Por: León Valencia, director – Pares
La senadora Paloma Valencia dijo en el Foro de la Veeduría Ciudadana Contra la Corrupción, a la cual pertenecen 70 organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno no tenía mayorías en el Congreso y esa era la causa de las dificultades para avanzar en la aprobación de algunos de los proyectos de ley acordados en la mesa técnica conformada entre el gobierno, los partidos y los promotores de la consulta ciudadana. Señaló que había múltiples voces y que era necesario el debate y la conciliación de ideas en el seno del Congreso y que de eso dependía el avance en los proyectos. Puede ser una explicación, pero lo cierto es que Duque no acompañó los proyectos anticorrupción del mensaje de urgencia que había prometido a la hora de suscribir el pacto con quienes impulsaron la consulta, y las iniciativas o están cambiando dramáticamente o se han estancado.
La confesión no fue, desde luego, una sorpresa. Desde el momento en que se definieron las mesas directivas del Congreso y se conformó el gabinete ministerial fue claro que no había una coalición de gobierno suficientemente amplia y sólida. En el Senado, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U y los grupos evangélicos se declararon partidos de gobierno y sumaron una mayoría limitada, pero aún en esos partidos es sabido que hay parlamentarios díscolos que proceden en los debates según su criterio o sus intereses. En la cámara estos partidos no alcanzan a sumar mayoría. Al otro lado, en las dos cámaras, están Cambio Radical y el Partido Liberal que se declararon en independencia y toda la izquierda que se declaró en oposición. Pero la aceptación de esta realidad de manera pública por parte de la senadora Valencia es ya una evidencia de las dificultades en que anda Duque.
¿Qué ha significado esto? ¿Cómo está funcionando el Congreso? Que hay una enorme proliferación de iniciativas, todos los partidos y grupos quieren presentar proyectos de ley, tanto que ya son 42 propuestas de actos legislativos, quieren reformar la Constitución en todos los órdenes, quieren cambiarlo todo. No hay una orientación precisa en esta avalancha de proyectos, aunque la mayoría tienen un carácter regresivo, la mayoría apuntan a cortar avances democráticos. No hay un liderazgo ni en el presidente, ni en ningún partido, pero es evidente que la clase política, la misma que acompañó a Santos y ahora se reparte entre gobiernistas e independientes, es la que empuja el carro de las reformas. También en las Cortes, en la Fiscalía General de la Nación y en los demás organismos del Estado se percibe esta dispersión de ideas, estas controversias y confusiones.
El presidente Duque ha presentado esta situación como el resultado de una nueva manera de gobernar el país, como la consecuencia de la abolición de la mermelada y de la negociación clientelista. La explicación suena muy bonita. Suena a una transición virtuosa. Suena a que tendremos un régimen político más transparente, más limpio, más deliberativo. Pero la verdad es otra muy distinta. La dispersión y el desorden tienen causas diversas y la negativa de Duque a repartir el gobierno y la mermelada entre toda la clase política tradicional obedece más a un interés particular del Centro Democrático y la facción conservadora de Martha Lucía Ramírez que a una gran cruzada para renovar la política colombiana.
Lo que ocurre, en realidad, es que se acabaron factores que cohesionaron a la clase política en el pasado reciente tanto en sus labores de gobierno como de oposición. Uribe hizo de las FARC y del régimen venezolano un gran enemigo que funcionó muy bien para su proyecto de seguridad. Santos transformó este enemigo en interlocutor para la paz y con ello le dio sentido a su gobierno y armas a la oposición de derecha, en cabeza de Uribe, que aprovechó de lo lindo la situación para regresar al poder. Ya no están ni las FARC ni Santos. No hay ni enemigo ni propósito nacional. Entre tanto el Centro Democrático, los conservadores y los evangélicos más cercanos, que tienen en sus manos el gobierno central y no tienen mayor poder regional, buscarán crecer en la gobernabilidad local y reservarán los puestos y los recursos del Estado para lograr el cometido.
La situación me recuerda una gran frase que oía con frecuencia en los círculos de la izquierda al final de los años setenta del siglo pasado: “Hay un gran desorden bajo los cielos”. En este ambiente se puede consolidar un gran proyecto de la ultraderecha que dé al traste con los avances democráticos, pero también puede crecer un proyecto de renovación política, de reconciliación y de justicia social en cabeza de una izquierda moderada. El año próximo será muy indicativo del camino que tomaremos.