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Una cuestión de prioridades

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.


“Primero lo primero, salud y educación”. En noviembre y diciembre de 2019 se oían arengas en las calles y las plazas del país en las que la población no exigía por más presupuesto para el bolillo ni para la guerra, sobre todo en un país tan desigual, no, lo que se exigía en las movilizaciones sociales eran los derechos básicos para una vida digna.


Pero lo que no esperaban los gobiernos a nivel mundial es que el 2020 requerirá más que nunca demostrar las inversiones y el funcionamiento del sistema de salud, su infraestructura y personal técnico y médico.


El presupuesto para el sector salud en Colombia el año pasado se fijó en 32.2 billones de pesos, y de estos, 10.9 mil millones de pesos fueron asignados para el Instituto Nacional de Salud. Mientras que, una de las cifras más altas del presupuesto nacional fue destinada para el Escuadrón Móvil Antidisturbios o Esmad, el cual cuenta con 490 mil millones de pesos anuales. Vestir a un miembro de este escuadrón con los implementos adecuados cuesta aproximadamente 3.605.000 pesos.


En los últimos días se ha evidenciado un crecimiento drástico de casos de Covid-19 en el país, y aunque se ha hablado del equipamiento necesario para que 22 laboratorios empiecen a desarrollar las pruebas necesarias para el diagnóstico del virus, es necesario reconocer que aunque es un paso necesario, no es la única iniciativa que debe tomar el Gobierno Nacional.


El país cuenta hoy con 5.300 camas de UCI disponibles, de las cuales solamente el 20% están libres, y solamente entre el 10 y 15% cuentan con las medidas necesarias para el aislamiento adecuado, esto significa que el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos es de 750 camas.


Una cuestión de prioridades


Según el programa mundial de alimentos de las ONU, el costo aproximado de un kit, que incluye equipos de oxigenación por membrana corpórea y ventiladores no invasivos, los cuales de utilizan en pacientes en estado crítico cuesta aproximadamente en 500 dólares, es decir 2´000´000 millones de pesos. Esto en comparación con el gasto en uniformes, armamento y transporte de miembros del Esmad, no parece una cifra alarmante.


La corrupción y los robos sistemáticos que afectan directamente al sistema de salud y a la población han quebrantado este pilar esencial. Mientras esto ocurría, en un día el gasto aproximado en el funcionamiento de los diferentes escuadrones del Esmad puede ser de 1.340 millones. Por ejemplo, los lanzadores de proyectil cuestan 118.000 dólares, y los lanzadores de gas de calibre de 40 milímetros tienen un costo de 639 dólares por unidad.


La salud pública en el PND


Hace un año, el analista económico José Roberto Acosta hacía la siguiente advertencia en la columna de opinión La salud pública en el Plan de Desarrollo, publicada por Pares:


Sobre el delicado y crucial tema de salud pública, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Gobierno Nacional, se habla de cobertura con calidad, subsidio a la oferta, mayor participación territorial, mejor gobierno corporativo, sostenibilidad y pago de deuda pendiente. Declaraciones bien orientadas, pero que en el articulado tienden a desdibujarse tal y como detallo a continuación:


Se propone en el artículo 55 que cualquier operación de compra y venta de acciones de una EPS (Entidad Promotora de Salud) que represente más del 10% de la propiedad, deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Salud, sin embargo, debería involucrarse también la autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, que ha sido más activa en casos como el de Medimás EPS.


Y lo más importante, que el vendedor de las acciones tenga un certificado de paz y salvo para que no se repita el caso de Cafesalud EPS, que solo vendió el activo intangible, es decir los pacientes, pero se quedó con el pasivo o deudas. Esto a la larga perjudica a hospitales y clínicas, trabajadores y proveedores que quedan en el limbo después de estas operaciones que lavan malos manejos por cuenta de un “comprador de buena fe”.


En el artículo 127 se le carga a la nación el pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas; son los famosos recobros que tanto dolor de cabeza han generado pero que, sin titubeos, se deberían empezar a tarifar con precio de referencia a partir del “Precio Medio por Evento Nacional (PMEN)”, mas un margen o desviación hacia arriba que permita ponerle límite al desbordado desorden en la contratación directa de las EPS con las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Esto constituye el mayor hueco por donde se filtra la corrupción con los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos.


Cada procedimiento quirúrgico o tratamiento está costeado y codificado a nivel nacional en el PMEN, por ello, no puede seguir pasando que una apendicectomía en una ciudad colombiana cueste más del doble que lo que cobran en Europa, Tokyo o Nueva York. Se le debe poner límite a la sobrefacturación de servicios, en especial a los recobros, y usar el PMEN como referencia. Esta una propuesta concreta que debería incluirse en el PND.


Además, otorgar solo un 2% a la red hospitalaria pública, es una forma de marchitar la oferta en aquellas regiones de alta dispersión rural en la que el sector privado no atiende por ser poco rentable, afectando la tan anunciada equidad y necesidad de inclusión de las zonas que nunca han tenido un control por parte del Estado.


En el artículo 138 del PND se ponen a contribuir a los “no pobres” mediante un aporte que va desde 1% al 15%, más un microseguro. Aunque en gracia de discusión se podría aceptar que todos debemos aportar para mantener la universalidad en la prestación del servicio de salud y mejoras en su calidad, también es cierto que esos aportes no pueden atentar contra el ingreso mínimo vital de los “no pobres”, término problemático incluido en el PND por algunos “tecnócratas” para poder meterle mano a los precarios ingresos de esa “clase media cercana a la línea de pobreza”.


Entonces ¿Dónde queda la guerra contra la elusión y evasión de aportes de los de mayor ingreso? se preguntaba Acosta. Pues bueno, al parecer hoy los trabajadores de la salud y todo el sistema tendrá que hacer un esfuerzo monumental en medio de una pandemia y una crisis social tan profundas para salir adelante. Era una cuestión de prioridades.

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