Una ciudadanía que exige cuentas claras

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.

La ciudadanía está cansada de la inoperancia con que actúan algunas de las agencias estatales encargadas de vigilar, investigar, controlar y castigar los malos actos de los funcionarios públicos en Colombia. Para ella resulta desalentador ver como graves actos de corrupción y despilfarro del patrimonio público, como los ocurridos en el sistema de salud o las inversiones en los sectores de infraestructura y energético, se cierran por parte de las ias —Fiscalía, Procuraduría o Contraloría— sin sancionar a nadie. Lo que la lleva a pensar que se tiene un sistema político donde no es posible castigar las malas actuaciones de los funcionarios estatales.


Afortunadamente la ciudadanía cuenta con la rendición de cuentas, entre otros mecanismos, para hacerse escuchar y poder cuestionar las conductas inapropiadas de los funcionarios públicos. Este instrumento se ha convertido en un valioso derecho que tienen los ciudadanos y en un deber de los administradores de lo público.


La democracia representativa está construida sobre dos pilares: el poder soberano del pueblo y la idea de la delegación. Así lo mostraron los padres de la democracia representativa, como John Locke, John Stuart Mill o James Madison, quienes defendieron el poder que tienen los ciudadanos, el pueblo, para exigir la rendición de cuentas a sus representantes.


Un modelo simple pero potente lo ofrece el llamado Principal-Agente; que sirve para explicar cómo opera y debería operar el sistema de delegación de funciones en la sociedad. El modelo parte por suponer una situación donde una Principal o mandante, delega en un Agente o mandatario la realización de una tarea. El Agente actúa como representante del Principal, realizando una serie de funciones; delegación de ta