El Gobierno ha establecido una línea roja para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que prohíbe cualquier tipo de retención durante el periodo de cese al fuego. Esta condición fue acordada por ambas partes y establece que secuestrar a miembros de las Fuerzas Armadas o a civiles será considerado una violación a los acuerdos. A pesar de que la liberación de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos se llevó a cabo antes del inicio del cese al fuego, esta nueva exigencia demuestra la incomodidad que generó el secuestro y la necesidad de establecer precedentes para proteger las negociaciones.

Además de la prohibición de secuestros, los Protocolos de Acciones Específicas establecen que tanto el Ejército como el ELN deben cumplir los convenios de Ginebra, los cuales prohíben el homicidio, la toma de rehenes, las violaciones, los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores, entre otros. A pesar de estas medidas, el ELN se atribuyó un atentado con explosivos en una estación de Policía de Bucaramanga y otros 30 ataques en diferentes partes del país. Estos actos demuestran que el grupo armado llevó a cabo acciones violentas antes de que comenzara el cese al fuego.

A pesar de estos desafíos, se espera que ambas delegaciones avancen más allá de la etapa "pedagógica" y comiencen el cese bilateral con los mecanismos de verificación a partir del 3 de agosto.