Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“Lo que ha dicho el ministro Diego Molano es una infamia que pretende encubrir un crimen de guerra. Los/as niños/as deben ser protegidos para evitar que grupos armados ilegales los recluten, y en caso de reclutamiento deben ser protegidos; el derecho a la vida de los menores prevalece sobre cualquier otra justificación. En todo caso bombardear un campamento para después averiguar si había niños o no, podría ser una grave infracción al derecho humanitario. Si no se demuestra que era una operación inevitable desde el punto de vista militar, cualquier investigación que se haga al respecto debería determinar una responsabilidad de quienes reclutaron a los niños y también de quienes dieron la orden del bombardeo”, Jorge Rojas, director de CODHES.
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Recientemente Hollman Morris informó a través de Tercer Canal que varios niños fueron bombardeados por miembros de la Fuerza Omega, del Ejército Nacional, en la vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar, en el Guaviare. El hecho tuvo lugar el pasado 02 de marzo, y, hay resaltar, aunque se hizo una rueda de prensa tras la acción militar, esta fue realizada en Villavicencio y no fue transmitida en vivo, como lo aseveró Laura Victoria Alvarado, directora de Marandúa Estéreo, medio local del Guaviare.
Lo cierto es que hoy por medio del programa de Morris se dio a conocer un comunicado de la comunidad, en el que se indicaba que familiares de las víctimas habían llegado hasta San José del Guaviare y la capital del Meta, con lo que también se ha logrado establecer que habría, al menos, 20 personas desaparecidas como consecuencia del bombardeo.
“Lo grave de todo este acontecimiento es que se trata de niñas y niños campesinos/as que han sido víctimas de los núcleos más guerreristas de los aparatos armados del Estado colombiano. (…) En San José del Guaviare hay tres menores heridas y mutiladas por las bombas”, se lee en el documento.
Según la información presentada por Morris las víctimas mortales de lo sucedido serían: Cristian Alexis Quebrada Opocué, 19 años; Samir Sebastián Navarro Esguerra, 16 años; Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, 9 años; Zaira Ruiz Guerrero, 13 años; Karen Nayerly Chaves Triana, 16 años; Wilder Andrés García Sorza, 19 años; José David Macías Díaz, 13 años; Yeimi Sofía Vega Merchán, 14 años; Marlon Estiven Mahecha Herrera, 12 años; Jhon Javier Cortaza Cano, edad sin confirmar; Jorge Manuel González López, 14 años; Dann Lizeth Montilla Marmolejo, 16 años; Jhonatan Sánchez Zambrano, 10 años; Sebastián Andrés Varón Rojas, 16 años.´
Aunque esta información no se ha confirmado, el senador Roy Barreras afirmó a través de su cuenta de Twitter: «Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia y protocolo de Minessota».
El protocolo mencionado por el senador es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por parte de agentes del Estado.
Hay que señalar que, una vez conocida públicamente esta información, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que se indicó que las Fuerzas Militares “planearon y ejecutaron una operación militar (…) sobre un área campamentaria, donde se planeaban acciones terroristas, y en la cual se encontraban integrantes de la estructura de alias Gentil Duarte. (…) En el desarrollo de esta operación, a la fecha, se han logrado los siguientes resultados: 12 muertes en operaciones militares; la identidad, sexo y edad serán establecidos por las autoridades competentes”, expusieron en el comunicado.
Justamente sobre esta información han sido varias las reacciones, entre ellas las de Roy Barreras, citado más arriba, quien también puso sobre la mesa el cuestionamiento sobre porqué después de muertos el Ejército va a determinar la identidad, sexo y edad de las víctimas; “¿eso quiere decir que inteligencia militar “otra vez” no sabía que bombardeaban niños en lugar de rescatarlos? Y, además, de niños muertos y heridos, ¿cuál fue el resultado? ¿Capturaron a alias Gentil Duarte?”, expresó el congresista.
Ministerio de Defensa: ¿falta protección a menores?
Hay que iniciar que este hecho está antecedido por graves implicaciones de la Fuerza Pública contra menores de edad. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Roy Barreras, develó un informe que en un operativo del Ejército realizado en el mes de agosto de ese año, y que fue presentado como un éxito, en realidad fueron asesinados niños y jóvenes menores de 20 años.
El congresista aseguró que el 2 de septiembre de 2019 el ministro Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá, donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, el senador Barrera acusó a Botero de esconder que en ese bombardeo fallecieron varios menores de edad.
“El joven Abimiller Morales tenía 17 años, Willmer Castro 17, Diana Medina 16 años, José Rojas Andrade 15 años, Jhon Edinson Pinzón 17, la niña Ángela María Gaitán tenía 12 años y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños”, señaló en ese momento Barreras.
Sobre este hecho, en noviembre de ese año pasaron dos acontecimientos, por una parte, Botero renunció a su cargo ante las constantes exigencias para que el funcionario dejara el puesto por la gravedad de lo sucedido, caso sobre el que días después Noticias Uno dio a conocer que no se trataría de 7 menores, sino de entre 16 y 18.
Tras esto, llegó al cargo Carlos Holmes Trujillo, quien tampoco pasó sin cuestionamientos por violaciones a menores de edad; por un lado, en octubre de 2020, el Barreras indicó que, en el caso mencionado anteriormente, habrían sido asesinados 36 menores en San Vicente del Caguán, información que, como lo indicó Barreras, estaba siendo ocultada por el entonces ministro.
Es necesario traer a colación que, en su momento, al igual que se está haciendo ahora, Guillermo Botero aseguró que la operación se hizo bajo los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, no obstante, hay que recordar que en agosto de 2020 el medio de comunicación Cuestión Pública publicó que a través del informe de inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional”, “se demuestra que el 24 de agosto de 2019, cinco días antes de la denominada Operación Atai, el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias “Cucho” estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad”.
Adicionalmente, en junio de 2020 la Comisión de Paz del Senado denunció que, en combates con el Ejército, en marzo del mismo año, fueron asesinados «o bombardeados» cuatro menores de edad en la zona rural de Argelia, Cauca, y hasta ese momento el Estado no los había reportado.
A esto se sumó que en ese mismo mes autoridades tradicionales de Pueblo Rico, Risaralda, denunciaron que el 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia.
Sobre estos hechos hay que anotar que, aunque se han adelantado algunas acciones, se sigue insistiendo en que haya justicia y se conozca lo ocurrido y responsables en cada hecho. Además, también esto ha provocado que se pida la renuncia de los últimos ministros de defensa que han pasado por la entidad estatal. Ahora con un ministro recientemente posesionado en el puesto el panorama no parece cambiar mucho.
Diego Molano: el desacierto de sus palabras
Molano llegó al Ministerio de Defensa en febrero de 2021, sobre su nombramiento, Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Crimen Organizado de Pares escribió que “Molano ocupó la dirección general del ICBF, fue concejal de Bogotá y ha ocupado otros cargos públicos, sin embargo, su aproximación a los temas del sector defensa y seguridad son mínimas o inexistentes”. Hoy de alguna forma esa falta de experiencia y acercamiento a la defensa de las garantías de Derechos Humanos de la población se hace evidente. -intencionalmente o no-.
Tras lo informado por Tercer Canal, Molano aseguró a través de la W Radio, por un lado, que será la Fiscalía quien determine si en efecto había menores en el lugar. Adicionalmente afirmó que se conocía que había jóvenes en el campamento guerrillero. Además, indicó que “el desarrollo de los operativos es legitimo porque allí había una estructura de Gentil Duarte que atenta contra la sociedad colombiana. (…) Aquí hay una guerra jurídica de dar información para deslegitimar a nuestro Ejército en el marco de una operación que cumple lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario”.
Además, agregó: “Aquí los que son responsables de que los jóvenes sean maquinas de guerra son las disidencias de las Farc. En el DIH cuando se hace la valoración lo que es claro es que, si los jóvenes están en un campamento, participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo la población, la operación se debe hacer. (…) No estamos hablando de jóvenes que no tenían conocimiento pleno; fueron transformados y convertidos en maquinas de guerra por esta organización. Las edades y lo que han salido a decir es parte de esa guerra política con la que buscan quitar legitimidad a la Fuerza Pública”.
Sobre todo esto, desde Pares hablamos con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.
Pares: En lo que va del año, ¿cuál es el balance que desde su organización tienen sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes?
Hilda Molano: Desde la COALICO se ha denunciado de manera constante el registro de reclutamiento de niños y niñas en las diferentes zonas del país por parte de diversos grupos armados en Colombia. En el año 2020 con la consolidación que hicimos, evidenciamos que, al menos, 222 niños y niñas fueron víctimas de este tipo de vulneraciones. Ya para el 2021, en los primeros dos meses, llevábamos identificados 25 casos en los que, al menos, 38 menores han sido reclutados.
Eso de lo que da cuenta es que efectivamente la situación no ha cesado, se mantiene, y como organización de la sociedad civil lograr dar cuenta de la totalidad de victimizaciones de este caso no es posible, pero lo que demuestra lo que hemos logrado establecer es que esta situación sigue siendo crítica.
Pares: En el 2020 hubo un recrudecimiento de la violencia en el país, y se ha advertido que este año esta situación se puede acentuar. ¿Este panorama cómo afecta puntualmente a los menores de edad? Teniendo como punto de referencia lo denunciado recientemente.
H.M: Es importante ver que los niños y las niñas están siendo víctimas de reclutamiento forzado, que es un fenómeno que no ha parado incluso con la firma del Acuerdo de Paz. Pero hay que señalar que los menores no solo se ven afectados/as por este tipo de hechos, también se ven atravesados por las afectaciones relacionadas, por ejemplo, con el desplazamiento forzado y el confinamiento.
Hoy se materializa más cada una de las advertencias que se han hecho sobre la realidad de los menores, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos de zonas de especial exposición a la presencia de actores armados ilegales, esto implica una amenaza constante, común, colectiva y también individual.
Además, también provoca preocupación los casos de violencia sexual, pues efectivamente la presencia de actores armados en los territorios incrementa el riesgo de violencia sexual contra las niñas y los niños, considerándose que dentro de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos especialmente son las niñas y las mujeres adolescente las mayores víctimas, y además, haciendo evidente que estas vulneraciones también son parte de la realidad a la que se enfrentan los/as menores.
Pares: ¿Lo anterior cómo se ha visto afectado por la situación de pandemia que hay en el país desde hace ya casi un año?
H.M: La pandemia facilitó y permitió el acceso de los grupos de los niños y las niñas. Vimos en el país cómo en el periodo más fuerte de las medidas preventivas fue uno de los periodos de mayor registro de reclutamiento en el país; el cierre de las escuelas efectivamente ha implicado una exposición mayor de los/as menores a estas situaciones relacionadas con la utilización y reclutamiento.
Pares: Cuando Botero ejerció como ministro se hizo una denuncia similar a la actual, igualmente durante el año pasado, con Holmes Trujillo en cabeza de la entidad, se reportó el abuso sexual contra una menor indígena, ahora con Diego Molano se presenta este hecho, y además pareciera estar legitimando la acción diciendo que los menores eran “máquinas de guerra”. ¿Cómo se puede evaluar el trabajo de los últimos años del Ministerio de Defensa en cuanto a la dirección de las Fuerzas Militares y la protección de los niños/as?
H.M: Para la COALICO es de rechazo absoluto esto y se hace un llamado al ministro. Evidentemente esta cuestión no se reduce a los estándares y a decir que estamos en una situación que requiere acciones de la Fuerza Pública para la retaliación de la presencia de los actores armados ilegales.
Aquí es muy importante recordarle al ministro y al Gobierno en general, que los niños y las niñas son víctimas de reclutamiento ilícito, que ellos/as desde el momento en que son vinculados al conflicto son víctimas del mismo, y que en esa perspectiva el llamarles “máquinas de guerra” es desconocer esa obligación que tiene el Estado colombiano y la sociedad de protegerles como sujetos de especial protección.
Por otra parte, si bien se sabe que el reclutamiento es un hecho y un delito cometido por el grupo armado ilegal, también se sabe que hay una serie de situaciones que fallaron de manera previa y que hacen que haya una responsabilidad del Estado, ya sea por la omisión de sus labores por evitar que los menores terminen en estas estructuras, y también por no cumplir con las garantías de protección en estas circunstancias.
Llama la atención que sea Diego Molano, quien fue alguna vez director del ICBF, quien reduzca esta situación a que lo cometido por las Fuerzas Militares fue una acción legal del Estado. Hay que señalar que cuando se dan estos bombardeos, cuando se da el uso de la fuerza contra el actor armado ilegal, no es que se desconozca que allí hay niños y niñas, lamentablemente en zonas como el Guaviare hace más de tres años la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo que en la zona uno de los mayores riesgos para los/as menores es el reclutamiento.
Adicionalmente, la comunidad ha venido insistiendo en que la situación es constante. Lo que evidencia esta situación, además, es que efectivamente no se han tomado acciones efectivas sobre las denuncias, y que efectivamente los niños/as están siendo vinculados al conflicto armado.
Es una irresponsabilidad también cómo se plantean los resultados en el Ejército; vender el discurso de que la sociedad se tiene que sentir defendida porque en el bombardeo asesinaron integrantes de las disidencias, reduciendo el hecho de que son niños y niñas, a quienes además se les menciona como máquinas de guerra. Mensajes así demuestran que hasta ahí llegan varios de los discursos sobre la protección a menores.
Ahora, y en relación con lo que se ha dicho, hay que mencionar que en los estándares del DIH se priorizan los principios de proporcionalidad y de precaución, lo que hace evidente que lograr legitimar estas acciones apelando al reconocimiento del DIH es desconocer realmente los llamados que se hacen desde estas instancias; es una forma de lavarse las manos.
Hoy el llamado, además de exigir justicia, sigue siendo a que el Gobierno reconozca realmente los contextos de estos hechos, y a instar a un compromiso serio en la implementación de medidas para la prevención de estas vulneraciones; para ello, entre otras muchas cosas, se necesita una inversión real en los territorios, se requiere entender los contextos, saber de la presencia e intereses de las estructuras ilegales en las zonas más críticas y de vincular esto con los riesgos que corren los niños y niñas; esto es una responsabilidad directa del Estado.