Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Recientemente la Autoridad Tradicional de Pueblo Rico, Risaralda, denunció que el pasado 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia.
El hecho fue rechazado por muchos sectores, incluso, pocas horas después de conocerse lo ocurrido desde el Gobierno Nacional se le ordenó al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que se trasladara hasta el lugar de los hechos para que estableciera diálogo con el gobernador del cabildo, Juan de Dios Queragama. Además, desde la dirección del ICBF se decidió activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor.
Adicionalmente, en la tarde de este jueves la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años a los 7 militares, quienes se declararon culpables; seis en calidad de autoría, mientras que uno de ellos por complicidad. Por otro lado, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se ha exigido que las acciones legales sean coordinadas con las autoridades tradicionales e instaron para que los victimarios sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria.
Sin embargo, hoy en el caso también llama la atención porqué el delito fue tipificado como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cuando los testimonios han indicado (además de lo explicito de los hechos) que en efecto hubo violencia ejercida por los siete militares que participaron como autores materiales y cómplices.
Vale la pena señalar que según lo planteado en la Ley 599 de 2000 (Código Penal) el acceso carnal abusivo con menor de 14 años es categorizado de tal manera cuando se accede sexualmente a una persona de dicha edad o menor, aun con consentimiento. Mientras que el acceso carnal violento está tipificado de tal forma cuando se comete cualquier tipo de penetración habiendo sometimiento de la víctima a través de la violencia. Aunque la Ley dicta que en ambos delitos se incurre en penas de 12 a 20 años, vale la pena mencionar que las connotaciones en este caso recaen directamente sobre la víctima, evadiendo la responsabilidad total y violenta en la que incurrieron los victimarios.
Sin dejar de nombrar los agravantes que también se deberían evaluar como, por ejemplo, la posición o cargo que da particular autoridad sobre la víctima y que adicional impulsaría a depositar en él (ellos) su confianza. Además, se especifica también como agravante cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Así, vale la pena preguntarse ¿hacia dónde va el discurso de indignación institucional si con un juego de palabras pareciese que pretenden evadir la gravedad de lo cometido por el Ejército?
El cuerpo de las mujeres: un botín de guerra
“Mi hermanita el domingo por la tarde se fue a traer unas guayabas para hacer jugo. Desapareció como a las 5 de la tarde. Comenzamos a buscarla. Quedó desaparecida toda la noche, hasta las 10 de la mañana la encontramos en un potrero llorando”, relato de Felicinda, hermana de la menor.
Pensar en el cuerpo como una representación simbólica de la historia, de los contextos, lleva per se entender que sobre estos atraviesan categorías de género, raza, clase, sexualidad, edad, etnia, discapacidad, entre otras, que causan que estos social y políticamente tengan un tratamiento diferente, incluso muchos siendo valorados como lugares de apropiación para materializar los ejercicios de poder.
Bajo esto, los cuerpos se han venido también entendido como territorios de disputa, incluso en medio del conflicto armado las acciones que causaron afectaciones directas contra estos se convirtieron en unas de las prácticas más violentas y degradantes contra las mujeres, particularmente, para impartir miedo y establecer dominio por los actores armados.
“Toda forma de violencia sexual en el conflicto armado emite un mensaje político, un mensaje de poder que repercute de manera negativa en la subjetividad y en la vida de las víctimas. La violencia sexual ha sido empleada de diferentes formas, por ejemplo, ha sido usada para escarmentar a las mujeres estigmatizadas de guerrilleras o auxiliares de las guerrillas con el fin de eliminar y castigar cualquier rastro del enemigo en los territorios disputados. Ha sido empleada en zonas de disputa con el objetivo de aterrorizar a la población, desplazarla de manera forzosa y despojarla de sus tierras, usualmente en el marco de masacres y desapariciones forzadas”, La guerra inscrita en el cuerpo (2017). CNMH.
Con esto vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte del 20 de septiembre de 2017 y en el marco del conflicto armado, se registraron, al menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de este total el 91,6% son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, sobre estos hechos se identificó que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32,2%), las guerrillas de 4.722 (31,5%), los Agentes del Estado de 206, los GAPD de 950, además de los más de 15 mil hechos en 3.973 no se han establecido los responsables.
Así, con la perpetración del conflicto armado, también hay una vía libre para que los abusos sexuales sigan cometiéndose en contextos donde en medio de la guerra los únicos actores que los permiten o no son los armados. Hoy, de nuevo, como en los últimos días, las violencias contra las mujeres son noticias, demostrando que Colombia además de estar atravesada por las dinámicas propias de un conflicto de más de 50 años, también ha estado sometida a las practicas más violentas de la estructura patriarcal.
Estos dos escenarios no se deben separar de un análisis, así como el entender que el abuso contra la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio también obedece a una doctrina de dominación sobre los pueblos indígenas que ha persistido desde la colonización, y que ahora se traslada a un ejercicio de abuso contra ella, su dignidad, y también contra su territorio.
“Las mujeres indígenas han sido víctimas de múltiples formas de violencias de género que atraviesan su experiencia de vida desde la primera infancia. (…) La situación se agudiza aún más por la disputa territorial existente sobre resguardos y territorios ancestrales. Es importante señalar, como lo han hecho algunas organizaciones sociales, la incidencia importante de violencia sobre mujeres, adolescentes y niñas en la que miembros del Ejército han sido los principales victimarios, en particular en zonas de militarización, bien sea por ser epicentro de operaciones militares o por estar aledañas a bases militares”.
El Ejército otra vez
Resaltaba en uno de los tweets de Iván Duque que: “No toleraremos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan el honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira”. Con esto y la mención a las Fuerzas Militares es necesario traer a este contexto que este no es un caso nuevo en las acusaciones que históricamente han implicado a militares.
Hace tan solo unos meses Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó que se habían encontrado tres casos de violencia sexual en la que estarían implicados miembros del Ejército. Estos hechos ocurrieron en Arauca, Guaviare y Meta. Adicionalmente, en febrero de este año cinco militares denunciaron que entre 2014 y 2015 Álvaro Junior Howard había realizado tocamientos no consentidos contra ellos.
En septiembre de 2019 Maritza Soto relató el acoso laboral y sexual del que había sido víctima por parte tres miembros de la Institución; su superior, un coronel y un comandante de una Fuerza de Despliegue Rápido. A esto se sumaron cuatro denuncias contra José Zabala, también por las mismas clases de violencia.
En junio de 2019 se informó que en enero de 2006 el militar Nicacio Martínez Espinel agredió física y sexualmente de Irene López y Ligia Cambar Ramírez. En 2018 se conoció que en 2010 el militar Raúl Muñoz, que paga una condena de 60 años, abusó sexualmente de una menor en Tame, Arauca. En este mismo municipio en 2019 una mujer en condición de discapacidad fue agredida sexualmente por un miembro de la Institución.
En 2017 un soldado denunció al sargento Dixon Velásquez por abuso sexual, además alertó que fue sobornado para que guardara silencio. En ese mismo año en Fuente Oro, Meta, una menor de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. En 2007 un joven que prestaba su servicio militar acusó a cuatro de sus compañeros también por abuso sexual.
Ahora a estos casos se suma el de la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, un hecho que también se agrega a los casi 20.000 procesos activos que lleva la Fiscalía por delito sexual contra menores. Se suma a los 6.400 casos de presunto delito sexual ocurridos en lo corrido del año, según lo informado por Medicina Legal. Y se espera que no se agregue al 97% de impunidad que actualmente tienen los actos violentos contra niñas y niños, conocido a partir de lo informado por la Alianza por la Niñez Colombiana.
Hoy la consigna de la lucha por habitar lugares seguros toma más fuerza, porque justo como lo enfatiza el informe La guerra inscrita en el cuerpo “la violencia sexual se ha convertido en una amenaza hacia las mujeres y su movilidad. Esto trae como consecuencia nuevas formas de territorializar su espacio: se evitan unos lugares, se transita solo a algunas horas y se toma una serie de acciones que limitan notablemente las relaciones entre las mujeres y su entorno. Los sustos o nervios de las mujeres hacen que sus territorios ya no les representen la seguridad de otrora, o que incluso se sientan extrañas en el mismo”.