Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
16 años son 832 semanas y 6,209 días. Es el tiempo que ha trascurrido desde la denominada ‘Operación Orión’ y, también, el tiempo en el que la comunidad ha adelantado procesos para hacerle el quite a la violencia.
La mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas.
Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos.
Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—.
Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP.
Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó.
Hoy por Hoy
En Medellín, según una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, cerca del 70% de la ciudad paga extorsión bajo el nombre de ‘servicio privado de seguridad’. La situación transcurre impunemente a sabiendas de las autoridades.
Las extorsiones van desde los sectores más pobres, que pagan semanalmente 2.000 pesos, hasta los comerciantes, que alcanzan a pagar entre 100.000 y 200.000 pesos de cuota. Estos ‘combos’ operan en la administración de la seguridad, cuidan de robos e intimidan a habitantes de las zonas. Hay control de entradas y salidas de barrios. A su vez, según la investigación, los ‘combos’ perpetran desalojo y desplazamiento a propietarios para, posteriormente, arrendar los predios.
En materia de cifras, Medellín ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de víctimas del conflicto armado. El 23% de su población es víctima, aproximadamente 575.000 personas. Además, según el CNMH, desde el 2002 en la ciudad se han presentado 202 acciones bélicas, 4.193 asesinatos selectivos, 1.634 personas desaparecidas y 112 personas reclutadas.
Además, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en Medellín el asesinato de personas ha aumentado de 2017 a 2018, teniendo como referencia lo que va corrido del año, pues superó las 400 muertes violentas. El SISC indica que más de la mitad —227— estarían asociadas a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Sin embargo, la tasa de homicidios en Medellín ha venido reduciendo significativamente desde el año 2009. Hace dos años (2016), justamente, se registró la tasa más baja de los últimos 41 años: 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Este año, según la Defensoría del Pueblo, en la Comuna 13 el desplazamiento forzado ha aumentado. Hasta el momento, se cuentan alrededor de 411 familias desplazadas. La presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Metropolitana son constantes.
Instancias de Justicia:
Ante este panorama, las víctimas siguen buscando respuestas. Después de 16 años del suceso, el general en retiro Mario Montoya entregó a la JEP su versión por los presuntos vínculos que tiene con más de cien ejecuciones extrajudiciales, respondiendo a la citación que le había hecho el tribunal.
El primer día que Montoya fue a la JEP, las víctimas hicieron un plantón para exigirle que diga la verdad sobre lo ocurrido en los casos de los llamados ‘falsos positivos’ y sus vínculos con los paramilitares, pues su nombre también aparece en los expedientes por la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó (2005) y la operación Orión (2002).
Por otro lado, el exlíder paramilitar, alias ‘Don Berna’ aseguró que la Operación se realizó en consonancia con miembros de la fuerza pública. Además, uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Juan Carlos Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, afirmó que se realizaron convenios entre ese bloque paramilitar y la fuerza pública.
Iniciativas de la comunidad
Hace un año el colectivo Agroarte —que trabaja los temas de memoria, arte y agricultura—, en apoyo con el CNMH y ACDI VOCA, le apuesta a la construcción de tejido social generando murales y siembras en alusión a las vivencias y la resistencia frente a las manifestaciones urbanas de violencia.
Específicamente el proceso de construcción de memoria ocurre en el Cementerio de La América, ubicado la Comuna 13. La importancia de este proyecto es que vincula a niñas, mujeres, jóvenes y adultos. Generando así una propuesta para mitigar las variables de vulnerabilidad de la población de la Comuna.
El lenguaje de Agroarte es la música hip hop, la literatura, la cuentería y la agricultura para resignificar el entorno alejado de la violencia. Esta apuesta busca articular un modelo de reparación simbólica para las víctimas de la violencia, como lo indican los testimonios de una lideresa y dos líderes comunales a El diario de la Educación.
En palabras Wilmar Botina, uno de los líderes del proyecto, “nuestro discurso es desde la calle, pero también somos formadores y formadoras”. Aka, líder comunal licenciado en Arte, se refiere a Agroarte como “un proceso de resistencia por todo lo que pasó acá en la 13 y con la Operación Orión y los desaparecidos de La Escombrera. Es un proceso pedagógico y de aprendizaje que forma parte de la historia colombiana y que se vehicula a través del trabajo de catarsis y donde la tierra te ayuda a procesar tus dolores”.
Según la cartilla de Agroarte, la idea surge para “adueñarnos de nuestra memoria como un acto de dignidad que transforma el miedo en exigencias, conquistando así un porvenir como un homenaje a los ausentes (las víctimas). Hablamos de reapropiarnos del entorno cotidiano con formación para niños y niñas, con liderazgo y saberes femeninos”. Esto va en dirección a la postura de Margoth “mamá rapera” que, en este proceso, están construyendo una gran familia que le apuesta a la paz de una manera muy distinta a la paz de los políticos.
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