Una comisión especial de la Procuraduría General de la Nación se trasladó a Quibdó para evaluar la respuesta de las autoridades frente a la crisis humanitaria en el sur de Chocó causada por el paro armado del ELN. Representantes de las comunidades afro e indígenas afectadas en los municipios de Sipí, Novita e Istmina denunciaron que más de 25 mil personas están enfrentando una situación crítica, sin acceso a alimentos, salud ni educación. Las comunidades resaltaron la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante la crisis, agravada también por un paro armado por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La comisión de la Procuraduría está evaluando acciones inmediatas junto con entidades del Gobierno y administraciones municipales para abordar la crisis y brindar apoyo a las regiones afectadas.

El alcalde de Sipí, Juan Rivas, informó que aunque el paro armado del ELN ha sido levantado, los combates entre esta guerrilla y el clan del Golfo continúan en el municipio, lo que genera miedo y dificulta la recuperación de la comunidad. El paro armado ha provocado el desplazamiento de personas, el cierre de escuelas y negocios, así como la escasez de alimentos y medicinas. El alcalde instó al Gobierno a tomar medidas más contundentes para ayudar a Sipí a superar la situación, incluyendo el envío de más tropas para detener los combates y facilitar el regreso de los desplazados a sus hogares.