Por: Walter Aldana
Político Social Alternativo
Recientemente diferentes sectores de la opinión han expresado preocupación por el reiterado bloqueo de la vía Panamericana, motivado por reclamaciones de distinta índole: que por la falta del nombramiento de un docente, que por la demora en un trámite en un ministerio o instituto descentralizado, que por la falta de cumplimiento gubernamental de los acuerdos con la Minga Indígena, etc.
Durante los últimos 20 años se han presentado 16 taponamientos de varias semanas y un sinnúmero de bloqueos de pocas horas, con una regularidad de uno o hasta tres eventos semanales, lo cual suscita preocupación. A ello se agrega el deslizamiento en el municipio de Rosas en febrero pasado, producto de la inclemencia climática, que ha provocado el cierre permanente de la vía Panamericana, complicando la movilidad por esa importante arteria que conecta con el sur del país y del continente.
¿Qué explica esta situación? En muchas ocasiones se trata del último recurso desesperado para llamar la atención sobre reclamaciones que han agotado el trámite ante las autoridades correspondientes –responsables de la garantía de los derechos de los ciudadanos–, sin obtener respuesta favorable. Doy fe de que antes de hacer uso de la protesta en la vía Panamericana para presionar soluciones, las comunidades han recorrido un largo camino: identificación de la problemática, presentación de la solicitud ante la autoridad competente, comunicación a la comunidad del cumplimiento del procedimiento establecido por la ley, etc. Mientras pasa el tiempo se construye un pliego de solicitudes y se aspira a que los gobernantes asuman una interlocución para la búsqueda de soluciones, pero transcurren semanas, incluso meses, sin obtener respuesta.
Ante el silencio administrativo por la falta de vocación de servicio de algunos servidores públicos, fracturada la confianza comunitaria en la institucionalidad, se acaba la “paciencia” y se desata la movilización, que la Carta Magna del 91 y la jurisprudencia han reconocido como derecho que debe ser garantizado por las autoridades.
La ocupación de la vía Panamericana ha provocado con frecuencia declaraciones de las autoridades y de los dueños del poder rechazando la protesta, calificándola como ilegal y violenta, negando el diálogo con las personas manifestantes mientras ocupen la carretera (“con acciones de fuerza no se negocia”), y enviando piquetes policiales para dispersarlas, en un pulso casi “infantil” para desgastar a las personas movilizadas, para terminar, días o semanas después, suscribiendo un acuerdo.
Hace falta adoptar una política inteligente y justa frente a las movilizaciones sociales de protesta. Una política que haga énfasis en la prevención, ocupándose de atender las reclamaciones de las comunidades; que exprese la voluntad política de mejorar las vías terciarias, recuperar las promotoras veredales de salud, impulsar los gestores de paz que ayuden a resolver dificultades en tiempo real, promover acuerdos humanitarios en zonas del conflicto armado y social. Esas son algunas de las tareas inaplazables que urgen agilizar los procedimientos administrativos y presupuestales para avanzar en soluciones prácticas. De esta manera se podrían reducir los motivos de las comunidades para obstruir la vía Panamericana como forma de hacerse oír y tener atención. Razón tenía santo Tomás de Aquino cuando afirmó que “la autoridad proviene de la justicia”.
Es necesario que las autoridades nacionales, departamentales y locales dejen de buscar la calentura en las sábanas, reconozcan la responsabilidad del gobierno en la solución de las urgentes necesidades sociales de los gobernados y trabajen sin descanso para reducir las enormes brechas sociales que han sembrado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.
Frente a los comicios regionales que se avecinan manifiesto mi compromiso de tomar en cuenta las necesidades específicas de tierra, salud, educación, vivienda, vías terciarias y servicios públicos de los diversos sectores de la población (étnicos, campesinado y ciudadanías urbanas), y las particularidades de los territorios y regiones del departamento del Cauca para construir con las comunidades un “Pacto por la Panamericana”, sustentado en la puesta en marcha de programas que aporten soluciones prácticas. Esa es la clave para construir un departamento amigable con la naturaleza, planeado alrededor de la protección del agua, fortalecido con una economía del turismo responsable, más justo con las personas más vulnerables, y respetuoso de las diversas opiniones y expresiones sociales, culturales, religiosas y políticas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.