¿Un CNE meritocrático?

Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares


El 29 de agosto en el Congreso empezará la carrera para la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, el cual termina su período de 4 años. A partir de este momento se abre la posibilidad de que, por primera vez, esta elección tenga elementos meritocráticos debido a dos precedentes la Ley de Equilibrio de Poderes y la reciente elección del Contralor General de la Nación.

Hasta ahora, la elección se regula por medio del sistema de cifra repartidora: a mayor cantidad de votos, mayor cantidad de cupos en el CNE. Esta regla se aplica a los candidatos a magistrados presentados por los mismos partidos. Bajo esa lógica, desde el comienzo de la elección los partidos con mayor número de congresistas son los más beneficiados. Es decir son quienes podrían llegar a obtener el control del organismo que debe vigilar su comportamiento electoral.

El CNE es el máximo responsable de toda actividad electoral en el país, esto incluye la veeduría a campañas, revocatorias de mandato, certificación de la elección de cualquiera que se presente a un cargo de elección popular y el reconocimiento o revocatoria de la personería jurídica de partidos y movimientos políticos, solo por nombrar algunas de sus funciones. De allí la importancia de que la elección de los nueve magistrados sea transparente.

La Oportunidad:

La ventana de oportunidad que se abre para tecnificar esta elección empezó con la Ley de Equilibrio de Poderes (acto legislativo 02 de 2018) el cual modificó el artículo 126 de la constitución que dice “(…) la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. Lo anterior significa que como el Congreso es una corporación pública y tiene en su potestad la elección de los magistrados del CNE, que son servidores públicos, es obligatorio surtir un proceso de convocatoria meritocrática con participación ciudadana y respondiendo a criterios de equidad de género.