Organizaciones de derechos humanos han dirigido una carta al presidente Gustavo Petro, instando al Gobierno Nacional a convocar urgentemente una sesión de la Comisión de Garantías de Seguridad en Antioquia. La región ha sido sacudida por una creciente ola de violencia que ha cobrado la vida de 17 defensores y líderes sociales desde el 7 de agosto pasado. Por tanto, se solicita una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el departamento, con la participación de la fuerza pública, los organismos de control y el alto Gobierno, para tomar medidas efectivas y contundentes.

El decreto ley 154 establece la responsabilidad de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para implementar medidas urgentes y eficaces destinadas a proteger la vida y la integridad física de los defensores de derechos humanos en el país. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la persistencia de la violencia en los territorios y los factores de riesgo, así como por la falta de respuesta y la impunidad por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.