Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“El reclutamiento como la utilización no han sido operaciones aleatorias, han respondido a un conjunto de definiciones y acciones relacionadas con las apuestas estratégicas, políticas y militares de los grupos armados y que se desarrollan en el marco de la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes”.
Una guerra sin edad, CNMH
El pasado 01 de marzo de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 07, el cual investiga los hechos de reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, y otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra.
En este sentido son alrededor de 8.000 casos los que se trabajan, los cuales fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Vale la pena mencionar que éstos tratan sobre la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de la antigua FARC-EP y la Fuerza Pública, tanto de quienes integraron sus filas para combate, pero también quienes lo hicieron para realizar otras tareas como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo, y de quienes fueron reclutados para propósitos sexuales.
Adicionalmente, en el Caso también se investiga otro tipo de vulneraciones a menores dentro de las dinámicas de la vinculación a los grupos armados, delitos que además de afectar a las niñas y niños, también lo hicieron con sus familias y comunidades; como el desplazamiento, homicidios, amenazas, violencia sexual, anticoncepción, embarazos y abortos forzados (violencia reproductiva).
Vale la pena mencionar que, como lo dicta el informe «Una guerra sin edad» del Centro Nacional de Memoria Histórica, “las modalidades de reclutamiento no han sido uniformes ni han permanecido estáticas en el tiempo. Además, su ocurrencia ha estado estrechamente vinculada a la heterogeneidad de experiencias, a los territorios y zonas de influencia de cada actor armado, así como, a las particularidades de cada grupo para determinar su capacidad y estrategias para reclutar y fortalecer sus tropas en sus zonas de retaguardia y de expansión”.
Ante esto la JEP decidió investigar el caso en subcasos; primero el sub-caso Farc EP como responsables del delito y otro como el sub-caso Fuerza Pública. Adicionalmente, y ante un número de hechos importe cometidos contra miembros de comunidades indígenas (471) y afrodescendientes (413), el organismo también estableció la pertenencia étnica como una línea trasversal.
En este punto vale la pena nombrar dos cosas: por un lado, según lo informado por la JEP, se identificó que desde 1997 hubo una constante ascendente hasta el 2000 -fecha con mayor número de hechos registrados-, dinámica que se mantuvo hasta 2011. Un año después se registró un nuevo pico y tras esto los casos descendieron. En cuanto a los casos cometidos presuntamente por las Farc la JEP muestra la siguiente gráfica:
Por otra parte, hay que decir que grupos como las AUC no fueron ajenos a esta práctica, incluso cuando en su Estatuto se establecía la prohibición del reclutamiento de personas menores de 18 años. Muestra de esto es que sentencias de Justicia y Paz registran 1.625 víctimas de reclutamiento ilícito y, de acuerdo con la información de la base del Observatorio de Memoria y Conflicto se informa de 3.041 registros atribuibles a los grupos paramilitares entre los años 90 y 2006.
Las Farc comparecen por reclutamiento a menores
Con este panorama la JEP decidió vincular a 37 comparecientes ex miembros de las Farc EP. De estos ha citado a 15: Pablo Catatumbo Torres Victoria, Edgar López Gómez, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodolfo Restrepo Ruiz, Martín Cruz Vega, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Milton de Jesús Toncel Redondo, Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Jhon Jairo Pardo Hernández, Rodrigo Londoño Echeverry, Juan Hermilo Cabrera Díaz, Abelardo Caicedo Colorado y Diego Ardila Merchán.
Los anteriores comenzaron a dar sus versiones virtualmente desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre, dando orden a las citaciones por medio de los bloques a los que pertenecían. Así el primero es el Bloque Occidental y le seguirán el Bloque Magdalena Medio, Bloque Noroccidental, Bloque Sur, Bloque Oriental, de nuevo el Bloque Magdalena Medio, y por último el Bloque Caribe.
Estas primeras personas que fueron llamadas a la Sala de Reconocimiento de Verdad fueron citadas para poder establecer cuáles fueron las decisiones que se tomaron desde las directivas de las Farc frente al reclutamiento de niñas y niño, por lo que además estos exintegrantes de la antigua guerrilla también fueron miembros del Estado Mayor Central y el Secretariado entre 1978 y 2007. Igualmente, se encontró que ellos habían participado en las VI, VII, VIII y IX Conferencias Nacionales Guerrilleras y los Plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 2000, donde se perfiló esta práctica.
De esta forma hasta el momento se han tenido varios avances. El primero de ellos fue acercarse a lo que en los cinco eventos nombrados anteriormente se llegó desde las Farc frente a los reglamentos de reclutamiento a menores. También ya se comenzaron a escuchar a los primeros excomandantes citados: Pablo Catatumbo (miércoles 19 de agosto) y Édgar López Gómez (20 de agosto). En estas sesiones estuvieron los magistrados Iván González y Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento de la JEP, además de los representantes de las víctimas acreditadas y de funcionarios del Ministerio Público.
Por último, en este Caso la JEP a través de los informes que ha obtenido a través del Inventario del conflicto armado interno, el informe No. 4 Vinculación y utilización de niños, niñas y Adolescentes por las Farc EP, la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Centro de Cooperación Indígena, COALICO, Colombia-Nación de Muchach@s y Women’s Link WorldWide; adicional de documentos rectores de la extinta guerrilla, se ha encontrado “que en una base de datos contenida en los computadores del Bloque Oriental se encontraron 286 registros de personas que ingresaron siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron”.
Todo esto son pasos importantes para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio del conflicto armado y llamados por las garantías de reparación y no repetición. Son muestra también del compromiso y el trabajo juicioso de la JEP y la voluntad de aportar a lo acordado en La Habana por parte de los exguerrilleros.