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Uribe creyó que había una conspiración

Por: León Valencia


El memorando de 77 puntos que Álvaro Uribe Vélez llevó a la Corte Suprema de Justicia este martes 5 de mayo es una bomba que ha pasado desapercibida para la opinión. Uribe confiesa las motivaciones de sus acciones en el tormentoso año que va de finales de 2007 a finales de 2008. Allí asegura que había intención de removerlo de la Presidencia y una conspiración interna y externa contra la seguridad nacional de nuestro país. Con ese video en su cabeza justifica todas sus acciones.

El problema es que parte de esas acciones se hicieron saltando por encima de la legalidad nacional e internacional y terminaron comprometiendo en líos judiciales a sus colaboradores más cercanos y a futuro pueden también llevarlo a él a responder por graves delitos.

El memorando es excepcionalmente revelador, y complementado con el repaso de algunos hechos de ese periodo, intensamente perturbadores de la vida nacional, podemos comprender el porqué de la persecución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las ‘chuzadas’, la estigmatización a críticos y opositores acusándolos de pertenecer al terrorismo, la transgresión de normas internacionales en grandes operaciones contra las guerrillas y la ruptura diplomática con Venezuela y Ecuador con hondas repercusiones en las relaciones con los otros países de la región.

A lo largo del documento, Uribe habla de un interés de la Corte Suprema de sacarlo de la Presidencia y reitera una y otra vez que había fuerzas en el país y en el extranjero atentando contra la seguridad nacional, dice que era su obligación preguntar por las personas y las organizaciones que urdían estas acciones.

En el punto 40 Uribe cita unas grabaciones de las conversaciones entre magistrados de la Suprema divulgadas por El Espectador, y dice que “Alguien más acucioso que mi persona podría inferir de esa publicación que había magistrados interesados en remover al presidente. En efecto esto puede deducirse de las palabras publicadas a uno de ellos”. Y en el punto 69 señala que “La batalla de mi gobierno ha debido enfrentar a personas y organizaciones políticas y no gubernamentales que persistentemente atentan contra nosotros en el país y en el extranjero”.

Luego en el punto 76 es más específico y abre un gran campo de justificación de sus acciones. Dice “Operaciones de seguridad nacional son obligatorias como indagar por el caso de la senadora que incitó a un golpe de estado desde México, o por los dineros del chavismo a exmujer de dirigente político, o por utilización chavista de una empresa venezolana en Colombia para financiar grupos políticos infiltrados por el terrorismo”.

No eran los únicos temas que preocupaban al presidente Uribe. En octubre de 2007 aparece el escándalo de alias Tasmania, un preso que se inventa el cuento de que el magistrado Iván Velásquez tiene el interés de acusar a Uribe de un asesinato. En noviembre Chávez, quien funge como mediador para el intercambio humanitario, saltándose toda formalidad diplomática, llama al general Mario Montoya para conversar del asunto. Por esos días el gobierno se entera que Gustavo Larrea, ministro del Interior del gobierno ecuatoriano, tiene fluidas relaciones con las FARC.

El 11 de diciembre se conocen las intensas presiones de Francia y Brasil para que Uribe negocie con la guerrilla la liberación de Íngrid Betancourt. En abril de 2008 la parapolítica llega a su punto culmen con la detención de Mario Uribe, mentor y primo del presidente. En ese mismo mes estalla el escándalo de la Yidispolítica y el cuestionamiento profundo a la reelección presidencial.

Con esta película rodando ante sus ojos Uribe alinea al gobierno y a las Fuerzas Armadas para responder con una contundencia, una frialdad y un cálculo impresionantes. Responde a lo que él cree una conspiración con otra conspiración. Ordena que los organismos de inteligencia indaguen por las actividades de los magistrados, de los opositores, de los periodistas, de todos los críticos, eso sí, sin insinuar nada ilegal, dice. En noviembre 29 rompe relaciones con Venezuela. En marzo de 2008 sin consultar con el presidente Correa ataca el campamento de Raúl Reyes en Ecuador y fractura la relación con este país. En julio, mediante una hábil maniobra de engaño que incluyó la utilización de símbolos de la Cruz Roja Internacional, rescata a Íngrid Betancourt y a otros 11 secuestrados. En ese tiempo monta también todo el aparataje para su segunda reelección lleno de vicios e ilegalidades.

Uribe después de confesar las motivaciones y las acciones ordenadas le echa la culpa de las ilegalidades a los subalternos. Es su coartada. Refiriéndose al caso de la exdirectora del DAS dice: “Es víctima de subalternos que ejecutaban a su amaño las tareas y aceptaron violar la ley y acusar a su superiores para negociar sus penas”. ¿Los tribunales y la historia creerán esto?

Columna de opinión publicada en Revista Semana


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