Por: Ariel Ávila Martínez Las diferentes encuestas sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, al menos permiten ver tres situaciones. En primer lugar, ninguno de los candidatos supera el 30%, y esto se presenta a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, un fenómeno atípico si se compara con las últimas elecciones. En segundo lugar, el voto en blanco y la abstención esta vez parecen ser una opción para una buena cantidad de colombianos. Por último, cada vez es más claro que habrá segunda vuelta presidencial. El análisis regional de los resultados de intención de voto y por estrato económico es aún más llamativo. El candidato y actual presidente Santos ganarían con cierta comodidad únicamente en la Costa Atlántica, en el centro del país el ganador sería la abstención electoral, a su vez la Alianza Verde y el Centro Democrático tendrían una votación importante en el centro del país. Así las cosas, el presidente Santos podrá ganar en primera vuelta, pero deberá ir a una segunda, donde el riesgo de la derrota aumenta. En todo caso, la posibilidad de una alta abstención electoral, el voto en blanco e incluso el voto nulo son una manifestación, por un lado de una crisis de liderazgo político en el país, básicamente la población no percibe una capacidad de guiar al país por parte de ninguno de los actuales candidatos. Por otro lado, la sociedad está demandando una serie de cambios y no ve a nadie con la capacidad de liderarlos, es decir, existe una diferencia entre el discurso de los candidatos y las demandas de la población. Por último, el debate en las campañas es bastante pobre, apenas si se discuten temas nacionales, el principal tema ha sido el de justicia transicional en el marco del proceso de paz.

Foto Prensa Juan Manuel Santos Luego de que la Fundación Paz y Reconciliación  y el equipo de Forjando Futuros presentara el informe Gota a gota, que reveló pobres cifras en la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, el presidente Juan Manuel Santos anunció la presentación de un proyecto de Ley para agilizar y simplificar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del despojo y el abandono forzado. Con esto se busca que  cuando no haya oposición a los reclamos de restitución, este paso se pueda dar por la vía administrativa y no por la judicial, es decir, a través de los jueces agrarios. El estudio de la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuros arrojó que desde el 2011, cuando se sancionó la Ley, a marzo del 2013 solo se ha restituido por los jueces de tierras el 1,7 por ciento de las solicitudes de las víctimas. Y más preocupante aun que el 40 por ciento de las hectáreas restituidas fueron a  parar a manos de  una sola familia. El mandatario hizo este anuncio durante un encuentro con las víctimas del conflicto armado, quienes se unieron a su campaña presidencial. Santos se comprometió también a mejorar la atención que se les ofrece en las entidades públicas. Asimismo, el presidente candidato, encargó al representante Guillermo Rivera, al ser uno de los ponentes de la Ley 1448, para que redactara las modificaciones y sea presentado al legislativo lo más pronto posible. Santos afirmó: “esa Ley en cierta forma lo que hace es iniciar ese proceso de reconciliación. Las víctimas lo único que quieren, en el fondo, es un reconocimiento. Algunas quieren, por supuesto, reparación. Y es totalmente legítimo que exijan una reparación. Otras simplemente quieren que se conozca la verdad y otras que simplemente las reconozcan como víctimas. Hay, digamos, diversos tipos de víctimas”. De esta forma el Gobierno Nacional, se pone frente a un tema que merece toda la atención, luego de las críticas que recibió por parte de sectores políticos que calificaron como ‘pobre’ el trabajo adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras.

¿Cumplieron o no cumplieron las FARC el cese de hostilidades que anunciaron hace un mes y que llegó a su término este miércoles? Aunque difieren en los datos, tres organizaciones distintas sostienen que sí lo hicieron. Y los guerrilleros, desde La Habana, también. “Cumplimiento cabal” fue el parte oficial que dieron desde Cuba los delegados de las FARC sobre el cese al fuego que esa guerrilla decretó entre el pasado 15 de diciembre y este miércoles 15 de enero. Esta es la segunda suspensión de sus acciones que decreta unilateralmente la guerrilla en el marco de las negociaciones con el Gobierno. La anterior tuvo lugar entre el 20 de noviembre del 2012 y el 20 de enero del 2013. Las FARC, que han venido insistiendo en un cese bilateral de hostilidades, aprovecharon el fin de su tregua unilateral para criticar los bombardeos y otras acciones que las Fuerzas Militares continuaron adelantando, en cumplimiento de la orden presidencial de no aflojar la presión militar mientras se negocia. La política del Gobierno ha sido no pactar ceses de hostilidades parciales, sino avanzar en la negociación del fin del conflicto armado. En todo caso, aun en medio de la ofensiva oficial, quienes siguieron este mes de tregua coincidieron en que las violaciones al mismo por parte de la guerrilla fueron contadas. El Centro de Recursos de Análisis del Conflicto (CERAC), que hizo monitoreos semanales, contó un total de 12 acciones violatorias. La ONG Fundación Paz y Reconciliación, que lidera León Valencia, columnista de SEMANA, detalló cuatro. Y la Defensoría del Pueblo habló de siete acciones contra los militares y la población civil durante el mes de tregua. La organización que registró un mayor número de infracciones al cese al fuego fue el CERAC, con 12. Aunque su balance es el más matizado, asevera que el mes de tregua demuestra la cohesión interna de las FARC. Habla de “limitaciones de la comandancia de las FARC para controlar el comportamiento de todos sus frentes y columnas”, pero concluye que no hay divisiones “que ponga en peligro la cohesión del grupo” y que “si hay disidencias, son marginales”. Su director, Jorge Restrepo, fue más categórico: “La gran noticia de la tregua es que por segunda vez las FARC demuestran que tienen una capacidad casi completa de reducir a sus frentes”, dijo en entrevista con Semana.com. La Fundación Paz y Reconciliación, por su parte, sostiene que, mientras a lo largo del 2013 se presentaron en promedio 182 acciones militares mensuales que involucran a las FARC y a las fuerzas oficiales, en el mes de tregua tuvieron lugar sólo 20, y de estas apenas cuatro serían violatorias de la misma. Lo cual, a juicio de esta ONG, desmiente los argumentos de quienes han venido sosteniendo que las FARC no controlan a sus frentes. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, por su parte, registró tres rupturas de las hostilidades en contra de la fuerza pública y cuatro casos en los que acciones de las FARC afectaron a civiles, tres de los cuales produjeron desplazamientos forzosos. En cualquier caso, y más allá de las diferencias en las evaluaciones, parece claro que el conjunto de las FARC respetó el cese de fuego unilateral, que fue observado por todos sus frentes y bloques. Algunos, como el 36 y el 18, en Antioquia, el 57 en Chocó y el 16 en Vichada, muestran que le ‘copian’ menos a la dirección que el resto de formaciones. Pero es elocuente que otros, como el Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero, que ciertos críticos dicen que estarían en ‘disidencia’, hayan observado este cese de fuego, al igual que el decretado en el 2012. Más allá de otros hechos que les han atribuido algunos, como el expresidente Uribe, si de algo es reveladora esta tregua unilateral es de la cohesión de las FARC. Aunque probablemente hay divergencias en su seno, todo indica que, hasta ahora, el Secretariado mantiene el control del conjunto de la organización. Una constatación de crucial importancia en medio de unas negociaciones de paz como las que se adelantan en La Habana. Nota publicada en semana.com

Foto de Ecopolítica.net La discusión sobre los ganadores y perdedores de la jornada electoral está a la orden del día. Aunque el presidente Santos mantiene una cómoda mayoría, parece que el Partido Conservador se convertirá en una fuerza de chantaje en los próximos cuatro años mientras que el expresidente Álvaro Uribe logró 19 senadores. En todo caso, una de las preguntas esenciales era determinar qué candidatos cuestionados lograron un cupo al Congreso de la República. La Fundación Paz y Reconciliación había realizado una investigación sobre candidatos criminalizados y en total se encontraron 131,  de los cuales 48 iban a Senado y 83 a las diferentes Cámaras de representantes. Los 131 candidatos eran cuestionados por heredar estructuras de la parapolítica o por tener vínculos directos con organizaciones criminales. De los primeros, había un total de 97 candidatos, de los segundos 34. Luego de conocerse los resultados, podría decirse que son desoladores. De los 48 candidatos cuestionados a Senado, 33 obtuvieron curules, varios de ellos con votaciones bastante importantes.  Por ejemplo, Andrés Felipe García Zuccardi, hijo de Juan José García condenado por peculado por apropiación e hijo de Piedad Zuccardi llamada a juicio por relaciones con grupos paramilitares, logró más de 50.000 votos en el partido de La U. Su tía Teresita García también fue electa y es heredera de los votos de su hermano Álvaro García condenado a 40 años de presión por la masacre de Macayepo. También, Mauricio Aguilar hijo del parapolítico Hugo Aguilar logró una de las mayores votaciones. A Cámara de Representantes, de los 83 candidatos criminalizados, 36 lograron una curul. Por ejemplo, Antenor Durán, heredero de la estructura criminal de Kiko Gómez, se hizo al control de una de las cámaras en el departamento de La Guajira. Igualmente en Sucre la mayor votación fue para el partido Cien por ciento Colombia, del cuestionado político Yair Acuña, quien se hizo al control de dos de las tres cámaras del departamento. Tres razones podrían explicar este triunfo de la parapolítica. Por un lado, una feria de dineros en la compra y venta de líderes sociales en las diferentes regiones del país. Hubo campañas que estuvieron por encima de los 3.000 millones de pesos, como la de Bernardo Elías Vidal o José Alfredo Gnneco. En segundo lugar, gran parte de estos candidatos contaban con el apoyo de alcaldes y gobernadores y los votos prácticamente estaban amarrados  a cargos burocráticos.

Foto de Libros Aguilar Recuerdo la noche larga en la que Daniel Samper Pizano contó anécdotas de los presidentes colombianos desde los años sesenta. Me divertí mucho y me asombró el conocimiento minucioso que tenía de la vida de muchos de ellos. Ahora, desde ese saber inapelable, con motivo de su retiro del periodismo, en la entrevista a María Jimena Duzán, hace un retrato de las elites políticas del país. Al mejor estilo de un experimentado cowboy, sale de la cantina disparando frases de grueso calibre. “Me doy cuenta de que formamos parte de un grupo que maneja casi todo en este país”, dice. O con una aseveración aún más cruda: “Somos parte de una oligarquía que manda el país”. Así va desgranando afirmaciones para mostrar que Colombia ha sido dirigida desde los albores del siglo XX por un círculo cerrado, por un gueto inaccesible. El poder se hereda, se entrega sin la menor turbación, al delfín. Es una sucesión infinita que se tramita en elecciones. La consecuencia de esto es que tenemos una democracia con serias limitaciones, dice. Va más allá y hace una alegoría para dejar sentado que la rotación del poder entre unas pocas familias ha deteriorado de manera brutal el ejercicio político. “Tenemos un grave problema genético-político en este país”. “La oligarquía colombiana, para que sepan, ya está engendrando niños de dos cabezas”. “Eso pasa siempre en las familias nobles cuando se empiezan a reproducir entre ellas”. Y habla de delfines y caimanes. Algunos delfines son decentes, solo algunos, pero los caimanes “funcionan a dentelladas y son los hijos de los padres presos que anuncian que se lanzan a la política a reivindicar el nombre del padre y los eligen”. Yo que me muevo entre intelectuales y políticos especialmente críticos del sistema, que leo libros y asisto rutinariamente a eventos donde se analiza la vida pública colombiana de manera despiadada, no había oído una descripción tan vívida de la política y el poder en nuestro país. Nada se mueve arriba. Caminamos en contravía a lo ocurrido en la mayoría de los países de América Latina. En los últimos 25 años se ha producido un impresionante revolcón de las elites políticas, se han venido al suelo las fuerzas que gobernaron la región a lo largo del siglo XX. Aquí no. Pero la tragedia política de nuestro país es mayor a la que pinta Daniel. Tampoco se mueve nada abajo. Los jefes guerrilleros son los mismos desde hace 50 años, solo faltan los que han muerto, muchos de ellos de manera natural. Los líderes de izquierda son los mismos, también los dirigentes sindicales. Más grave aún, las ideas varían muy poco, en cambio las ambiciones y los hechos de corrupción crecen en sus filas cuando acarician un pedacito del poder. Quizás ahí, en esa inmovilidad de las elites políticas y de la izquierda, está la explicación de la actual apatía electoral, del voto en blanco, del poco entusiasmo que despierta el gran proyecto de la paz con las guerrillas, del bajo registro en las encuestas de todos los candidatos. Hay una crisis evidente de liderazgo. Nadie parece interpretar los anhelos del electorado. Nadie genera un gran entusiasmo. Todo es medianía. No creo exagerar si digo que es la primera vez que se siente un gran cansancio con la manera de gobernar el país y un cansancio también con quienes impugnan esa manera de gobernar. O, por lo menos, es la primera vez que esto se expresa claramente en las encuestas, en las redes sociales, en los paros y marchas populares. El liderazgo de la derecha pura en cabeza de Álvaro Uribe se ha derrumbado y no aparece aún una fuerza que lo reemplace. Es eso lo que ha puesto de presente de manera magistral Daniel Samper Pizano en la entrevista. En circunstancias así ocurre casi siempre una de estas dos cosas: aparece un demagogo que mediante golpes de fuerza o de opinión se apodera del poder y ahonda aún más la crisis institucional; o surge un movimiento que desde la democracia ofrece un proyecto de reformas y una manera distinta de gobernar y arrastra a las mayorías del país. Crucemos los dedos para que ocurra lo segundo y no lo primero. Columna tomada de Semana.com

Foto El Tiempo Los  resultados arrojados por la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación para las elecciones legislativas del 09 de marzo  indicaron  que  131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales. Tras los resultados arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutadas el 98.40 % de las mesas de votación y el número de curules asignadas definidas en su totalidad, el equipo de investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación estableció que 70 candidatos, de 131 aspirantes mencionados el pasado 27 de febrero, obtuvieron una curul en el legislativo. De la cifra de 70 parlamentarios electos y cuestionados por la Fundación Paz y Reconciliación, 33 escaños fueron en Senado y otros 37 en Cámara de Representantes. Las altas votaciones de algunos de los candidatos en mención marcaron la tendencia durante la jornada electoral. Tal es el caso del Partido de la U y los siete primeros senadores elegidos. El reelecto senador Musa Besaile con 141684 votos fue el tercero más votado en el país y su copartidario Bernardo Miguel Elías con 135.875 votos ocupó la cuarta casilla en el consolidado general. Igual es el caso del Partido de Opción Ciudadana (antiguo PIN), quien alcanzó cinco curules y todas fueron para candidatos mencionados como herederos de la parapolítica. Entre tanto, por el Centro Democrático, la segunda fuerza política de los comicios, dos nombres entre los elegidos aparecen como cuestionados: Alfredo Ramos Maya  y Jaime Alejandro Amín Hernández. El informe completo con la ficha de los 70 parlamentarios descargar aquí. Matriz Candidatos Riesgo ELECTOS SENADO Matriz Candidatos Riesgo CÁMARA DE REPRESENTANTES

De acuerdo con el informe de la Fundación Paz & Reconciliación, publicada en el diario El Espectador, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aún cuentan con aproximadamente 11.000 tropas – una cifra sustancialmente más altas que los 8000 ofrecida por el gobierno. Además de esto revela la existencia de redes de apoyo ideológico y logístico, incluyendo a milicias urbanas, lo cual acerca el número total de personas conectadas a la insurgencia a 40.000, según el informe. El alcance de los rebeldes se extiende a 11 regiones y 242 municipios, de acuerdo con el informe, lo que indica que las FARC están presentes en aproximadamente el 20 por ciento del país (véase el mapa de El Espectador a continuación). La Fundación Paz & Reconciliación también informa que las FARC han cimentado una alianza con la segunda guerrilla insurgente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ( ELN), luego de una cumbre entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», y el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias » Gabino», en algún momento de los últimos dos meses . De acuerdo con el informe, los líderes de la guerrilla se reunieron para discutir la forma de coordinar su enfoque en las conversaciones de paz con el gobierno – que comenzó en 2012 – al igual que posibilidad de un escenario de post-conflicto. Los dos grupos rebeldes también discutieron su campaña armada conjunta contra los sectores de minería, petróleo y gas. Esto ha incluido no sólo los atentados contra las empresas e infraestructura, pero también un aumento drástico en negocios de extorsión focalización en ese sector, de acuerdo con Paz y Reconciliación. El informe también detalla cómo las FARC han intensificado sus operaciones políticas influyendo en los movimientos sociales y las protestas, incluyendo la reciente huelga de los productores de coca en la región del Catatumbo. Aunque las FARC pudieron haber sufrido graves reveses como resultado del asalto militar de la última década, el informe de Paz y Reconciliación demuestra cómo no han llegado a la mesa de negociaciones como una fuerza quebrada en el borde de la derrota, por lo contrario que efectivamente se han reagrupado y adaptado. También demuestra cómo esta ¨reestructurada¨ fuerza rebelde está mezclando la guerra de guerrillas con la intensificación en las acciones políticas y continuas acciones criminales, cubriendo con eficacia todos los terrenos mientras los negociadores discuten la paz en La Habana. Estas evoluciones y estrategias refuerzan la idea de que a pesar de los esfuerzos sin precedentes del ejército colombiano, la guerrilla sigue siendo una fuerza de combate formidable y un jugador importante en el bajo mundo, y es poco probable que esto termine por medios militares. Descargar artículo original http://www.insightcrime.org/news-briefs/report-traces-how-farc-wages-war-while-it-talks-peace

Foto: rcnradio.com El paramilitarismo en Colombia logró convivir territorialmente en compañía de diferentes instituciones del Estado , sin colocarse como meta el destruirlas o perseguir sistemáticamente a sus funcionarios, sino más bien, capturandoles, al punto en que cualquier decisión que estas tomaban, debía ser consultadas con sus jefes. De esta manera, establece un paralelismo institucional, que en diferentes regiones del país ha llevado incluso a que se hayan formado estados de facto. El fenómeno conocido como la Parapolítica hace referencia a este tipo de relaciones que se establecieron entre la clase política local, llegando a escalas nacionales como en Congreso de la República, con el paramilitarismo, que no solo tenía la intención de hacerle frente a las guerrillas de izquierda, sino también el de resistir a los cambios políticos que en el país se venían dando a partir de la década de los 80 como la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991. En el caso Colombiano, no se produjo un cambio de élites políticas con la llegada de grupos armados ilegales, si bien algunas desaparecieron o cayeron en desgracia, la gran mayoría de grupos regionales negociaron y se consolidaron con la llegada paramilitar. Esta alianza, si bien tuvo diferentes orígenes, tal vez tiene en la elección popular de alcaldes y gobernadores una de sus principales fuentes. Este proceso supuestamente democratizador al finalizar la década de los ochentas permitió la creación de espacios políticos para terceras fuerzas, movimientos sociales y políticos y nuevos liderazgos sociales. La resistencia a la democratización local llevó a que sectores políticos tradicionales pidieran ayuda a grupos paramilitares para eliminar la oposición. Así, bajo contexto de presencia de actores armados ilegales, o fragmentación del monopolio de la violencia, se crearon estados mafiosos, además de autoritarios, donde las acciones institucionales no se diferencias de las acciones del crimen organizado. Una de las grandes conclusiones que se ha logrado desarrollar en los últimos años en el país, es que aún bajo contextos de democracia estable, con elecciones periódicas, libertad en la inscripción de candidatos y grados altos de libertad en el voto a nivel nacional, se pueden configurar verdaderos autoritarismos e incluso dictaduras locales y regionales. Este tipo de situaciones tienen mayor probabilidad de desarrollarse en contexto donde existe presencia de grupos armados ilegales, o donde grupos mafiosos tiene presencia permanente. Por ejemplo en Colombia a pesar de que se desarrollaron elecciones nacionales de forma periódica en el año 2002 y 2006, cerca de 40% del congreso fue elegido con votos de grupos paramilitares, llegándose a presentar casos de votaciones en un municipio o departamento por encima del 80% de total de votos emitidos en dicha circunscripción. Para las lecciones locales de 2011 esta práctica nuevamente se presentó, en algo más de 100 municipios se detectaron apoyos de estructuras criminales a estructuras políticas. Una de las conclusiones de la investigación del año 2011 es que aún con la intensificación de la competencia política y por lo tanto, el aumento en la incertidumbre sobre los ganadores, el proceso electoral no transformó los factores que hacen posible la cooptación del Estado, sobre todo a nivel regional y local, por parte de actores armados e ilegales. Los mecanismos de interferencia por parte de organizaciones criminales fueron variados y a diferencia de lo sucedido en 2002 y 2006, el proselitismo armado no fue el común denominador, se utilizaron mecanismos más bien indirectos de interferencia como la financiación de campañas, entrega de dineros a funcionarios públicos para promover la corrupción electoral y en algunos casos la presión a candidatos opositores mediante el homicidio, la intimidación o amenazas, la violación de derechos humanos en las elecciones de 2011 en los departamentos anteriormente mencionados. En la actualidad algo más de 100 parlamentarios y exparlamentarios están siendo investigados por vínculos con estructuras criminales, de los últimos 10 presidentes de senado, 8 han sido detenidos por estos vínculos, en cerca de 300 alcaldías se llevan investigaciones sobre estas relaciones. Sin embargo lo más destacable de este fenómeno es que han sido las estructuras políticas las que han buscado las organizaciones criminales, y no al contrario, además los recursos públicos han sido utilizados como botines tanto para las estructuras políticas como para las estructuras criminales, es decir hoy para las organizaciones criminales la disputa por el poder local es igual de importante al de una renta criminal. Vale la pena tener en cuenta que la proliferación de economías ilegales atrae organizaciones criminales, lo que a su vez, bajo contextos de debilidad institucional hace que la propensión para que se desarrollen alianzas entre estas organizaciones criminales y estructuras políticas o funcionarios públicos sea mayor. Estados Judiciales de los Procesos, ver infografía

Foto Las 2orillas “Que no haya impunidad para quien llegó a la Presidencia con la ayuda de los fusiles humeantes de los capos paramilitares Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40” le dijo Iván Márquez a Álvaro Uribe. Es la respuesta a las muchas veces en que Uribe ha demandado que los jefes guerrilleros vayan a la cárceldespués de firmado el acuerdo de paz. O, como dijo Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo: “En caso de ganar la Presidencia no permitiré que Iván Márquez llegue al Congreso sin pagar cárcel”. Con estas declaraciones como telón de fondo entraremos muy pronto a la discusión sobre la verdad, la justicia y la reparación en la mesa de La Habana.  Es un punto de partida muy malo. Es una verdadera locura que quienes han encabezado este confrontación armada tan cruel, tan inhumana, tan sucia, tan adversa a los derechos humanos y al derecho humanitario,  estén buscando  la cárcel para sus adversarios como colofón de un acuerdo de paz. Entiendo cuando una víctima en medio de su dolor clama por un castigo ejemplar para su victimario. Entiendo cuando una organización de derechos humanos o una  Corte de Justicia se la juegan a llevar a la cárcel a líderes guerrilleros, a militares y a políticos que han promovido, facilitado o ejecutado acciones que vulneraron la dignidad y la vida de la población civil, esa es su misión. Pero no me cabe en la cabeza que Márquez  y  Uribe se pongan en esa tarea. Están lanzando una piedra al aire para que les caiga sobre su propia cabeza. Ninguno de los dos podrá salir bien librado si el proceso de paz termina en una judicialización generalizada. Ninguno de los dos se salvará de la cárcel si en vez de una verdad política que contribuya a la reconciliación se impone en estas negociaciones una verdad judicial orientada al castigo con  cárcel para los  jefes de la guerra.  Voy aún más lejos: si la verdad judicial y la cárcel se imponen, la paz y la reconciliación se vienen al suelo. Contra Iván Márquez se han proferido 30 condenas judiciales, buena parte de ellas por delitos contra la población civil. No es para menos.  Las Farc, sobre todo entre 1995 y 2005, se fueron a lo profundo de las montañas a construir un gran ejército y a plantarle una guerra de movimientos al Estado y en ese ejercicio echaron mano del secuestro,  ‘limpiaron’ sus territorios de poblaciones que no seguían sus designios lanzando al desplazamiento o a la muerte a civiles indefensos, también segaron la vida de miembros de la fuerza pública por fuera del combate. Sobre Álvaro Uribe pesan cientos de procesos judiciales en el exterior y en Colombia, muchos de ellos por graves violaciones a los derechos humanos. Es apenas lógico. Uribe estuvo a cargo de la Aerocivil entre 1980 y 1982 cuando el tráfico de marihuana y cocaína empezaba su auge y los narcotraficantes se hicieron a numerosas pistas y a flotillas de aviones y helicópteros; fue alcalde de Medellín en el momento en que, en esa ciudad, personas de su entorno familiar y social, formaron el MAS, muerte a secuestradores, pionero de las grandes estructuras paramilitares;  fungió como gobernador de Antioquia cuando,  en las cumbres de comandantes  de 1997 y 1998, en Urabá, se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia; ejerció como presidente de la República en los días azarosos en que tomaron fuerza inusitada los falsos positivos que colmaron de ignominia al Ejército del cual él era comandante en jefe.  Es imposible que todo esto le fuera ajeno. Con la conciencia plena de esta amarga situación el presidente Santos y el Congreso de Colombia escogieron el camino de la Justicia Transicional como mecanismo para hacer viable la reconciliación y aprobaron el “Marco Jurídico para la Paz”. El otro camino que existe en el mundo es el Tratado de Roma o Corte Penal Internacional al que alude con mucha frecuencia Uribe. Son alternativas legítimas y totalmente distintas consagradas por la comunidad internacional. En la una se juzga y se condena pero se privilegian la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición y se acude a penas alternativas a la hora del castigo. En la otra toma fuerza el expediente punitivo y la cárcel es inevitable. Pero para que se abra paso plenamente la Justicia Transicional es menester que los jefes de la confrontación empiecen por desechar la locura de vengar con cárcel las afrentas de su enemigo. Columna de opinión de Semana.com

Foto Marcha Patriótica El proceso de paz derivará en acuerdos cuyos efectos impactarán las instituciones del país y el sistema político. ¿En qué consisten los avances? ¿Cuáles son las oportunidades que se vislumbran para organizaciones y movimientos políticos como la Marcha Patriótica o el Congreso de los pueblos o la Unión Patriótica que quedó reducida debido al exterminio del que fue víctima? ¿Cuáles son los obstáculos para llevar a cabo esos acuerdos? El presente informe pretende esbozar respuestas a estas preguntas en el entendido que los acuerdos para la participación política están sujetos a modificaciones, pues las partes concibieron como regla general de las negociaciones que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Como advirtió el historiador Medófilo Medina, “ambos acuerdos (el de Política de desarrollo agrario integral y participación política) son, ante todo, componentes de una hoja de ruta que se llenará de contenido en la etapa del postconflicto”. Lo acordado por las partes se puede agrupar en tres tipos de propuestas: las más importantes desde el punto de vista institucional son las iniciativas de carácter legislativo. Luego está la activación o creación de mecanismos para garantizar la participación política que no requieren de reformas legales sino de la iniciativa del Ejecutivo. Y al final están las medidas tendientes a fortalecer la participación que tampoco requieren de mayores cambios estructurales del Estado. El acuerdo parcial sobre la participación política abre una ventana de oportunidad para el reconocimiento de la actividad política de movimientos y organizaciones políticas que aún no cuentan con la personería jurídica. Movimientos como la Marcha Patriótica u otras organizaciones que surjan en medio de los diálogos de paz, o, como producto de ellos, tendrían un nuevo espacio político de representación. Descargue el documento completo aquí Avances en la mesa de La Habana

“Muchas personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno y el propio presidente Álvaro Uribe, me han pedido que cuente la verdad. Me exigen que le diga al país lo que hice en la guerrilla y quiénes fueron mis amigos. Se han molestado bastante por mi participación en las investigaciones académicas sobre la parapolítica y porque, desde mis columnas, he adelantado un debate sobre el grave daño que le ha hecho a la democracia colombiana la utilización de la violencia en la competencia política”. De esta manera, León Valencia Agudelo, actual Director de la Fundación Paz y Reconciliación, inicia “Mis años de guerra”, un libro publicado por primera vez en el 2008 y que en esta nueva edición bajo el sello Aguilar revisada por el propio autor, se convierte en una ventana que deja ver una Colombia después de la guerra. El autor revela en esta obra los detalles de su vida como integrante del ELN, las motivaciones que lo llevaron a ser parte de este grupo insurgente, su paso por el comando central y su posterior decisión de dejar las armas.Escrito en primera persona y dividido en cuatro capítulos: La traición y la vergüenza, Ilusión, Miedo y Desencanto, León Valencia narra en un estilo único la historia violenta de un país de la cual ha sido protagonista. En sus 286 páginas, intenta reconocer su parte de responsabilidad en la guerra colombiana y expone por qué optó por la paz. “Quiero ofrecer la memoria de mi pasado por la guerrilla. Contar esa historia como la vieron mis ojos. Como la vivió mi corazón. Contar cómo llegué hasta allí y cómo salí. Será, seguramente también una memoria controversial. Aspiro, eso sí, a que sea honesta conmigo mismo y con los demás”, señala el escritor.

En los últimos días las Farc dieron a conocer a las comunidades de los departamentos de Caquetá y Putumayo, un manual de instrucciones donde les piden a los habitantes de estas regiones en un documento de 46 puntos, la manera de estar activos en las actividades sociales y económicas integrando las juntas de acción de comunal de sus zonas. El documento fue descubierto a través de las investigaciones y seguimiento al conflicto armado, realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación para analizar la última tregua anunciada por las FARC, en donde el Bloque Sur de la guerrilla avanza estratégicamente para preparar a las comunidades ante una eventual etapa de posconflicto en esta zona del país. Las imagines obtenidas por los investigadores revelan una avanzada de los hombres de las FARC en una amplia zona del Putumayo para consolidar procesos políticos. Descargar imágenes