Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El vaivén producido por el proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Soto Norte de la empresa Minesa en el Páramo de Santurbán continúa. Esta vez tras conocerse que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán interpondrá hoy una acción popular en contra del Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Minesa, solicitando, principalmente, que se suspenda definitivamente la explotación minera que pretende hacer la empresa árabe en inmediaciones del complejo natural.
La demanda será interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander bajo el argumento que este proyecto amenaza el derecho al agua y a un ambiente sano, además, se afirma, como se ha hecho reiterativamente, que se pone en riesgo la vida de 2.5 millones de colombianos al amenazar las aguas subterráneas y superficiales de este ecosistema. Adicionalmente, se alerta que esta explotación liberará tóxicos como el uranio, arsénico y pirita, que, como se asegura desde el Comité, pueden ser más peligrosos que el cianuro y el mercurio.
Hay que mencionar que esta acción llega tras una serie de hechos en los que no se baja la guardia para que se suspenda este proyecto que ha tenido a la comunidad en una constante defensa del complejo natural, y que aún con varias iniciativas adelantadas no se ha logrado que finalmente el Gobierno respete lo que dijo en campaña sobre el interés -que en ese momento parecía evidente- por la protección de los páramos.
Una comunidad en defensa del páramo
Así, los más recientes hechos que rodean esta acción que será hoy puesta son: por una parte, lo solicitado por la Procuraduría General de la Nación para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y al Ministerio de Ambiente activen un consejo consultivo para el proyecto.
Además, se pidió un reporte de la planificación dispuesta para activar esta instancia en desarrollo del trámite del licenciamiento del proyecto minero, y recordó la importancia de hacer una evaluación técnica diligente que contemple “las conexiones funcionales de las áreas de especial valor ambiental”.
Asimismo, se enfatizó en la necesidad de invitar a las sesiones del consejo técnico a académicos, expertos y organizaciones nacionales e independientes, “cuyo perfil debe responder a la especialidad del tema para así someter a consideración de estos actores especializados las diversas materias del proyecto”.
Adicionalmente, el pasado 11 de agosto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que pareciera que desde Minesa creen que la comunidad y el gobierno local no son capaces “de entender que efectivamente hay conexión y daño real. Yo creo que hay que repensar ese tipo de planteamientos”.
Igualmente, el 24 de julio el mandatario junto al Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana, presentaron un primer informe con observaciones del Estudio de Impacto Ambiental de Minesa, en el que, entre otras cosas, se exponía que existe una conexión entre las aguas afectadas por el proyecto minero y las que abastecen a Bucaramanga a través del río Suratá. A esto se agregó que se halló que los impactos negativos del proyecto superaban los favorables, pues de los 32 impactos que según el estudio generaría la actividad extractiva de Minesa, 26 son negativos, es decir, el 81% del total.
Además, haciendo mención a los impactos socioeconómicos se indicó que el 46% de éstos también son negativos, incluso cuando uno de los alegatos que han dado quienes se beneficiarían con este proyecto, es que a Santander le llegarían en promedio 16.000 millones de pesos anuales en regalías.
¿Qué dicen las autoridades?
Por otra parte, el 06 de agosto en el Congreso de la República se realizó un debate de control político sobre el proyecto, el cual estuvo antecedido por la intervención del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y la viceministra de Minas, Carolina Rojas, quienes aseguraron que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares”, y, además, como lo expuso el ministro, que con la explotación minera «no habrá ninguna afectación a las fuentes de agua”.
De esto han salido varios llamados, pues se rechaza el aval y los discursos institucionales para dar vía al proyecto, pero, adicionalmente, se menciona desde el Comité que al ministro de Minas no le corresponde decir qué afectaciones tiene esta extracción minera, pues esta tarea le corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Adicionalmente, Minesa ha asegurado que “el proyecto está a 2.600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y desciende hasta los 2.200 m.s.n.m., fuera del área protegida del páramo de Santurbán, que según la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente, está entre los 3.100 y 2.800 m.s.n.m”, no obstante, y como parte de la acción que se interpondrá el día de hoy, también se indica desde el Comité que cualquier intervención al subpáramo y/o al bosque altoandino afecta a los ecosistemas se conectan con el páramo.
Con esto, es necesario nombrar que durante el gobierno Santos se delimitó Santurbán mediante Resolución 2090 de 2014, – un año antes que se empezara a impulsar el proyecto de la empresa Minesa -, no obstante, esta no atendió a una verdadera protección del recurso natural, por lo que más adelante saldría la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, la cual exige al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación.
Con todo esto y con un proyecto que al parecer si fuera por el Gobierno Nacional no tendría marcha atrás, se espera que la acción popular, además de frenar este proyecto, también ponga sobre la mesa el debate sobre los precedentes que traerían dar vía libre para la minería en el Santurbán o en cualquiera de los 36 páramos del país.
Hoy, el llamado con la denuncia es a que se frene el proyecto que solo en la etapa de exploración ha generado pérdida de vegetación y la desaparición de 4 quebradas afluentes del río Suratá. Además, a que el Anla no le otorgue la licencia ambiental a Minesa y a que a través de la nueva delimitación en la que se avanza si se protejan los ecosistemas y a la comunidad que habita en el páramo y en sus zonas aledañas.