Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Este 20 de julio inició en Colombia la última legislatura del actual Congreso de la República. Históricamente, a este se le considera como un año perdido en materia legislativa, pues, por lo general, se tramitan temas de poco interés para el país, los congresistas pasan la mayoría del tiempo haciendo sus campañas en lugar de asistir al Capitolio y, además, consideran poco ético atar al próximo Gobierno con reformas que él mismo no gestionó. Así, la historia cada cuatro años es la misma.
Pero este año, si el Congreso se lo propone, la situación podría ser otra. La crisis económica, la no aprobación de muchas reformas en las anteriores legislaturas y la presión social por cambios harán que este año llegue al Legislativo una avalancha de normas que, además de urgentes, son vitales para el país. De allí que si este jugador político actuara de forma estratégica –aprovechando el momento– ganaríamos todas las personas, convirtiendo esta legislatura en una muy distinta a la que se configura normalmente.
Una opción ganadora para el Senado y la Cámara sería realizar los debates de las propuestas legislativas con altura, entregando este año a la ciudadanía unas normas prioritarias que son necesarias discutir y aprobar. Solo así se transformaría un año típico –de no hacer nada en el Congreso– en un período de aprobación de proyectos de primer nivel. De esta forma, la buena gestión se convertiría en una estrategia efectiva para enfrentar la deslegitimidad y, a la vez, hacer frente al aislamiento social que no permitirá el normal desarrollo de las campañas.
Esta semana, por ejemplo, se comenzará a hablar de una nueva reforma tributaria, llamada de Inversión Social. El Gobierno Duque quiere actuar, quiere atender el llamado de sectores empresarios y de las instituciones financieras internacionales de dejar sentadas las bases para la solución a mediano plazo de los problemas económicos y sociales causados por la pandemia, tales como los altos niveles de desempleo, pobreza y crisis empresarial y productiva.
El Gobierno, a pesar de los costos políticos que tiene proponer este tipo de reforma, intentará tapar el hueco fiscal antes de finalizar su mandato. Quiere también cumplir con la promesa que le hizo a la juventud de, por lo menos, tramitar ante el Congreso unos programas de apoyo a la nómina de las empresas para su contratación y acceso gratuito a la educación superior para personas de estratos bajos.
También, piensa presentar una reforma a la Policía Nacional. Luego de dos años de presión ciudadana y de los graves actos del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) –que dejaron centenares de muertos y heridos– el Gobierno propondrá una reforma al Estatuto Disciplinario de este organismo. Esta será una buena ocasión para que, desde el Congreso, se debata la reforma, se escuche a la ciudadanía y se introduzcan los cambios a los límites que debe tener este viejo organismo.
Finalmente, el Gobierno Duque intentará regular la protesta social. Insistirá en la vieja estrategia de defender la seguridad y la democracia, de allí que buscará castigar algunos actos de protesta social: aquellos que considera desbordes en violencia, vandalismo y terrorismo. Lo que debe hacer el Congreso es dejar clara su postura frente a este tema; debería, con mesura, tomar las banderas de las personas jóvenes y defender el maltratado derecho a la protesta que tenemos en Colombia.
En síntesis, todas estas propuestas legislativas, sabiéndose aprovechar, servirían para darle respiro a un Congreso deslegitimado. Sería una buena decisión que los parlamentarios, en lugar de faltar al espacio de trabajo, hicieran su campaña mostrando buena gestión. Esta sería una oportuna forma de convencer al electorado de su reelección, en un entorno donde salir a la calle, como comúnmente lo acostumbraban, es muy difícil.
De nuevo, frente a las reformas nombradas, el Congreso podría aprovechar los debates en su recinto para atar, de una vez, al Gobierno nacional para que se mantengan las decisiones de apoyar a la población juvenil con trabajo y educación. Estas decisiones son avances que –aunque tibios– representan un freno al declive del estado social de derecho. Incluso, podría ser una oportunidad para debatir propuestas más progresistas y atrevidas, como la de una renta básica mensual.
También el Congreso podría escuchar a variados actores, entre ellos, al Comité Nacional de Paro con su reforma tributaria alternativa –además de otras propuestas de ley y actos legislativos que presentará al Congreso–. Jugada que, sin duda, reduciría los ánimos de protesta y el malestar general de las personas manifestantes, evitando que de nuevo la juventud y los organizadores del paro vuelvan a las calles para presionar la discusión de la agenda.
Y en cuanto a las sanciones a las personas protestantes, el Congreso podría incentivar el valor de la protesta pacífica y recuperar legitimidad con las y los jóvenes, convirtiéndoles en un sector aliado; sobre todo, en momentos como este en el que once millones de jóvenes se preparan para elegir –el 28 de noviembre– los Consejos Municipales y Locales de Juventud: valiosos aliados en la renovación del poder en los próximos años.
En conclusión, el deslegitimado Congreso, que inicia la última legislatura, sabiendo pensar estratégicamente, podría convertirse en un actor político clave, tanto para realizar las reformas que se reclaman los diversos actores –Gobierno, empresarios, sindicatos, estudiantes– como para convertirse en agente constructor de paz al escuchar a los jugadores en disputa y negociar políticamente las demandas sociales.
El Congreso debería permitir que la ciudadanía observe unos legisladores debatiendo y aprobando normas necesarias y urgentes; esto haría que, en lugar de ser el habitual año perdido, se convierta en un instrumento para equilibrar el poder presidencial, mejorar la democracia representativa y convertir el Congreso en un recito de debate –parecido al ágora griega–. En breve, hacer campaña a través de la buena gestión y no con la habitual compra de votos y promesas vanas. Esperemos qué pasa.