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Violencia sexual y Fuerza Pública, una epidemia nacional

Por: Laura Cano


Después de aplazarse en tres ocasiones el debate sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual, finalmente tuvo lugar el pasado 30 de julio, tras ser aplazado el 15 de julio, el 17 y el 23 del mismo mes.


Allí, uno de los temas a discutir era la sistematicidad de los hechos, pues este precisamente ha puesto sobre la mesa el cuestionamiento si se trata -como se ha querido mostrar- de “manzanas podridas”, o si por el contrario es el resultado de una formación en la habría ausencia de la enseñanza de los principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos, y en la que a su vez predomina la doctrina del enemigo interno.


Con esto, hay que resaltar que en una de sus intervenciones la senadora Aída Avella señaló que: “El problema no es de ahora, el problema se ha vuelto repetitivo dentro de todas las Fuerzas, esa es una situación que nos tiene que preocupar porque es la autoridad, porque aquí el Ejército y la Policía tienen el predominio de las armas”.


En este sentido y siguiendo las palabras de la congresista, hay que señalar que este debate se da a causa de una serie de relatos de mujeres víctimas de hechos de violencia sexual cometidos por miembros da las Fuerzas Militares, en el que se enmarca el de la menor Emberá Katío secuestrada y abusada sexualmente por siete (7) miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda).


Con ocasión al debate realizado y con lo dicho por Avella es importante hacer referencia a este hecho específico porque fue éste junto con la valentía de la víctima al contarlo y la presión mediática lo que sentó la necesidad de reconocer la violencia sexual como uno de los hechos más denigrantes cometidos contra las mujeres por parte de la Fuerza Pública tanto en el marco del Conflicto Armado, como en otros contextos.


Agregándose que además de dar paso a la discusión pública, también permitió que otras mujeres comenzaran a contar y denunciar sus casos. Igualmente, a que organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos y feministas pusieran dentro de sus esfuerzos conocer lo sucedido, promover la no repetición e instar para que las instituciones dispuestas para la denuncia, atención y acompañamiento realmente sí hagan su trabajo de forma efectiva y oportuna en relación con las víctimas.


Falta articulación entre entidades que atienden a las mujeres, porque ahora más o menos funciona sometiendo a las a la dinámica del pin pon, de un lado para el otro, ruedan por todo lado y nadie les da ninguna solución. Yo admiro las redes de mujeres que sacan a la luz los maltratadores, porque eso nadie más es capaz de hacerlo y esa acción es una forma de defender a las mujeres. Esta situación se nos ha vuelto una epidemia muy complicada”, enfatizó Aída Avella.

Vale la pena señalar que mientras algunos congresistas como Ruby Chagüi, del Centro Democrático, afirmaban que no se puede desprestigiar a las Fuerzas Militares de Colombia, «por unos cuantos que realizan hechos delictivos”, y que además las políticas del Ejército “nunca han estado diseñadas para violar los derechos de los niños de Colombia, sino para asegurar la vigencia del orden democrático y el pleno respeto de los derechos humanos.», por otra parte, se enfatizaba en la urgencia de conocer en qué está basada la formación militar y reformar dichos programas, priorizando la responsabilidad del Ejército con la población civil.


Pistas para no hablar de hechos aislados


Dentro de sus argumentos la senadora Aída Avella citó, a partir de los reportado por Medicina Legal, que desde enero de 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual y 6.479 de ellos fueron a menores de edad. Agregó también que Sisma Mujer registró que durante 2017 se denunciaron 43 casos de violencia sexual cometidos por las Fuerzas Militares y la Policía, mientras que en 2018 los casos subieron a 74.


Adicionalmente, respecto a lo corrido del 2020 advirtió que «la Defensoría del Pueblo indica que en los primeros cuatro meses atendió 122 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto y en 2019 fueron 595 casos”. Además, llamó la atención a la forma en la que se están tramitando estos casos cuando involucran comunidades indígenas, pues señaló que las instituciones «desconocen las lenguas indígenas para el trámite de las denuncias», lo que además provoca una doble victimización.


Si bien estas cifras responden también de alguna forma a los subregistros que especialmente este tipo de violencia y este tipo de victimarios provocan, sí hay que nombrar que desde distintas entidades, como las anteriores, se han dado pistas de que los múltiples hechos conocidos en las últimas semanas no son casos aislados, incluso en medio de este contexto el general Eduardo Zapateiro, señaló que desde 2016 hay 118 uniformados bajo investigación por casos de abuso sexual que involucran a niñas, niños y adolescentes. De estos, 76 han sido retirados del servicio activo y los demás son investigados disciplinariamente.


Por otra parte, desde Temblores ONG se encontraron 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia entre 2017 y 2019. Del total, 139 casos habrían sido cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, mientras que los 109 restantes por miembros de la Policía, reportándose 54 en 2017, 101 en 2018 y 86 para el 2019.


Adicionalmente, hay que nombrar que desde lo analizado por la organización se halló que en el 74% de los casos las víctimas habían sido mujeres, asimismo, la mayoría de estos hechos son denunciados en Bogotá. Lo que pone en discusión el creciente subregistro que podría presentarse en las regiones donde instaurar una denuncia está atravesado por complicaciones de cobertura institucional, pero también de prejuicios y problemáticas sociales, además de contextos de violencia.


Esto resalta la necesidad de descentralizar el debate, las medidas, la institucionalidad, pero también de seguir reconociendo los tipos de violencia cometidos diferencialmente contra las mujeres e instar por la reparación y no repetición, más aún cuando estos hechos han sido cometidos por un organismo que debe brindar protección.


Por todo esto, una las solicitudes de la senadora Aida Avella en medio del debate, fue pedir el acompañamiento de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic, para que se pueda hacer desde este organismo veeduría a esta situación, partiendo del control que se necesita para evitar que la impunidad en estos hechos relacionados con la Fuerza Pública siga siendo el denominador.