen la mayoría de la población en el departamento con un 42,41%. La corrupción política, la migración, los grupos armados ilegales, la falta de oportunidades, el contrabando, la falta de acceso a servicios básicos vitales, la crisis migratoria y el cambio climático constituyen algunas de las dificultades que afronta la población del departamento. Ahora, la situación de los guajiros y de los wayúu se complica aún más debido a la propagación del COVID-19.
Riohacha ha sido escenario de la desesperación producida por el COVID-19. A través de las redes sociales se han mostrado cómo se han presentado desmanes, saqueos y bloqueos. Estos hechos no hacen más que aumentar el riesgo de una tragedia humanitaria, tal y como lo denuncian algunos líderes.
La falta de medidas y planes de contingencia para garantizar el acceso a servicios básicos, alimentos y seguridad a las poblaciones más vulnerables, al igual que las fallas estructurales que han estado presentes por décadas en el país, pueden abrir una puerta a una situación de salud dramática, tal y como lo anunció a través de su cuenta de Twitter, Martha Peralta Epieyú, presidenta del partido político Movimiento Mais.
Alerto un posible exterminio del pueblo Wayúu en esta crisis por el COVID-19. Hago un llamado a líderes de Colombia y al Gobierno Nacional: miren hacia nuestras comunidades indígenas. Se avecina para La Guajira una tragedia. Lo advierto. #LaGuajiraNecesitaAyuda#QuedateEnCasa — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 25, 2020
Una de las poblaciones más vulnerables son los wayúu. Además de enfrentarse a la discriminación y xenofobia simplemente por el hecho de ser indígenas, también viven en condiciones paupérrimas, esperando promesas del Estado que nunca llegan. Ahora más que nunca, esas fallas estructurales muestran la grieta de desigualdad que azota al país, y esto está afectando una vez más a los más vulnerables, así que el exterminio no es algo que sucederá, es algo que ya está ocurriendo.
La Guajira necesita ayuda
Además de esta comunidad indígena, toda la población de la Guajira se encuentra en riesgo. Según Mauricio Cárdenas Estupiñán, master en ciencias económicas de la Universidad Nacional, el 55,5% de la población vive en área rural y 44,5% vive en las cabeceras municipales, en los hogares indígenas el promedio de individuos por vivienda es de 4.8, y en los no-indígenas es de 4.3, a nivel nacional es de 3.7 por hogar.
En cuanto al tipo de hogar, el 73,8% de la población indígena vive en rancherías, 25,2% de esta vive en casas, sin embargo, solo el 21,1% de la población indígena tiene acceso al servicio de acueducto, 11,8% al alcantarillado y 13,2% a recolección de basuras.
Según el informe de pobreza económica del Dane durante el 2017 este porcentaje en La Guajira era de 52,5%, y la pobreza extrema se encontraba en 7,4%, sin embargo este índice no abarca otras necesidades básicas, ya que es la pobreza multidimensional, este índice tiene en cuenta por ejemplo la seguridad alimentaria, es decir el acceso a los alimentos, al igual que el acceso a los servicios básicos vitales.
Según el Dane los municipios con índices de pobreza multidimensional más graves son Hatonuevo(5,5%), Riohacha(7,5%), Dibulla(8,7%), Uribia(27,0%), Maicao (8,7%) y Manaure(20,0%)2, estos porcentajes reflejan la población que se encuentra por encima del 80% dentro del índice de pobreza multidimensional.
Sin embargo, el último reporte oficial del Dane con datos duros del índice de pobreza multidimensional se remonta al 2014, donde el porcentaje se encontraba en 53,3%, es problemático que las cifras presentadas por el Dane no se encuentren actualizadas y que no tomen en cuenta el creciente número de migraciones que se han presentado en la región. El reporte de desarrollo sostenible del Pnud, indica que durante el 2018 ingresaron 138.370 migrantes venezolanos, de los cuales 85.110 eran migrantes regulares y 53.260 migrantes irregulares.
Comunidades vulnerables
Estas cifras muestran la falta de acceso a servicios básicos vitales, al igual que a la seguridad alimentaria, esto puede ser catastrófico durante la crisis del COVID-19, ya que la falta de acceso a lo más básico obliga a los individuos y a sus comunidades a buscar alternativas generando así un mayor riesgo de contagio.
Por otra parte, la situación de la infraestructura hospitalaria y afiliaciones al sistema de salud, demuestra que si el virus se propaga rápidamente el sistema de salud afrontará graves problemas. Según el informe de Pnud hay una cobertura de salud del 84% en la Guajira, con un total de 853.828 afiliaciones, sin embargo la población es de 1.067.063 habitantes.
En ese sentido, preocupa que solamente hay 155 IPS habilitadas, dentro de las cuales 113 son privadas y 42 son públicas, otra cifra preocupante es la capacidad hospitalaria, ya que solamente hay 29,33 camas por cada 1.000 habitantes.
En caso de una emergencia sanitaria además de la falta de infraestructura se debe tener en cuenta la dificultad de muchos individuos y familiar para lograr acceder al sistema, sobre todo cuando se habita en una zona árida, donde las distancias se duplican bajo el calor y la capacidad económica no permite abastecerse y mucho menos tener acceso a las mejores condiciones de cuidado, esta emergencia requiere de acciones drásticas por parte del gobierno para brindar apoyo al departamento de la Guajira.
¿Qué ha sucedido en los últimos años en la Guajira?
En los últimos cinco años han fallecido alrededor de 5.000 niños en La Guajira, debido a desnutrición crónica la cual afecta al 27.9% de niños y niñas menores de 5 años. Al ser un departamento abandonado por el gobierno suceden historias insólitas que no salen a la luz o se olvidan fácilmente.
Dicho olvido también facilita la intromisión de las empresas inescrupulosas en el departamento, ¿Cómo olvidar el caso de la famosa bebida milagrosa kufu? Postobón decidió que sería muy fácil repartir gaseosas gratis a 3.130 niños en la Guajira durante Julio y Diciembre del 2017,antes de repartir este producto tomaban el peso, talla y muestras de sangre de los niños, es decir; tomaron una muestra, observaron una población determinada, y midieron los resultados obtenidos con el producto.
Otro pequeño detalle, la bebida no había sido certificada por las entidades necesarias. Tanto el Ministerio de Salud como Supersalud pidieron explicaciones a la empresa que se resguardó bajo la excusa de “responsabilidad social empresarial”, ya que el experimento que realizaron no estaba supervisado por un comité ético, hasta el día de hoy postobón sigue operando con normalidad y los niños se quedaron si Kufu, sin justicia, sin comida y sin agua. Esta investigación fue realizada por el portal periodístico La Liga Contra el Silencio.
Un departamento saqueado
La falta de agua es una de las mayores problemáticas en el departamento. Presidencia anunció mediante un comunicado el proyecto “Guajira azul” para llevar a cabo en el periodo 2018-2022, con esto el gobierno prometió llevar agua a los sitios más recónditos y con escasez de este líquido vital, en diciembre del 2019 anunciaron que lograron completar 10 proyectos de agua potable y saneamiento básico.
Sin embargo, según una investigación realizada por el diario El Tiempo, la Defensoría del Pueblo revisó las instalaciones de Corpoguajira y encontró que 36 desalinizadores no estaban funcionando. El hallazgo también revela que en la última revisión de mantenimiento se realizó en el 2016, y los carrotanques llegan cada apenas cada cuatro meses.
Las obras que son anunciadas por dirigentes políticos, muchas veces se convierten en elefantes blancos. Un ejemplo es el proyecto El Cercado. Según el periódico digital de la Universidad Nacional UNnoticias, esta represa construida en el Río Ranchería, pensada para abastecer a los municipios de San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Uribia, Distracción y Albania. C
Cuando los Arhuacos, Koguis, Kankuamos y Wiwas se enteraron de la obra, inmediatamente se opusieron, ya que el agua es la sangre del río, y su obstrucción acabaría con su vitalidad. A pesar de los reclamos de las comunidades indígenas las obras comenzaron en el 2006, donde la Unión temporal de la Guajira (UTG) presuntamente no cumplió las recomendaciones ambientales, causando así la muerte de más de 3.000 peces, al igual que la contaminación del agua debido al hierro de las estructuras, además del uso de productos químicos.
La obra finalizó en el 2010. Durante esta época se produjo el fenómeno de La Niña, el cual ocasionó que el embalse se llenará en cuatro meses y no en el plazo previsto el cual era de dos años; esto generó inundaciones e impactos económicos y ambientales a las poblaciones aledañas, además de secar el caudal del río. Como si esto no fuera poco, en el 2018 la Contraloría General declaró un detrimento patrimonial de 637.369 millones de pesos a raíz de que el Gobierno Nacional declarara que no contaba con recursos.
Estos son algunas de las tragedias que vive el departamento. Fallas estructurales han evidenciado la debilidad y desinterés por parte del Gobierno y los mandatarios locales. Sin embargo, en estos momentos se debe hacer un esfuerzo por la población guajira y wayúu. No se puede permitir que el exterminio continúe y ahora de manera radical frente a un enemigo invisible como lo es el COVID-19.Aunque el Gobierno y los dirigentes locales olviden su labor en La Guajira, no significa que sea un pueblo invisible. #LaGuajiraNecesitaAyuda