Violencia contra estudiantes de UniAtlántico

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares


Hace un mes, para el 1 de octubre, Pares alertó de la difícil situación de Derechos Humanos que se vivió en la Universidad de Atlántico por cuenta de los disparos realizados por uniformados del Batallón de Policía Militar No.2 Barranquilla. Sin embargo, los atropellos de la Fuerza Pública no son un tema del ayer, justamente, en de la Semana de la Memoria 2019 que se desarrollaba por parte de la comunidad universitaria; se registraron agresiones por parte de las autoridades en contra de representantes de Derechos Humanos, en el marco de unas manifestaciones que desarrollaban los y las estudiantes.


Retención de estudiantes


Precisamente, en redes sociales circularon distintas denuncias sobre el proceder de la policía y el ESMAD al interior de la universidad. Entre otras cosas, denunciaron que uniformados impidieron y agredieron a unos representantes de Derechos Humanos en su labor de identificación de los estudiantes que habían sido capturados. Una de las denunciantes fue Flor Borja— abogada de Derechos Humanos y representante estudiantil —; quien por medio de un video contó cómo el ESMAD frustró la identificación de estudiantes. Además, señaló que recibieron golpes y amenazas por parte de la autoridad.


De hecho, las preocupación de los estudiantes sobre las condiciones en que fueron retenidos los estudiantes los mantiene en incertidumbre. A su vez por las acciones de retaliación que les pueda generar los procedimientos por parte del ESMAD y la policía. Asimismo, sobre la forma en que, sin ningún tipo de reparo, en el mismo mes; la comunidad universitaria ha sido víctima en el mismo mes por parte de uniformados.


Además de la victimización


Otra de las denuncias tiene que ver con la irrupción por parte del ESMAD en la Universidad de Atlántico, a propósito de la estigmatización que se ha desplegado en los medios de comunicación hacia las manifestación universitaria. Precisamente, mientras en los medios se despliega noticias sobre el uso de la violencia en las manifestaciones y el debate que esto ha generado; en vídeos de redes sociales se evidencia cómo en el campus de la Universidad, policías y encapuchados hablan y caminan.


Entre tanto, el alcade de Barranquilla sigue sin pronunciarse ante los hechos de violencia en contra de los estudiantes. De hecho, los estudiantes manifestaron que se mantendrán en paro hasta que el alcalde de Barranquille se pronuncie ante las delicada situación de Derechos Humanos y tome cartas en el asunto.


El derecho a la protesta


Sin dudas, tras los sucesos de las últimas semanas en las distintas universidades del país, se está reavivando un debate sobre el papel de la fuerza policial en las protestas y sus distintos impactos en materia de derechos humanos. Resulta ilustrativa la visión de Juan Carlos Amador, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien escribió en Viva la Ciudadanía un texto que tituló ‘Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD’.


En el texto, entre muchas otras cosas, Amador se llevó a colación a la sentencia C-742 de 2012 que refiere al “uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros”. Esta sentencia vista en clave del caso de la Universidad de Atlántico pondría en mayor evidencia el peligroso e ilegal proceder de los uniformados.


Asimismo, otro de los elementos que esboza Amador y que contribuyen al capítulo sucedido en la Universidad del Atlántico, tiene que ver con que, en palabras del profesor de la Universidad Distrital “la presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros.”


Tras conocerse los vídeos de la protesta, queda en evidencia —ante ausencia de pruebas vigentes que prueben lo contrario— de que los uniformados actuaron sin presentarse una situación que conllevara a un último recurso, accionando armas de largo alcance que pusieron en máximo riesgo a la comunidad universitaria y a terceros en cuestión.