Zonas cocaleras de Nariño: sin paz y en la ilegalidad

Por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos


La noche silenciosa

invita a escuchar la música de los vientos.

Florece el girasol y se marchita con la caída del sol.

Del cielo llueve rocío, lágrimas de alegría musical.

Poetisa Zulma Prado (Tumaco 1948).





Los tiempos en que bajo un sol de cielo llovían rocío y lágrimas de alegría musical sobre Tumaco han quedado atrás, para dar paso a una lluvia de químicos: glifosato, en función de la erradicación forzada promovida por el Gobierno Nacional; y abonos, utilizados por los cocaleros para aumentar la productividad de la mata de coca. Uno y otro hacen parte de las economías ilegales ligadas al narcotráfico que invaden a Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense.


La implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016, generó inmensos retos territoriales para Nariño, entre ellos los relacionados con la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos ilícitos, cuyo objetivo era acabar con la economía ilegal de la coca y su consecuente cadena de narcotráfico y violencia.


La problemática


Las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal no tradicional y el contrabando, son los factores de mayor influencia en la intensificación de escenarios de violencia social y política en Nariño (Zambrano y Ruano, 2018). Aunque Nariño ha sostenido una disminución de cultivos de hoja de coca desde 2017[1], la siembra y procesamiento de esta sigue siendo la economía ilegal preponderante del departamento.


Grafico No. 1

Total hectáreas de hoja de coca sembradas en la Costa Pacífica Nariñense. Elaborado por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022.


La Costa Pacífica Nariñense (CPN) es la región más aportante en cuanto a cultivos de hoja de coca sembrada en Nariño, concentrando 24.977 hectáreas, siendo Tumaco, con 8.832; El Charco, con 4.674; Roberto Payán, con 2.941; Olaya Herrera, con 2.898.08 y Barbacoas, con 2.569, cinco municipios que concentran 21.914 hectáreas, representando el 87.8% del total de la coca sembrada en la CPN.


Grafico No. 2

Hectáreas de hoja de coca sembradas en la Costa Pacífica Nariñense 2016-2020. Elaborado por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022.


Esta es una problemática de gran magnitud, que no solo constituye en sí una economía ilegal, sino que se convierte en motor de aceleramiento y profundización de las violencias, violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria. Los actuales indicadores de afectaciones a la población civil desarmada y no combatiente expresan la magnitud del impacto de las economías ilegales en Nariño.


En el contexto actual del departamento, no es posible desligar las economías ilegales de la presencia real y concreta de Estructuras Armadas Ilegales (EAI), como tampoco se puede desconocer el contexto de post-acuerdo, marcado por la limitada implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. En este orden de ideas, las economías ilegales se constituyen como la base económica de sostenimiento de las EAI en el departamento.


Gráfico No. 3



El control y la incidencia de los grupos armados sobre la siembra y transformación de la hoja de coca en pasta base, las rutas de movilidad de los insumos y del producto, y la vinculación de miles de familias[2] a esta cadena productiva, configuran un orden social regulador que incide en las dinámicas políticas y económicas de los territorios. Incluso, las dinámicas institucionales y de políticas públicas se ven afectadas por esta relación entre grupos armados y economía ilegal, ya que deben formularse y ejecutarse de forma condicionada por este contexto.


La política pública nacional y departamental


En términos generales, en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, hay avances formales en la política pública nacional. Estos avances se expresan especialmente en la creación de estructuras institucionales y la contratación de equipos profesionales y técnicos. Dentro de la institucionalidad creada se destacan la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), todas ellas con sedes en la capital Nariñense y en Tumaco.


La política pública departamental para afrontar la problemática de la economía ilegal de la coca, que se diferencia en el discurso y en el enfoque respecto al nivel nacional[3], presenta similitudes en materia de avances formales.


La Gobernación de Nariño creó el programa Acuerdos de Raíz, que es una estrategia integral de recuperación social del territorio enfocada en la prevención, sustitución voluntaria, no resiembra de cultivos de uso ilícito y mitigación de efectos que produce esta actividad ilícita, fortaleciendo la dinámica económica, social y cultural con enfoque étnico y diferencial. Este programa esta articulado con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos, con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y el programa Hecho a la Medida, que es la estrategia de Iván Duque para sustituir cultivos de coca.


Amilkar Pantoja, actual secretario de gobierno de la Gobernación de Nariño, afirmó que:

“el contexto en Nariño es complejo, es como si se tratara de una epidemia en materia de cultivos de uso ilícito, aparecieron en unos territorios y se expandieron a otros. La alternativa departamental ha sido lo que hemos denominado Acuerdos de Raíz, programa con el que hemos planteado una salida negociada y concertada para la sustitución voluntaria de cultivos uso ilícito. La postura del gobierno departamental es no a la fumigación con Glifosato, no a la erradicación forzosa y nuestra postura se basa en el diálogo y la presencia integral del Estado, por ejemplo, que el ejército entre a los territorios con el batallón de ingenieros con maquinaria amarilla para responder a los arreglos de vías, antes que entrar con los hombres que llevan fusiles. La gobernación de Nariño está trabajando en dos frentes, uno en los que ya existen los cultivos de uso ilícito y otro frente a donde no existen o donde existieron cultivos, ejemplo La Cruz, Buesaco, destacándose el caso de Aponte (Municipio del Tablón de Gómez) y evitando que esos municipios vuelvan a los cultivos. Esta es la política pública departamental”(Pantoja, 2022).


A nivel de la política pública nacional para Nariño, para atender la problemática de cultivos de uso ilícito, se desarrolló el PNIS, que, en palabras del secretario de gobierno, en Nariño “se quedó corto porque solo afecta de manera positiva a dos municipios Tumaco e Ipiales, en realidad el impacto del PNIS es mínimo frente al gran monstruo de los cultivos”. Al respecto encontramos que las metas proyectadas por la Gobernación de Nariño tienen planteados mayores alcances territoriales y poblacionales:


“En concertación y articulación con el Gobierno Nacional a través de la DSCI ART, a través de la estrategia Nariño Sustituye, se materializaron los Hechos a la Medida que para el Departamento de Nariño se llama Acuerdos De Raíz, entre la Gobernación de Nariño, los municipios de Samaniego, La Cruz, Tablón de Gómez y Buesaco y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI, a través de los convenios que se suscribieron el 28 de enero de 2022, implementarán un modelo alternativo de sustitución de cultivos ilícitos denominado Hecho a la Medida – Acuerdos de Raíz, que se ajusta a las necesidades que presentan las comunidades de estas zonas a intervenir” (Secretaria de Gobierno de Nariño, 2022).


En febrero de 2022, el gobierno de Iván Duque presentó el siguiente balance infográfico

Fuente: PNIS. Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 2022.


Embellecer las crudas realidades de nuestros territorios y sus problemáticas, mostrándolas en infografías descontextualizadas estadísticamente convenientes, fue un recurso de uso permanente por parte del gobierno que termina con el agravante de que estas se presentan sin contexto ni desagregado alguno. Frente a la infografía anterior, hay una evidente contradicción con las realidades de Nariño. Tumaco, por ejemplo, es el segundo municipio del país con las cifras más altas de hoja de coca (8.832 hectáreas) y desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se ha corroborado el crecimiento y fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en el departamento, lo que da cuenta de la distancia entre la información descontextualizada como la de la anterior infografía y la realidad.


El acceso a la información de los últimos dos años del gobierno Duque ha sido de un manejo reservado, sin embargo, debido a su carácter de incidencia social es, y debería, ser público. El acceso a la información por parte de las instituciones, de los centros de investigación y pensamiento, y de los organismos de control y verificación, ha sido negado y solo se conocen los informes gubernamentales que exponen únicamente cifras generales de supuestos avances sin referentes de comparación ni indicadores que las soporten.


En este sentido, la Procuraduría General de la Nación en su informe sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense, presenta un panorama poco alentador frente a las posibilidades de soluciones estructurales al problema de las drogas y las economías ilegales en Nariño.


Lo anteriormente mencionado obedece, por ejemplo, a que los catastros multipropósito establecidos en los Acuerdos de Paz, que son claves al momento de la ejecución de una nueva Política de Ordenamiento Social de la Propiedad para democratizar la tierra, el acceso y la seguridad de la propiedad rural en zonas focalizadas, “no muestran ningún avance en los municipios PDET de la subregión (…) diez de los 11 municipios no han formado el catastro”, afectando así el desarrollo de una política clave en la solución de un problema estructural de la Costa Pacífica Nariñense.

Unido a ello, el informe previene sobre el impacto negativo del alto porcentaje de informalidad en la propiedad de la tierra en la subregión de la Costa Pacífica Nariñense:


“En este contexto, los datos muestran que la subregión tiene un coeficiente Gini[4] de tierras del 0,8, reportando altos valores en Barbacoas (0,9), Mosquera (0,9), Ricaurte (0,9) y Tumaco (0,8) (IGAC y Uniandes, 2012). Así mismo, el promedio del índice de informalidad de la propiedad rural es de 0,9 para los tres municipios de la subregión que cuentan con datos disponibles: Barbacoas, Ricaurte y Tumaco” (Procuraduría General de la Nación , 2020, pág. 10).


La propiedad de la tierra, sus niveles de informalidad y las dificultades para el ordenamiento territorial, favorecen las economías ilegales, ya que esto constituye una forma de ausencia del Estado que retroalimenta constantemente las condiciones de marginalidad, abandono y violencia que sufre la Costa Pacífica Nariñense. Sin una escritura que lo catalogue como propietario, un o una campesina, indígena o afrodescendiente, es más vulnerable a violaciones de derechos humanos y afectación por parte de las estructuras armadas ilegales, el uso y disputa por la tierra, el despojo, desplazamiento y los conflictos interétnicos por el territorio, están estrechamente ligados a las economías ilegales como la minería de oro, la deforestación y la siembra de cultivos de uso ilícito.


En este orden de ideas, Carlos Zambrano, líder social y comunitario de Olaya Herrera Bocas de Satinga, en la Costa Pacífica Nariñense, quien fue cofundador del Movimiento Étnico y Popular del Pacifico (MOEP), explica con una ecuación simple la solución del problema de los cultivos ilícitos y establece una relación directa entre la situación actual de los cultivos de uso ilícito y la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en la Habana:


“Creo que una de las soluciones a los cultivos ilícitos sería cumplir los acuerdos de paz, que hablan de una sustitución concertada con la comunidad que es lo que no se ha hecho y no ha cumplido el presidente actual, el acuerdo uno de los acuerdos establecen claramente que hay que invertirle al campo, fortalecerlo, que nuestros agricultores encuentren soluciones en la siembra agrícola ya sea de árboles maderables, siembra de plátano, de chontaduro, coco, yuca, papa china, todos esos productos son los que bajarían el índice de violencia en los municipios de la Costa Pacífica (…) hay que invertir más en la niñez, ellos están pasando por una etapa muy difícil, se están volviendo viciosos, fumadores de marihuana, metidos en el alcohol, en el juego y las máquinas (…) yo le apuntaría a la inversión en el campo ya, así a los grupos armados al margen de la ley les tocará irse” (Zambrano, 2022).


La exposición de Zambrano ratifica lo que se ha venido planteando insistente e históricamente, “para las personas inscritas en el programa las razones que los llevan a cultivar coca no encajan con las lógicas criminales que se les atañe, sino que están más asociadas a la falta de oportunidades y al mejoramiento de su situación económica” (Zambrano, 2022).


Reflexiones finales


Los gobiernos locales y departamentales se sostienen con expresiones constantes de buena voluntad y disposición al diálogo y la concertación, pero sus iniciativas son de corto alcance. Su propia debilidad financiera e institucional los lleva a terminar siendo un apéndice de los programas nacionales y su mayor logro es crear nombres llamativos a sus programas, sin que ello necesariamente refleje un enfoque y un método propio y pertinente para los territorios.


A pesar de los incumplimientos y de la política agresiva contra el campesinado por parte del Gobierno Nacional, las comunidades afro y pueblos indígenas que cultivan la mata de coca en los territorios, expresan y reiteran su voluntad para sumir la sustitución voluntaria y concertada, pero un gran obstáculo constante no permite avanzar: la desfinanciación de todos los programas impulsados por los gobiernos locales.


El recurso constante de la utilización y publicación de cifras maquilladas, datos descontextualizados e información oficial sin soporte académico ni investigativo por parte del Gobierno Nacional, no solo reta y minimiza la complejidad del problema de las economías ilegales en Nariño y Colombia, sino que profundiza la desconfianza histórica de los sectores campesinos, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas hacia el Estado y sus instituciones. Y como sabemos la confianza es fundamental al momento de construir soluciones conjuntas entre sociedad y Estado.


La política pública para afrontar la problemática de la economía ilegal de la coca se debate entre la desfinanciación, la impertinencia de los programas y su mínima cobertura territorial, lo que ha dado como resultado la continuidad, ampliación y crecimiento productivo de zonas cocaleras en Nariño que hoy perviven sin paz y en la ilegalidad.


 

Bibliografía

Zambrano, C. (30 de abril de 2022). Entrevista PNIS. (Z. Hernandez, Entrevistador)

Pantoja, A. (21 de abril de 2022). Entrevista. (Z. Hernandez, Entrevistador)

Secretaria de Gobierno de Nariño. (2022). Informe Sustitución de Cultivos Ilícitos Gobernación de Nariño.Pasto: Gobernación de Nariño.

Procuraduría General de la Nación . (noviembre de 2020). Pacífico Nariñense y Frontera. Obtenido de Procuraduría Genera de Nación: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MSI-Reporte%20Pac%C3%ADfico%20y%20Frontera%20Nari%C3%B1ense.pdf



[1] El pico más alto se presentó durante ese año con 45.689 hectáreas, en 2020 se registraron 30.736 hectáreas [2] A nivel departamental, se estima que 23 mil familias nariñenses están vinculadas a la economía ilegal de la coca, de las cuales, según el informe 23 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha inscrito como beneficiarias 17.191. [3] El gobierno nacional prioriza la erradicación forzada con fumigación y pelotones antinarcóticos de erradicadores, por su parte el Gobierno de Nariño habla de solución negociada y concertación con las comunidades. [4] El Coeficiente de Gini de tierras es una medida en donde 0 significa total igualdad y 1 plena desigualdad.