Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
La ciudadanía está cansada de la inoperancia con que actúan algunas de las agencias estatales encargadas de vigilar, investigar, controlar y castigar los malos actos de los funcionarios públicos en Colombia. Para ella resulta desalentador ver como graves actos de corrupción y despilfarro del patrimonio público, como los ocurridos en el sistema de salud o las inversiones en los sectores de infraestructura y energético, se cierran por parte de las ias —Fiscalía, Procuraduría o Contraloría— sin sancionar a nadie. Lo que la lleva a pensar que se tiene un sistema político donde no es posible castigar las malas actuaciones de los funcionarios estatales.
Afortunadamente la ciudadanía cuenta con la rendición de cuentas, entre otros mecanismos, para hacerse escuchar y poder cuestionar las conductas inapropiadas de los funcionarios públicos. Este instrumento se ha convertido en un valioso derecho que tienen los ciudadanos y en un deber de los administradores de lo público.
La democracia representativa está construida sobre dos pilares: el poder soberano del pueblo y la idea de la delegación. Así lo mostraron los padres de la democracia representativa, como John Locke, John Stuart Mill o James Madison, quienes defendieron el poder que tienen los ciudadanos, el pueblo, para exigir la rendición de cuentas a sus representantes.
Un modelo simple pero potente lo ofrece el llamado Principal-Agente; que sirve para explicar cómo opera y debería operar el sistema de delegación de funciones en la sociedad. El modelo parte por suponer una situación donde una Principal o mandante, delega en un Agente o mandatario la realización de una tarea. El Agente actúa como representante del Principal, realizando una serie de funciones; delegación de tareas que conllevan, tanto al uno como al otro a una serie de derechos y responsabilidades.
Este sencillo modelo permite observar cómo en una democracia representativa, el ciudadano (Principal) tiene el derecho a delegar tareas, y, al mismo tiempo, el deber o responsabilidad de realizar seguimiento o monitoreo al administrador público (Agente). El ciudadano tiene derecho a recibir información oportuna, precisa y de calidad; y de manera consecutiva, poner el ojo crítico en el actuar del funcionario para detectar incumplimientos a los contratos pactados y el deficiente desempeño.
Por su parte, el funcionario público, Agente, tiene la obligación de informar de manera detallada sobre el resultado de su desempeño; ofrecer al ciudadano información sobre lo que hizo y qué resultados obtuvo, y a actuar con honestidad, transparencia y eficacia. La rendición de cuentas exige entregar información, para que la ciudadanía tenga claro los objetivos, los recursos, las acciones y los logros. Información que debe ofrecerse con cortesía, respeto y confiabilidad en los datos.
De esta manera se logra estimular la responsabilidad del gobierno, al cumplir el deber de rendir cuentas. También el funcionario público tiene el derecho a contar, exponer argumentos y justificar su conducta ante un superior: el pueblo.
Cuando el Agente no hace bien su trabajo, el Principal tiene la responsabilidad de castigarlo. Con esto se reconoce que el poder de sancionar que tiene la ciudadanía sobre el administrador público. El objetivo del castigo es cambiar las acciones oportunistas —engaños, incompetencias o errores—.
Entre los mecanismos usados para el castigo está el tradicional uso del voto, castigo electoral, que puede darse o en las próximas elecciones para que no sea reelegido o apoyado su partido, o en las consultas que se hace de revocatoria del mandato. Si el gobernante actúa mal el votante tiene la posibilidad de subir a otro en las próximas elecciones, y así estimular la rendición de cuentas del gobierno. Igualmente se puede recurrir a la denuncia ante la opinión, a cambios en la agenda de las políticas y a las sanciones penales y administrativas.
Hay que insistir que cualquier ciudadano puede detectar responsabilidades e iniciar un proceso de rendición de cuentas. El sistema democrático concibe esta actuación como una especie de descentralización del control, una especie de cámara de vigilancia que está presente en cualquier esquina. La vieja idea griega del gobierno de todos se puede materializar en la actualidad cuando veamos un ciudadano activo, que participa y mantiene una actitud crítica. De esta manera la rendición de cuentas se ha convertido en la manera de pensar y vivir la democracia.
De allí que el administrador público debe ver la rendición de cuentas como una buena oportunidad para construir confianza y gobernabilidad, conductas que tendrán efectos positivos en las próximas elecciones o en lo que resta de su mandato político.
En conclusión, la rendición de cuentas aporta a la construcción de una ciudadanía activa o si se quiere cívica, que está dispuesta a realizar actividades complementarias a las que realizan las agencias del Estado; pues no basta con ejercer el derecho al voto cada cierto período, el ciudadano está obligado a pedir cuentas, a evaluar resultados y a controlar los abusos del poder.
Se ha convertido también en la forma como hoy se lucha contra el individualismo y egoísmo, como una manera de unir a los ciudadanos para trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos comunes y, a la vez, de unirnos y ponernos a discutir. Finalmente, la rendición de cuentas se convierte en uno de los tratamientos para controlar la corrupción y aumentar la confianza en el gobierno, crear gobernanza.