Mi columna del 24 de marzo fue un llamado de atención al presidente Santos sobre los graves errores que se están cometiendo en la restitución de tierras. El presidente respondió, en un acto de campaña con las víctimas, en Cali, el 3 de abril, que “había cuellos de botella o funcionarios que no estaban haciendo lo que deberían hacer”. A renglón seguido anunció cambios importantes en la implementación de la Ley 1448. Era un mensaje claro. Tuve la esperanza de que muy pronto habría un relanzamiento de la política de restitución de tierras, pero las cosas siguen igual y ahora veo la necesidad de insistir en el tema a riesgo de que los lectores se aburran de mi cantaleta. Me justifico. Creo que la restitución de tierras es la prueba ácida del gobierno en materia de reformas y paz. Un fracaso en la restitución mata todas las esperanzas en la reforma agraria que se anuncia en los acuerdos de La Habana. Si Santos no es capaz de devolverles la tierra a los campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas por medio de la fuerza y la violencia mucho menos será capaz de entregar nuevas tierras que deberá expropiar con indemnización a propietarios legales. El gobierno nacional dijo en un Conpes al momento de aprobar la ley que los reclamantes ascenderían a 360.000 y las hectáreas despojadas o abandonadas se acercarían 6.500.000. Dijo, además, que esperaba que en los primeros cuatro años se registraran 160.345 reclamantes y se profirieran 79. 255 sentencias. Ahora la Contraloría, con base en la Encuesta Nacional de Víctimas de 2013, señala que el número de grupos familiares obligados a abandonar sus tierras asciende a 537.502 y las hectáreas son 7.668.423. El problema crece. Y miren cómo están las cosas después de tres años de implementación de la ley. Según el Departamento Nacional de Planeación, a septiembre 1 de 2014, se han registrado apenas 67.726 reclamantes y la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado ante los jueces 5.365 demandas y estos han proferido 691 sentencias. Las hectáreas restituidas a esa fecha eran un poco más de 30.000. Estas cifras gritan. Estas cifras son una lápida sobre la Ley de Restitución de Tierras. Tanto si se toma la proyección de reclamantes y de hectáreas del gobierno, como si se acude a las cifras de la Contraloría, se puede ver, sin lugar a dudas, un bajo nivel de solicitudes de restitución, una baja estructuración de demandas por parte de la Unidad de Restitución y un reducido número de sentencias de las jueces. ¡Y ojo! Esta es solo la primera parte de la restitución porque la segunda es aún más compleja, la segunda consiste, nada más y nada menos, en entregarle el predio al campesino y organizar con él un proyecto productivo. De eso hay apenas unos cuantos ejemplos y no son alentadores. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha tomado muchas de las críticas como un asunto personal. No ha querido ver los cuellos de botella de la restitución y las inocultables fallas de los funcionarios que reconoce el presidente Santos. Pero la situación es cada día más crítica y el malestar entre algunas organizaciones de víctimas está creciendo y también la preocupación entre quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a estudiar la implementación de la ley. Digo una vez más. Es necesario un verdadero revolcón en el proceso de restitución. Andrés González de Planeación Nacional señaló en una presentación del balance de la ley que “el bajo registro de reclamantes se debe a poca o mala difusión y a miedo de las víctimas a nuevas agresiones”. La pedagogía y la generación de confianza en las víctimas es el primer tema a revisar. Otras medidas urgentes. Para definir dónde se debe restituir no se puede acudir al concepto previo de las Fuerzas Militares, la obligación es restituir el predio y proteger al campesino o compensarlo si no puede o no quiere volver al lugar. Es necesario privilegiar las restituciones colectivas sobre las individuales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia la semana pasada en una sentencia que les restituyó 50.000 hectáreas a comunidades indígenas; con ese cambio se multiplicarían los casos y las hectáreas restituidas. Cuando no hay opositores a una reclamación se debe restituir por vía administrativa, obviando los trámites judiciales. Es urgente cumplir la meta de 134 jueces y 60 magistrados, ahora solo hay 34 jueces y 15 magistrados. Y para completar se debe revolcar la nómina y poner al frente de este proceso a funcionarios que tengan a la vez alta representación política e indiscutibles calidades técnicas. Columna de opinión publicada a través de Semana.com

Foto de ADN La Fiscalía empieza a mirar hacia el otro lado de la violencia organizada, hacia el lado de las bandas criminales. Está buscando la reforma al Código de Procedimiento Penal para poder negociar la entrega de estas organizaciones delincuenciales. Quiere establecer la figura del ‘fiscal negociador’ para adelantar contactos con los jefes de las bandas y desatar un proceso de sometimiento a la Justicia. La noticia apareció en El Tiempo este jueves. Era algo muy esperado por las personas que nos ocupamos de temas de paz y seguridad. La historia reciente del país nos ha enseñado que no es posible detener la escalada de violencias que han azotado al país en los últimos 50 años sin una estrategia integral del Estado para encarar todas las expresiones del delito. Fracasó el intento de paz de los años noventa del siglo pasado porque se dirigió a una parte de las guerrillas, dejó por fuera a las más viejas y avezadas y no tuvo una estrategia certera frente a los paramilitares. Fracasó el gran intento de pacificación del país del presidente Uribe porque mezcló de manera torpe o mal intencionada el sometimiento a la Justicia con la negociación política en el proceso con los paramilitares; y, porque, a pesar del esfuerzo realizado, ni acabó con las guerrillas por la vía militar ni fue capaz de obligarlas a ir a una mesa de conversaciones para pactar la paz. La negociación política con las guerrillas y el sometimiento a la Justicia de las bandas criminales son las dos caras de la paz. Ahora bien, frente al crimen organizado de las últimas décadas no basta una política de sometimiento a la Justicia. Se necesita más. Se necesita un proyecto de reintegración a la sociedad de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que han empezado a salir de las cárceles después de cumplir las penas establecidas en la Ley de Justicia y Paz. Se necesita además un plan especial de seguridad para las zonas donde se va a producir la desmovilización y el desarme de las guerrillas, un cerco de protección para impedir que nuevas organizaciones criminales entren a golpear a los desmovilizados y a ocupar sus territorios y sus actividades. Sé que mi propuesta es ambiciosa y compleja, pero no veo otra manera de complementar y proteger el proceso de paz y reconciliación que se ha iniciado con la insurgencia. Se trata de un gran programa diseñado y coordinado por una instancia del más alto nivel en la que tengan presencia la Presidencia de la República en cabeza del ministro consejero para el posconflicto, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la fuerza pública y, quizás, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. Está muy bien que el fiscal general advierta que no habrá reconocimiento político ni asomo de justicia transicional. Eso fue lo que enredó el proceso con las autodefensas. No puede haber la menor confusión en esto. Pero a la vez es necesario comprender la historia profunda de las bandas criminales y la grave trama de narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la fuerza pública y con políticos, control de territorios e influencia social que tienen estas organizaciones. Buena parte de sus actuales jefes pasaron por las guerrillas, por los grandes carteles y por la experiencia paramilitar. Arrancamos muy mal si reducimos el fenómeno a unos simples bandidos, no más de 4.000, vinculados al narcotráfico como los presenta el Centro Integrado de Inteligencia de las Fuerzas Militares. El sometimiento a la Justicia no puede eludir los incentivos de rebaja de penas y procesos judiciales garantistas y transparentes para llevar a estas organizaciones a su entrega y a su desmovilización, pero tiene que demandar el compromiso de disolver todos los negocios ilegales, entregar bienes, develar los nexos con empresarios, políticos y agentes del Estado y contribuir a la reconciliación del país. Para empezar con pie derecho una nueva política frente al crimen organizado es menester trazar una estrategia de reintegración a la sociedad de los jefes paramilitares que han cumplido ya los ocho años de cárcel ordenados por la Ley de Justicia y Paz. El Estado no puede hacerles ‘conejo’ ordenando su extradición o manteniéndolos presos. Tiene que concertar con ellos un plan que implique un respeto pleno a sus víctimas, un compromiso solemne de no volver a delinquir y una protección a sus vidas. En otro momento me ocuparé de la necesidad de prevenir la intervención de bandas criminales o grupos disidentes de las guerrillas en los territorios donde se realizará el posconflicto. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto El Universal Fue bueno que Santos aceptara la petición de las Farc de conformar una comisión histórica. Los colombianos necesitamos un relato de nuestra desgracia. Necesitamos saber por qué nos metimos en una guerra que ha durado más de 50 años. Necesitamos saber de los responsables políticos y sociales de esta larga y dolorosa confrontación. Solo así podremos doblar esta borrosa página de nuestra historia. Solo así podremos  volver a mirarnos a los ojos y caminar seguros hacia la reconciliación. No he escuchado ninguna objeción a los 12 nombres de la comisión y tampoco a sus dos relatores. No es para menos. Tienen, todos, una larga trayectoria en la investigación del conflicto y la virtud de representar distintas escuelas y distintas visiones. Nadie ha alzado la voz para expresar el temor de que harán un relato amañado, sesgado o incriminatorio. Entiendo que cada uno de los miembros de la comisión  entregará su versión y los relatores harán una síntesis de las afinidades y de las diferencias. Esa manera de trabajar es, quizá, la más adecuada, dado que tienen apenas cuatro meses para presentar el informe y resulta muy difícil que se concentren en un lugar y se dediquen todo el tiempo a una reflexión colectiva. Pero corren el riesgo de que los puntos comunes sean demasiado generales y las diferencias demasiado notorias.Vi, en todo caso, que al anunciar los principios que rigen la comisión, ponen en un lugar central a las víctimas y destacan como punto de partida de la reflexión los efectos que ha causado el conflicto en la población. Esa puede ser la clave para escapar a las generalidades y a los lugares comunes. En las víctimas están todos los secretos de este conflicto. Es la lección que he sacado en 20 años de investigar y escribir sobre la guerra después de haber participado en ella por algún tiempo. Siguiendo la huella de la victimización de la población indefensa uno puede saber por qué han peleado los  protagonistas del conflicto; cuál es la naturaleza política de estos; qué repertorios de crueldad han utilizado y quiénes son los mayores responsables de las masacres o de los secuestros  o de las desapariciones o del desplazamiento forzado o de las ejecuciones extrajudiciales; saber en qué lugares y en qué tiempos se ha intensificado la confrontación. Todo está pintado en el rostro de las víctimas. Todo está en su dolor, todo en sus reclamos. Hubo un tiempo en que intenté comprender la guerra a partir del discurso de las guerrillas, de las elites políticas y empresariales, de los paramilitares  y de miembros ilustrados de la fuerza pública. Muy poco saqué de allí. Había en ese universo más carga ideológica que realidad. Más simulación que verdad. Más justificación de acciones vergonzosas que sustento ético de conductas. En estos días examinamos las 500 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución de tierras. En ellas se les devuelven, a más de 1.000 familias, 28.582 hectáreas. El universo calculado por el gobierno es de 360.000 reclamantes para 6.100.000 hectáreas abandonadas o despojadas.  En estas sentencias la responsabilidad recae en los paramilitares en un 62 por ciento, en un 16 por ciento en la guerrilla y el resto en otros. Esa es la realidad de la disputa por la tierra. Para entender la disputa política, el sacrificio de la Unión Patriótica, la muerte de 2.800 sindicalistas y la cadena de masacres de campesinos entre 1995 y 2005 en la costa Atlántica y en otros lugares del país, es necesario estudiar uno por uno los expedientes de los 61 parlamentarios condenados por parapolítica. Allí se ve claramente que las elites locales se aliaron con fuerzas ilegales y se abalanzaron contra la democratización de los años ochenta y noventa y produjeron un genocidio y una verdadera catástrofe humanitaria. Y si se estudian en detalle los más de 2.500 secuestros a empresarios y políticos, las graves amenazas de las Farc y del ELN  a más de 400 alcaldes entre 1995 y 2005 y los múltiples casos de desplazamiento forzado de personas en el sur y en el oriente colombiano, entraremos de lleno en la otra cara del forcejeo político y de la feroz lucha por el poder local y por el territorio. No menos importante es estudiar los magnicidios de la década de los ochenta y luego los ‘falsos positivos’. Los primeros para ver la resistencia de las mafias a la extradición y la grave alianza que pactaron con sectores de la clase política, y los segundos para mirar la degradación de sectores de la Fuerza Pública. Me perdonan amigos de la Comisión Histórica la intromisión en sus labores. Columna de opinión publicada en Semana.com

La Fundación Paz & Reconciliación en cabeza de su director ejecutivo León Valencia rechaza vehementemente las amenazas de las cuales fueron víctimas el Dr. Valencia Agudelo, así como el politólogo e investigador de nuestra organización Ariel Ávila, junto a otros siete líderes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por parte de grupos al margen de la ley. El lunes 22 de septiembre llegó un documento a las oficinas de Redepaz firmado por el Comando Central de ‘Los Rastrojos’, el cual declaraba objetivo militar a los defensores de Derechos Humanos por considerarse aliados de grupos guerrilleros. Todo el equipo de colaboradores de la Fundación Paz & Reconciliación continuará adelante con el trabajo serio e independiente que ha venido realizando desde sus inicios  y que ha permitido conocer el resultado de investigaciones importantes para la coyuntura política y social, dando amplios debates en escenarios públicos. Así mismo extendemos nuestro apoyo y solidadaridad a los directores de las demás fundaciones increpados en este hecho lamentable para los procesos de reconciliación en Colombia. De igual forma, extendemos un llamado a las autoridades para tomar las medidades necesarias a que de lugar este infortunado hecho.También agradecemos el respaldo que hemos recibido de organizaciones oficiales, agentes de cooperación, periodistas y líderes de opinión.

Foto Francisco Santos La frase es de Francisco Santos miembro de la familia más influyente de Colombia a lo largo del siglo XX, vicepresidente de la República durante ocho años, aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Vean otra declaración. “Si el presidente Santos y Uribe se distancian del todo el país puede vivir una época de violencia partidista  similar a la de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado”. Es de Fabio Echeverry, quizás  el más importante dirigente  que ha tenido la Andi en su historia, en una entrevista a Cecilia Orozco, cuando apenas empezaba el primer mandato de Santos. Hay más. “Se podría generar un enorme enfrentamiento entre los sectores sociales colombianos y podría generar digamos un rompimiento del sentimiento nacional a unos niveles nunca antes vistos”. Es de Paloma Valencia, Senadora de la República y  nieta de un expresidente, en interrogatorio para las2orillas, realizado por Abelardo de la Espriella, cuando le preguntan sobre la posibilidad de que lleven a Uribe a los tribunales.  Y para rematar. El hacker Andrés Sepúlveda, en entrevista reciente a SEMANA, dice que un grupo de militares encabezado por el general Rito Alejo del Rio, persona del corazón de Uribe, ha pensado en organizar un grupo armado ilegal para responder al proceso de paz. Son frases que asustan, son frases que aterran, porque en Colombia nunca ha sido difícil organizar una nueva guerra y el expresidente Uribe es una persona con un gran  poder y una influencia enorme en la sociedad. Yo creo que estas cosas pueden ocurrir. Creo, además, que no pocos dirigentes políticos y formadores de opinión y miembros de las altas cortes y líderes empresariales, sienten lo mismo. Por eso, porque hay miles de personas que lo siguen y otros muchos miles que le temen, es que hay tanta consideración con el doctor Uribe. Eso explica por qué no avanzan los cientos de procesos judiciales que hay en su contra aquí y en el exterior; las facilidades que se dieron para que Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias se fueran al exterior huyendo de la Justicia; la decisión de no indagar más por las actividades de sus hijos inmersos como están en 12 grandes escándalos públicos; la atención especial que le prestan todos los medios de comunicación; el generoso apoyo que le dan grandes empresarios del campo y  la ciudad; y la  inmensa nube de escoltas que le prestan seguridad. Está muy  bien que así sea. Lo digo de todo corazón. Es necesario cuidar la vida del expresidente.  No me parece que el destino de Uribe sea la cárcel. No lo podemos empujar a que inspire o lidere un nuevo ciclo de violencias. El expresidente es indispensable para la reconciliación del país. Es probable que Santos pueda firmar la paz con las guerrillas en contra de la voluntad de Uribe, incluso es muy posible que el referendo que aprobará los acuerdos de La Habana salga adelante sin el apoyo del exmandatario. Pero para la reconciliación del país necesitamos a Uribe y a sus seguidores. Ahora bien,  el doctor Uribe no debe abusar demasiado de su influencia y de su poder y del temor que suscita. No puede meterse en una cruzada para dividir a la Fuerza Pública estableciendo relaciones extrainstitucionales con sectores del Ejército y la Policía descontentos con el proceso de paz. No puede montar o prohijar campañas contra las negociaciones de La Habana acudiendo a informaciones falsas o a métodos ilegales. No se puede burlar de la Justicia una y otra vez, como lo hizo cuando el fiscal general de la Nación le exigió  presentar las pruebas sobre los millones de dólares de la mafia que habían entrado a la campaña de Santos, como lo hace cada vez que incita a sus amigos a la fuga o al desacato, como lo está haciendo al calificar de montaje político el grave caso de las acciones ilegales  que ha revelado el hacker Sepúlveda. No se puede burlar del Congreso de la República como lo hizo en el debate del pasado miércoles.  Aunque a muchos comentaristas les parezca de suma habilidad y hasta gracioso que Uribe salga del recinto cuando se está examinando su vida y entre solo a echarse un largo e ininterrumpido discurso para enlodar el presidente, al vicepresidente, al ministro del Interior, a varios parlamentarios, a medios de comunicación y a diversas organizaciones no gubernamentales, a mí eso me parece un  completo bochorno, un desafuero mayor.  Ni los seguidores de Uribe deberían amenazar tanto con la violencia, ni el exmandatario debería abusar tanto del miedo que desata esa posibilidad. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Carlos Martínez (PARES) Uno es lo que sueña. Uno muere cuando un gran sueño muere.  He tenido el privilegio de soñar y la desdicha de ver morir mis sueños. Soy ducho en el arte de imaginar felicidades y correr tras ellas y descender luego al abismo de la derrota y el dolor. Un día, un sacerdote, en una conversación, cambió mi vida. Fue Ignacio Betancur. Fue en su despacho de parroquia. Me enseñó una religión extraña, me dijo que no había causa más noble que proteger la dignidad humana, me habló del Cristo que llevaba en su alma, de un hombre que había dado la vida para señalar que era imprescindible estar dispuestos al mayor sacrificio para defender a quienes les era pisoteada su dignidad, a quienes eran víctimas de la injusticia, a quienes les faltaba el pan, el techo y el amor. Era el principio de los años setenta del siglo pasado. En América Latina y en el mundo había una gran agitación y la palabra revolución sacudía el corazón de los jóvenes. Corrí tras esa ilusión. En las tardes, después de salir del colegio, me iba al campo a enseñarles a leer y a escribir a los campesinos, también a promover organizaciones sociales para defender sus derechos vulnerados por grandes dueños de tierra o por autoridades sin escrúpulos. Volvía a mi casa, en la noche, cansado y feliz. Por el rumbo del compromiso social llegué, muchos años después, a la guerrilla. Allí supe, en días de espanto, que la guerra, la nuestra y la de quienes nos enfrentaban, en vez de proteger o restablecer la dignidad humana, la rompía en mil pedazos. Lo vi en el rostro de mis amigos de izquierda asesinados y en las multitudes que acompañaron los féretros de Luís Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro; lo percibí en la desazón y la angustia de los familiares de los secuestrados y desaparecidos; lo sentí, de manera brutal, un día en que llegó la noticia de que mi guerrilla, la que yo dirigía, había asesinado a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca; lo comprendí  llevando la estadística atroz de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública y las masacres de los paramilitares  y los desplazamientos y los exilios que todos los actores armados empujaron. Busqué una negociación, busqué la paz. Muchas veces en mis columnas y en mis libros evoco estos recuerdos, esta derrota dolorosa, para no olvidar que tengo un sueño, para no olvidar que me equivoqué en el camino elegido para buscar esa ilusión. Pero esta semana tengo un motivo especial para hablar de la posibilidad de restablecer la dignidad humana que la guerra rompió y para generar  condiciones de vida más justas, más equitativas, para los pobres de Colombia. Oí a personajes muy influyentes de la radio, a empresarios, a líderes políticos, a sacerdotes, a cantantes y actores, a intelectuales, a gente del común, diciendo que creen en la paz que se está tejiendo en La Habana y en las conversaciones con el ELN.  Diciendo que se comprometen a perdonar y a buscar el perdón.  Diciendo que llegó la hora de doblar la página de la guerra y encarar la necesidad de cambios sociales largamente aplazados. Es una campaña publicitaria, lo sé.  Pero la voz de uno siempre tiene un eco en su corazón y la voz de muchos siempre tiene un eco en la multitud.  Esta semana, quizá, Colombia ha empezado a dar un giro, ha empezado a dejar de creer en la salida militar al conflicto para empezar a pensar en que la salida negociada es el camino hacia la paz. Eso para mí es nuevo. Eso desata en mí nuevos sueños, nuevas ilusiones. En muchos debates en la radio o en la televisión me dicen que todo el mundo quiere la paz, que es un absurdo  que una persona, o un país, quieran la guerra.  Les digo que ese absurdo es muy común. Les digo que en Colombia desde hace muchos años la mayoría de la opinión ha estado por la guerra, es decir, por doblegar al contrario por la vía militar, por destruir al enemigo mediante la violencia. Eso  ha sido así  para la guerrilla y sus seguidores y también para las elites políticas del país y sus partidarios. Por eso hay guerra. No hay otra explicación. Pero si una mayoría de la opinión, de todos los lados de la opinión, cree en la salida negociada y se la juega por ella, la guerra llega a su fin. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Ejército Nacional A propósito de la delegación de oficiales de alto nivel de las Fuerzas Militares de Colombia que participó recientemente en las mesas de negociación en La Habana,Cuba, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) desarrolló un foros cuya temática fue las ‘Reformas a las Fuerzas Armadas en escenarios de Postguerra y Posconflicto. En este evento representantes del Gobierno Nacional, analistas políticos, agentes internacionales e investigadores expertos discutieron sobre el futuro de las fuerzas de seguridad del Estado, el proceso de paz y los desafíos que deberá afrontar Colombia, ad portas de un posible acuerdo con las FARC. Durante la actividad el director ejecutivo de la Fundación Paz & Reconciliación León Valencia, indicó que la división al interior de las FFMM es uno de los mayores obstáculos que presenta el actual proceso de paz que avanza en Cuba. Sin embargo afirmó que es importante abrir el debate en espacios públicos, para que no se presenten dudas en las tropas ante una eventual firma de acuerdos. A continuación se presentan las memorias del evento, que abre el diálogo público a uno de los temas más sensibles de la negociación de La Habana, Cuba.

Foto de MinInterior Vuelve la idea de reformar la política colombiana. Esta vez para desmontar el grave desequilibrio entre los poderes públicos que trajo la reelección presidencial aprobada en el mandato de Uribe; para intentar nuevas sanciones a fenómenos como la parapolítica y otras modalidades de ilegalidad y corrupción; para abrir la democracia y darle garantías de vida y de competencia limpia a las nuevas fuerzas que surjan de los acuerdos de paz; y para intentar una vez más fortalecer los partidos y acabar con la emergencia y consolidación de clanes políticos y microempresas electorales que hoy pervierten el oficio político. La tarea es descomunal. Se trata en primer lugar de echar al suelo el mito de que tenemos la democracia más sólida y más persistente de la región y de reconocer que la política colombiana está atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo. Se trata de conjurar para siempre la tentación izquierdista de acudir a las armas para cambiar las instituciones y ofrecer mecanismos democráticos para realizar las transformaciones.  Y se trata de ganarle por fin el pulso a las fuerzas de la extrema derecha que impidieron forjar una democracia moderna y vigorosa a la largo del siglo XX. El presidente Santos acaba de presentar los primeros puntos de la reforma dentro de un proyecto de acto legislativo concertado con los partidos de la Unidad Nacional que tiene además cambios importantes para el aparato judicial; en el Congreso se escuchan otras propuestas de las bancadas de oposición; y el año próximo estaremos, quizás, en un referendo para aprobar los acuerdos de La Habana. Serán dos años de intensa discusión. No es mucho lo que ofrece Santos en esta primera iniciativa, pero es un buen punto de partida que ojalá no se malogre en el trámite parlamentario. La prohibición absoluta de la reelección presidencial; la ‘silla vacía’ para sancionar a los partidos que elijan parlamentarios vinculados a la ilegalidad y a la corrupción; y la instauración de listas cerradas y bloqueadas a los cuerpos colegiados son tres medidas para corregir el zarpazo que Uribe la pegó a la constitución del 91 y a la política colombiana en sus ocho años de gobierno y para deshacer entuertos de las últimas reformas. Ahí falta un mundo, faltan cosas esenciales: conquistar el respeto a la vida para los opositores y disidentes, aprobar un verdadero estatuto para la oposición, reformar el sistema electoral, democratizar los partidos políticos para que la lista cerrada no se convierta en una trampa, facilitar el acceso de todas las expresiones políticas a los grandes medios de comunicación.  Muchos de estos cambios están enunciados en el punto dos de los acuerdos entre el gobierno y las Farc  y se deberían empezar a discutir antes de que termine el año para ir creando un ambiente propicio para el referendo. El primer bache que debe superar la ola reformista es el Congreso.  La composición no ayuda.  En el lado derecho está la bancada uribista que se opondrá con uñas y dientes a reformas clave para las paz y a grandes incentivos para la izquierda y para la pluralidad política. En el centro un grupo impresionante de parlamentarios herederos de la parapolítica y beneficiarios del clientelismo que se opondrán soterradamente a cambios que pongan en riesgo su poder regional y su presencia en la política nacional. Del lado de los cambios y las reformas solo queda, por convicción, un grupo influyente pero minoritario que deberá desplegar un liderazgo impresionante para sacar adelante las propuestas del presidente.Pero, aun suponiendo que el Congreso aprueba la reforma propuesta por Santos y que, además, la ciudadanía aprueba el referendo con los acuerdos de La Habana, no podemos cantar victoria. Falta lo más importante. Falta una decisión de las elites políticas. Falta un gran movimiento por la renovación de la vida pública. Una fuerza capaz de convocar a la ciudadanía para que sancione en las urnas a los políticos corruptos, a los aliados de las mafias, a los beneficiarios del clientelismo.  Falta que la ciudadanía se decida a imponer una sanción social y política a quienes se amparan en la ilegalidad y la violencia para acceder y conservar el poder político. Solo si los directores de los partidos —la mayoría de ellos gente decente y comprometida—  se niega a admitir en sus filas y a dar avales a gente cuestionada o a sus herederos, aunque no se encuentren judicializados, es posible iniciar la reforma de los políticos, que es, sin duda, la gran tarea para transformar la vida pública del país. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto tomada de CableNoticias Me desconcertó la actitud de Álvaro Uribe y sus seguidores ante la designación de una comisión de militares activos para intervenir en el punto de desmovilización y desarme en las negociaciones de La Habana.  Había dicho Uribe que se estaba negociando con las Farc a espaldas de la fuerza pública. Había dicho una y otra vez que en La Habana se le estaba tendiendo una trampa a las Fuerzas Militares. Pero, en el momento en que Santos toma la determinación de enviar a La Habana al general Javier Flórez a la cabeza de un grupo de oficiales, el uribismo levanta la voz para señalar que se está igualando a los militares con los guerrilleros, que se está mancillando el honor del Ejército, que se está desmoralizando a la tropa.  Ni siquiera se detienen a mirar quién es Flórez. Pasan por alto el hecho de que este general ha liderado en los últimos años grandes operaciones contra la guerrilla y ha sido un duro crítico de algunas condiciones de la negociación. No hay el más mínimo peligro de que un militar de estas características haga concesiones indebidas a la insurgencia. Quiero terciar en el debate mostrando la necesidad, la legitimidad y la importancia que tiene esta comisión de militares. Empiezo por contar un hecho especialmente doloroso para mí y creo que también para la fuerza pública. El 23 de septiembre de 1993 fueron asesinados los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) Enrique Buendía y Ricardo González. Eran mis amigos y compañeros.  Por acuerdo entre el gobierno del presidente César Gaviria y la CRS estos jefes guerrilleros habían ido en helicópteros oficiales a buscar y trasladar a los miembros del frente guerrillero que operaba en Urabá para trasladarlos al sitio de concentración y negociación en Flor del Monte, Sucre. Llegaron al corregimiento de Blanquicet, en Turbo, y cuando se disponían a reunirse con los guerrilleros irrumpieron cinco camiones del comando operativo del Ejército en la zona. Los soldados empezaron disparar. Buendía y González se rindieron y aun así fueron acribillados. Por ese hecho fueron procesados y condenados 11 militares y en las audiencias judiciales estos soldados decían en su defensa que no habían sido informados por la parte civil de la mesa de negociaciones de los compromisos para respetar la vida y trasladar a estos guerrilleros al lugar de las conversaciones. Así, en medio de la tragedia, nos dimos cuenta de que la presencia de militares activos en una mesa de negociaciones hace más fácil la coordinación de este tipo de actividades y reduce los riesgos de violar acuerdos y dañar de manera grave los acercamientos.  La posibilidad de incidentes de esta naturaleza en el proceso de paz con las Farc y ELN será mayor por la extensión de estas guerrillas y por las venganzas y prevenciones que ha dejado esta larga guerra. Mi alegría fue grande cuando supe que en importantes sectores de las Fuerzas Militares había plena conciencia de la importancia de su participación en las negociaciones de paz. Ocurrió hace año y medio.  La cúpula militar le pidió a Jennifer Schirmer, profesora de la Universidad de Oslo y orientadora de un proyecto de preparación para la paz de la fuerza pública, patrocinado por el gobierno noruego, que buscara expertos internacionales para hablar del papel de las Fuerzas Militares en la mesa de conversaciones, en el cese de hostilidades, en el desarme, la desmovilización y el posconflicto. Vinieron protagonistas o expertos de Nepal, de Suiza, de Noruega y de Centroamérica. El general salvadoreño Mauricio Vargas, protagonista de las jornadas de reflexión, habló de los acuerdos del 16 de enero de 1992 que sellaron el final de la guerra entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. Fue uno de los firmantes y participó en las negociaciones en la condición de militar activo.  Contó que salía de las operaciones contra la guerrilla, se quitaba el uniforme y se iba a las sesiones donde se discutían los acuerdos. Dijo que ni el gobierno, ni el FMLN, ni la sociedad civil, veían algo ilegítimo o anormal en esta situación. Recordó que para ese entonces se negociaban otros conflictos en la región y en el mundo y la presencia de los militares en las conversaciones era la regla. Valdría la pena que Uribe y sus seguidores le echaran una mirada a las experiencias internacionales y se percataran también de que los militares colombianos se han preparado con antelación para este momento y están lejos de improvisar sobre temas tan serios y decisivos para el país. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de Confidencial Colombia No fue bien recibida en la Federación Colombiana de Educadores –Fecode– la designación de Gina Parody como ministra de Educación. Gina había tenido una relación bastante conflictiva con los directivos sindicales del Sena y eso despertaba graves prevenciones en los líderes del magisterio. Consideraban además que no tenía suficientes conocimientos sobre la educación en este momento crucial para las transformaciones del aparato educativo del país. En los días en que Gina sonaba para el ministerio, la dirección de Fecode le envió una carta al presidente Santos sugiriéndole otro perfil para la cabeza de la educación en Colombia y por diversos medios le hicieron saber la desaprobación con esta candidata a ministra. Han decidido además recibirla con jornadas de protesta a partir del próximo miércoles. Esta vez la dirección de Fecode se sentía con todo el derecho a intervenir en la definición del ministro. Había declinado un paro en el momento definitivo de la campaña electoral y había accedido a un acuerdo sobre su pliego de peticiones para no perturbar aún más las aspiraciones de Santos a la reelección. Con el argumento de respaldar las negociaciones de paz había hecho campaña para la reelección en el amplio sector de los maestros y no es difícil constatar que la gran mayoría de los educadores le votaron a Santos. Aun así no pudieron evitar este nombramiento. Pero Gina es una mujer muy inteligente, le gustan los grandes desafíos y ha recibido del presidente Santos la expresa orientación de iniciar un proceso de concertación con la Federación Colombiana de Educadores para atender los reclamos justos de los maestros y acometer con ellos las grandes reformas que requiere la educación en Colombia. Creo que después de algunas tensiones, después de la medida de aceite, las cosas tenderán a ir mejor y abrigo la esperanza de que Gina y la Fecode sean protagonistas de la revolución educativa que Santos anunció en su discurso de posesión. En los últimos meses he tenido diversas reuniones con Luis Alberto Grubert y Rafael Cuello, presidente y secretario general de la Fecode, también con otros dirigentes del magisterio y con expertos en la educación. He sentido un nuevo aire en el sector. Hay una verdadera preocupación por mejorar la calidad de la educación en Colombia y por transformar la escuela de cara a la reconciliación y a la modernización del país. A los directivos sindicales se les ha criticado siempre la poca preocupación por la idoneidad de los maestros en aras de defender su estabilidad; se les acusa de prohijar la mediocridad de los educadores y de la educación en aras de mantener la cohesión del gremio y la continuidad de un gran espacio sindical ligado a la protesta por reivindicaciones económicas y dispuesto a votar por los mismos directivos en las elecciones sindicales y en las campañas políticas. No es ese el espíritu que he percibido en las conversaciones de estos meses con los dirigentes del magisterio. Defienden con los dientes la nivelación salarial y el incremento de los salarios; exigen que se desmonte la Evaluación de Competencias como único criterio válido para el ascenso; se duelen de la infame agresión que todos los actores armados han perpetrado contra los activistas del magisterio y contra la escuela con la suma atroz de 999 muertos; se la juegan por el fortalecimiento de la educación pública y desconfían de la ola privatizadora que acosa a la educación en los últimos 15 años. Pero dicen a boca llena que su misión ahora es sacar a la educación de la grave crisis en que se encuentra y empeñar todos sus esfuerzos en la construcción de una nueva escuela, de una escuela para el posconflicto. Están dispuestos a negociar un nuevo y exigente modelo de evaluación de los maestros para dar un salto en la calidad de la educación. Señalan que la jornada única y una ampliación significativa de la cobertura en la educación superior supone una gran inversión en nuevos maestros y en infraestructura educativa en todo el país y aspiran a que en pocos años la financiación salte del 4,2 por ciento del PIB al 7,5 por ciento para que se pueda hablar en serio de “Colombia la más educada”. Quieren convertir el inmenso aparato educativo, es decir, las 12.000 instituciones, 50.000 sedes, 332.000 educadores y 10.500.0000 alumnos, en un espacio y una fuerza para promover la reforma educativa, el referendo de apoyo a los acuerdos de La Habana y las inmensas tareas del posconflito. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Marcha Patriótica Hace pocos días recibí un informe especial sobre la Marcha Patriótica y sentí la misma tristeza y la misma preocupación de los días en que recibía a diario noticias sobre la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en los ya lejanos años ochenta del siglo pasado. Este movimiento social y político está en grave riesgo. La investigación fue realizada por la Fundación Paz y Reconciliación y recoge testimonios y documentos de los miembros de Marcha Patriótica en cuatro departamentos. La investigación va más allá de los riesgos de seguridad y explora los propósitos, las ideas y las acciones de esta organización, pero esta columna se limita a demandar del gobierno nacional y de la sociedad una protección especial a la vida de sus militantes y unas garantías plenas para sus actividades. La Fiscalía registra el asesinato de 29 militantes y la desaparición de tres. Pero en la lista de Marcha figuran cuatro personas más asesinadas. Es espantoso. Ahí no para la cosa. La persecución, las amenazas y el encarcelamiento a los simpatizantes y miembros del movimiento es una constante en todo el país, especialmente en Norte de Santander, en Cauca, en Caquetá y en Meta. Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto ocurra, pero ocurre. Otra vez altos funcionarios del gobierno nacional lanzan acusaciones públicas y otra vez alguien abajo se siente autorizado para segar la vida de civiles desarmados que están impulsando protestas sociales y políticas legítimas. Porque la persecución se volvió más intensa después de estas palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012, en una entrevista en Caracol Radio: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”. Solo si el Estado y la sociedad cambian radicalmente la mirada sobre estos fenómenos podemos evitar la violencia. La Marcha tiene asiento en territorios de guerrilla y comparte consignas sociales y políticas con ella, pero es una suma de organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de víctimas, de minorías étnicas y sexuales –2.000 dicen los directivos del movimiento– que tienen como propósito fundamental impulsar las negociaciones de paz y conseguir la terminación del conflicto. Eso es una virtud no un defecto. Eso es contribución a la democracia no a la guerra. En apenas tres años de existencia ha participado activamente en las grandes movilizaciones del estudiantado a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha sido protagonista de los paros agrarios, se ha convertido en el sustento principal de todas las consultas y eventos que la mesa de La Habana ha realizado con la sociedad civil en asuntos agrarios, de participación política, de tratamiento a los cultivos ilícitos y de reivindicación de las víctimas. En la investigación realizada hay una cosa muy novedosa. En muchos municipios donde tiene presencia y fuerza este movimiento la participación electoral ha dado un salto impresionante. Se ha roto una abstención que en algunos casos llegaba al 85 por ciento. Si la paz se firma y la democracia adquiere un nuevo vigor en muchas regiones será en parte por la contribución de este importante grupo de dirigentes sociales, muchos de ellos bastante jóvenes, que han tenido la valentía de lanzarse a hacer política en medio de las balas. La protección de Marcha tiene que ser inmediata porque los efectos de la amenaza y de la muerte ya se empiezan a sentir. En Norte de Santander y en el Meta algunas organizaciones y varios activistas han empezado a retirarse del movimiento para evitar la agresión. Fue lo que ocurrió en otro tiempo con la Unión Patriótica a la que hoy el Estado y la sociedad le está empezando a pedir perdón por el genocidio. Mi propuesta es que Óscar Naranjo, ministro de la Seguridad y el posconflicto, empiece a desarrollar unos puntos específicos de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el acuerdo de participación política reza: “Se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Más adelante afirma: “Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”. Columna de opinión públicada en Semana.com #UniónPatriótica #FederacióndeEstudiantesUniversitarios #ÓscarNaranjo #Participaciónpolítica #JuanCarlosPinzón #MarchaPatriotica #posc