Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Esta vez ocurrió en el barrio El Chagualo de la ciudad de Medellín. Si se conocieran todas las arbitrariedades que son cometidas por miembros de la Policía seguramente este tipo de artículos serían diarios. No obstante, es un hecho que muchos de estos casos no son denunciados por la presión que significa involucrar a alguien de una institución como esta, y porque, como ha quedado demostrado una y otra vez, la justicia es en ocasiones es improcedente para atender este tipo de denuncias.
A pesar de esto tanto las redes sociales, como organizaciones de Derechos Humanos han permitido poner sobre la mesa que estos casos no son aislados, y que por el contrario son sistemáticos y han dejado una y otra vez en riesgo la vida de quienes deberían proteger. Según información presentada en El Tiempo, solo en Bogotá la Policía entre 2019 y septiembre de 2020 había perpetrado 45 violaciones sexuales y 10.071 agresiones físicas.
En este contexto no hay que dejar de nombrar que desde el pasado el 30 de enero de 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia, y aunque con este se pretendía que la institución debía siempre impulsar la solución pacífica de los conflictos y hacer uso de la fuerza como último recurso, la realidad es que los abusos policiales no han parado, y parecieran estar lejos de parar, pues como lo informó recientemente Temblores ONG en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, en los tres primeros años de implementación de este instrumento se han registrado, al menos. 289 asesinatos, 39.613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual.
Según el informe presentado por la ONG de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos casos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23-.
Hoy, a terminarse solo el primer mes de 2021, desde Pares hemos podido conocer dos relatos de violencia policial. Uno, sobre Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años, que el 01 de enero recibió un disparo, que como lo contaba su familia, vino por parte de un uniformado, quien hacía parte del CAI Jardín Santander, en Ibagué.
Hasta el momento, aunque hay una investigación por este asesinato en la Fiscalía a donde fueron llevadas varias pruebas entre ellas videos de las cámaras de seguridad de la zona, la familia asegura que no tienen conocimiento de lo que ha sucedido con el uniformado, y a la fecha no han recibido ninguna comunicación sobre cómo avanza el caso en esta instancia.
Por otra parte, como lo comentó Alejandro Pimiento, hermano de la víctima, por acciones disciplinarias hasta hoy se escuchará a la familia en una indagatoria juramentada en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué.
Las arbitrariedades policiales que pusieron en riesgo la vida de un ciudadano
Asimismo, conocimos el testimonio de Andrea Gómez García, quien denunció que el pasado 19 de diciembre su hermano Edgar Olmedo Gómez García fue víctima de abuso policial en el barrio El Chagualo de Medellín. Los hechos, siguiendo lo narrado por Andrea, ocurrieron luego que dos uniformados de la Estación de Policía la Candelaria llegaran a la zona en donde algunas personas se encontraban departiendo con motivo a la despedida de fin de año.
“Desde que se bajaron tomaron una actitud agresiva, a provocar a la gente. Les decían que se iban a llevar el bafle en el que estaban escuchando música. La dueña del local y del bafle fue hasta donde estaban ellos para que no le fueran a quitar su propiedad, pero en una de esas uno de los policías la tomó del cabello y la tiró al suelo, por lo que la comunidad reaccionó, entre ellos/as mi hermano. Ahí hubo un crucé de palabras. Otro muchacho también se levantó y en ese momento el policía le empezó a pegar, mi hermano intentó meterse para que no lo siguieran lastimando, pero recibió un puño en el labio. Al ver todo esto la gente comenzó a irse y la policía se los llevó a otra parte de la cuadra, pensamos nosotros que para que no lo vieran, con lo que no contaban es que justamente en este lugar había cámaras de seguridad captando lo que estaba pasando”, cuenta Andrea Gómez.
A la zona llegaron varias personas a auxiliar a Edgar, mientras que el policía implicado se retiró de donde se presentaron los hechos. Incluso como parte de su testimonio, Andrea indica que las personas del establecimiento al que pertenecían las cámaras le decían al uniformado que lo auxiliara, que cómo lo iban a dejar ahí; solicitudes que cayeron en oídos sordos.
Dado esto, y sin recibir ninguna atención de primeros auxilios, Edgar fue trasladado por una de sus conocidas en un taxi hacia el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde le tuvieron que realizar una cirugía en la cabeza, debido a que se le había formado un coágulo de sangre al recibir el golpe con el andén, el cual estaba creciendo y amenazaba con poner en riesgo la vida de Edgar, pues como una de las consecuencias de esta afectación física podía haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Además, tras lo ocurrido la víctima también sufrió fractura en su clavícula.
“Mi hermano estaba muy desorientado cuando ingresó al hospital. Nosotros le peguntábamos que qué le había pasado, y él no recordaba lo que había pasado en esa noche; decía que lo había atropellado un carro. Entonces yo le dije que porqué decía eso, si a él le había pegado un policía. Él estaba como con miedo. (…) Nosotros esperamos a que él estuviera consciente y que nos dijera qué quería hacer. El 21 él despertó bien, ese día ya teníamos videos de lo que había pasado, se los mostré y decidimos denunciar”, agrega Andrea Gómez.
Tras esto la familia de Edgar y él fueron a la Fiscalía para exponer oficialmente el caso. Allí se recepcionó la denuncia. Además, otra acción que querían adelantar era contar lo sucedido a través de medios de comunicación, específicamente en TeleAntioquia.
“No sé cómo se enteró el comandante de la Policía de Antioquia y nos frenó. Dijo que él iba a mandar a investigar, pero hasta el sol de hoy ese señor no ha investigado nada. Solamente ha querido como tapar todo para que no sea pública la agresión de este policía”, advirtió la hermana de la víctima.
Por otra parte, desde la Fiscalía se respondió a través de correo que Edgar Gómez García debía ir a Medicina Legal, y que sobre este caso había sido asignado otro fiscal. Con esto la familia decidió llevar el caso a través de un abogado e instaurar otra denuncia por intento de homicidio.
Según el informe presentado por la ONG Temblores, de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos casos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23-. Imagen: Pares.
A esto se suma que, como cuenta Andrea, las personas del establecimiento al que pertenecían las cámaras “estaban muy solidarios colaborándonos, pero cuando el comandante de la Policía dijo que iba mandar a investigar, mandó dos policías al taller donde mi hermano trabaja y también al restaurante donde los videos quedaron grabados. Luego de eso ha sido muy difícil y no sabemos si fue que los amenazaron o algo así, pues ellos dicen que no se quieren meter en problemas”.
Edgar Olmedo Gómez García fue dado de alta el 21 de diciembre. Como se expresó anteriormente, la familia adelanta un proceso a través de la Fiscalía, no obstante, hasta el momento la víctima y su familia desconoce qué ha pasado y si en efecto se ha adelantado alguna investigación ya sea a través de este organismo o de la Policía – de la cual tampoco han recibido ningún acompañamiento ni comunicación-.
Para Edgar, así como para cada una de las personas que han sufrido las arbitrariedades de miembros de esta institución se seguirá exigiendo justicia. Adicionalmente, este caso sigue poniendo sobre la mesa y resaltando la urgencia de una reforma policial.