Por: Laura Cano
Periodista Pares
El pasado 11 de noviembre de 2020 se conoció el caso de nueve jóvenes que habían sido incinerados en la Estación de Policía de San Mateo. En ese momento, se presentaron varias denuncias, las cuales, inicialmente, fueron interpuestas por el concejal Diego Cancino, quien en esa fecha aseguró que, el incendio, el cual había ocurrido el 04 de septiembre de ese año, comenzó cuando uno de los detenidos prendió fuego a una cobija, y que el día de los hechos murió un joven mientras que los otros ochos fallecieron en fechas posteriores en clínicas a donde fueron llevados por la gravedad de las quemaduras sufridas.
Este caso, como muchos en el país, ha quedado en el olvido, mientras que las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia; una que ha dado pasos lentos, y que a pesar de que se llegó a pensar que parte de los responsables pagarían, hoy de nuevo el caso está en un limbo.
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Septiembre de 2020 fue un mes en el que los abusos de poder de la Policía fueron noticia. El 08 de ese mes se conoció el asesinato de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativa, un caso de homicidio perpetrado por dos uniformados de la Policía Nacional que, mientras descargaban la pistola Taser y lo asfixiaban, no atendieron las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos.
Ese septiembre, tanto en Bogotá como en Soacha, lo que resaltó fue la violencia de los uniformados, pues además de Javier Ordoñez, en protestas que se dieron el día posterior al hecho, al menos, se registraron 248 heridos, 58 por arma de fuego. Además, sólo el 9 de septiembre hubo 08 personas asesinadas (6 en la capital y 2 en Soacha).
No obstante, para ese momento, aún no se sabía que esos mismos días en Soacha otros jóvenes habían perdido la vida en un hecho que también relacionaba a uniformados, y, como se narraba, justamente, el escenario de violencia por parte de la Policía fue el que llevó a los familiares de las víctimas a no denunciar lo ocurrido una vez sucedió. Pero el caso se supo, y hoy por hoy la lucha de las familias de estos jóvenes es que este caso no quede en el olvido.
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Juan David Rojas era uno de esos jóvenes que se encontraba ese 04 de septiembre en la estación de Policía de San Mateo. Él, como miles de jóvenes, había hecho muchos esfuerzos por poder iniciar sus estudios una vez salió del colegio. Estudió banca y finanzas, luego, con 17 años, se enfocó en la gastronomía, carrera que puedo realizar en el Sena. En medio de esto fue reclutado por el Ejército, y fue llevado cerca a la frontera con Brasil. Luego de prestar servicio retomó sus clases de gastronomía y se enfocó en repostería. Tiempo después tuvo dos hijas; una que para ese 04 de septiembre tenía un año y seis meses, y otra niña de cinco meses.
“Cuando llegué al CAI alcanzamos a cruzar algunas palabras antes de que sucediera la tragedia. Luego lo volví a ver, fue la última persona en salir de las que sacaron incineradas. En ese momento pude ver cómo quedó. Tres días después falleció”.
Cuenta su madre, Carolina Ordoñez, que para ese momento lo último que querían saber era de peleas con la justicia, o de lucha por la memoria de Juan David. Sin embargo, en noviembre de ese año el concejal Diego Cancino conoce a Carolina, convirtiéndose en un puente para que entre las familias de las víctimas se conocieran. Entre todas se contaron sus casos, y en noviembre, por medio del concejal, se presentó la denuncia ante medios nacionales e internacionales. Para ese momento también pasó algo muy importante, pues parte de las familias decidieron hacer trinchera a través de la organización Rosa Negra, a través de la cual se han acompañado haciendo procesos de memoria, pero también han exigido celeridad en este caso. “Todas las familias nos convertimos en una sola familia”, cuenta Carolina, quien hizo parte de esta iniciativa.
Carolina no solo ha enfrentado la pérdida de su hijo, también ha tenido que hacerle frente a una justicia que revictimiza, que mientras las familias día y noche intentan reponerse de un dolor que no desaparece, les sigue pintando un panorama poco alentador. Muestra de ello fue una de las situaciones que Carolina vivió, pues el pasado 14 de noviembre, mientras se encontraba departiendo con conocidos suyos, se presentó una discusión a la que acudió la Policía. “Al llegar allí, uno de los uniformados se acercó a ella para decirle que era “la revolucionaria que causa conflictos y la que hace las marchas” y que la tiene identificada como la que hace las protestas en contra de esa institución. Tras esto, supuestamente el policía la hizo caer, la arrastró y la golpeó en sus piernas con el bolillo”, se lee en El Espectador.
Todo esto ha sido un largo camino para Carolina, camino que quizá nunca pensó recorrer, pero en el que ahora todos los días debe dar algo de ella y de su comunidad para afrontar, no solo el hecho de saber que su hijo fue una de las tantas víctimas que ha dejado el exceso de fuerza por parte de la Policía, sino que además ha tenido que vivir de cerca lo mal que funciona la justicia en el país.
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Otro de los jóvenes que ese 04 de septiembre fue víctima del incendio en el CAI de San Mateo fue Anderson Mendez. Un joven de 32 años, como muchos, fiel hincha de Millonarios. “Le tocó pasar una vida muy complicada. A pesar de ello era muy alegre y siempre tuvo muchas ganas de salir adelante”, cuenta Viviana Tibaque, hermana de Anderson, quien aclara, además, que no eran hermanos de sangre, pero sí de crianza, pasaron su vida juntos. Ella cuidaba de él, pues era la mayor.
De Anderson narra que llegó a su hogar cuando aún era pequeño, sus papás lo habían abandonado, y por cuestiones de la vida fue la mamá de ella quien se responsabilizó de él. El proceso no fue fácil, admite, pues en una ocasión su madre biológica se lo llevó, y con ello vinieron problemas de drogadicción. “Estuvo rehabilitandose mucho tiempo, fue muy difícil”. Sin embargo, resalta de su hermano que siempre estuvo dispuesto, que ponía empeño para que las cosas cambiaran y, en medio de esto, fue que aquel 4 de septiembre llegó, y con su historia saltaron los estigmas, la culpabilización.
Agrega Viviana que las historias de vida solo las recuerdan para tachar y señalar, pero “no ven todo el proceso que ahí detrás, toda la esperanza, lo ires y venires, los dolores, y eso es lo que más me indigna, porque por su historia es que a él lo han querido culpabilizar, que lo han dejado como el malo”. Continúa diciendo que: “En este proceso no solo hemos tenido que pelear con los uniformados, y la justicia, también lo hemos hecho contra la sociedad”.
Ese 4 de septiembre Viviana lo tiene marcado en su cabeza. “Llamaron a mi mamá, no se entendía muy bien qué era lo que decían, lo que pasaba. Mi mamá inmediatamente se fue para el CAI, allá le dieron la noticia, ella quedó en shock, mientras que la respuesta del policía, de forma desota, fue que se calmara. Ella quería saber dónde estaba mi hermano, pero ni los policías sabían para dónde lo habían mandado. Luego, por todas las vueltas que dio mi mamá, nos enteramos que él estaba en el Hospital Simón Bolívar. Mi hermano murió allá, con un 95% de quemaduras. No lo volvimos a ver, pues en el ataúd no nos dio la fuerza, ya que él quedó desfigurado”.
La de Viviana y su mamá ha sido otra lucha, lucha por dignificar la historia y la memoria de su hermano, resaltando los ideales que él siempre tuvo; su deseo de salir adelante, deseo que está en todas las familias, sobre todo en aquellas que les ha tocado a pulso, en donde los papás y mamás anhelan ver a sus hijos e hijas logrando sus sueños, por más lugar común que suene, y no teniendo que vivir un capítulo como este.
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Detrás de este caso hay muchas familias más, muchas más personas que han llevado un proceso de reparación entre la comunidad que se conformó con las víctimas de este caso. Todas esperando justicia, y sobre esto hay varias cosas por resaltar.
Al principio, como contaron las personas entrevistadas, los policías trataron de culpabilizar a las víctimas, pero luego se empezaron a conocer videos en los que se evidenciaba la poca reacción que hubo por parte de los uniformados para rescatar a quienes estaban en el CAI. El caso inmediatamente contó con un cubrimiento mediático, mientras poco se sabía sobre lo que iba a pasar legalmente. Eso sí, varios intentaron ‘lavarse las manos’ diciendo que iban a actuar y condenaron lo sucedido, como lo hizo Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, quien además de pedir celeridad en la investigación, también afirmó que “Estamos dando acompañamiento a todas las familias de las víctimas de ese suceso tan lamentable en nuestra ciudad”.
Pues bien, desde noviembre de 2020 a la fecha, según los testimonios de Viviana y Carolina, los cuales coinciden, no han recibido ningún respaldo por parte de la administración de Soacha. “Nunca hemos recibido apoyo, ni charlas empáticas con el alcalde Saldarriaga. Desde la Personería nos dijeron que iban a llamar psicólogos e iban a hacer seguimiento, pero eso nunca pasó. La ayuda psicológica que hemos recibido ha sido por medio del MOVICE, de Lazos de Dignidad y otras organizaciones, pero nunca por medio de la administración de Soacha”, aseveró Carolina Ordoñez.
Las palabras de Saldarriaga quedaron en esa entrevista, incluso cuando en medio de todo este tiempo han sucedido hechos como las agresiones físicas que sufrió Carolina Ordoñez, y otros hostigamientos a las víctimas de estos hechos, como las constantes llamadas; y la imposición de no poder culminar actos de memoria, ante la oposición de los uniformados que permanecen en el CAI, sitio en el que además han sido borrados los murales que han hecho en memoria de los jóvenes. Pues en este caso también ha resaltado la defensa a la paredes, aún cuando detrás de las acciones que se han hecho allí hay un proceso de reparación y, sobre todo, de recordar que en ese CAI murieron 9 jóvenes.
Pero no solamente frente a esto no hubo atención, pues desde antes de que esto ocurriera, como comentó Carolina Ordoñez, “se sabía que ahí maltrataban, la comida que le daban muchas veces estaba en descomposición. Ellos habían alertado que en la madrugada los sacaban del CAI, los mojaban, los hacían trotar en ropa interior. También en ocasiones les pegaban, pero nunca se investigaron estas denuncias”.
Por otra parte, luego de los hechos, los familiares además de reclamar por la vida de los jóvenes, también advirtieron, como sostiene Carolina, que uno de los jóvenes “lo entregaron mucho tiempo después, el 14 de septiembre. Luego su familia denunció que él no salió del lugar incendiado, pero que ese día en medio de los hechos fue trasladado en una patrulla”. Continúa contando que “las personas cercanas a él han insistido en que fue torturado”.
Además, en medio de todo esto, uno de los jóvenes fallecido, como agrega Ordoñez, apareció sin un dedo, mientras que nadie dio razón de esa situación, no aparecía ni en la historia clínica, ni en la epicrisis que él no tuviera un dedo, o que se lo hayan tenido que amputar. A esto se suma, siguiendo lo dicho por Carolina, que otra familia alertó que en el cuerpo de su familiar fue encontrado un artefacto incrustado en su cuerpo, y sobre eso tampoco se ha dicho qué tipo de elemento era, y por qué había resultado allí. Por último, asegura que a la mayoría de jóvenes les encontraron residuos de gasolina en su organismo.
Ante todo esto, la pregunta sigue siendo ¿En qué momento la Alcaldía e instituciones de Soacha escucharán, darán explicaciones y tendrán acciones efectivas con estas familias?
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El día de los hechos, como cuenta Viviana, había entre 11 y 15 uniformados. Las personas cercanas a quienes murieron han estado esperando que los policías cuenten qué fue lo que pasó y digan quiénes son los responsables. Pero este caso, como la mayoría en los que hay fuerza pública de por medio, ha estado en un ir y venir.
En noviembre de 2021 se conoció que la Fiscalía General había designado una Delegada para la Seguridad Ciudadana, quien se reuniría con la Directora de la Seccional de Cundinamarca para hablar sobre el caso. Para ese momento, según informó El Tiempo, la investigación ya estaba adelantada y todo el material probatorio recaudado.
De hecho, vale la pena recordar que parte de esas pruebas, además de los videos que fueron públicos, también está el comunicado de la Policía en donde se afirmaba que: “11 personas que se encontraban privadas de la libertad en ese lugar habrían decidido prender fuego a sus colchonetas y generar con ello una deflagración. Como consecuencia de estos hechos, la totalidad de los presuntos responsables resultaron lesionados con quemaduras de primer y segundo grado".
Ahora bien, para ese noviembre, la Fiscalía aseguró que esas evidencias estaban siendo valoradas por peritos y según esas pruebas obtenidas, se determinaron responsabilidades por las muertes de estos ciudadanos y los posibles delitos a imputar.
Tras esto, en enero de 2021, se conoció que la Fiscalía había citado a audiencia de imputación de cargos a los patrulleros Aleida del Pilar González y Jorge Suárez, como presuntos responsables del delito de homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado. Esto, luego de que el órgano de control recogiera los testimonios de otros policías, quienes habrían indicado que ellos serían los responsables del incendio. En este proceso también involucró a un tercer policía, a quien se identificó como Gabriel Ruiz Moreno. Ninguno de los tres aceptó cargos.
En octubre de 2021 la Procuraduría General de la Nación destituyó por 16 años a Gónzalez y Suárez, tras establecer que a pesar de estar en el CAI no actuaron para prevenir que los 9 jóvenes murieran. Puntualmente, habrían “omitido sus funciones de protección (...) La subteniente González Quiroz debió impartir las órdenes o realizar las acciones necesarias y oportunas para preservar la vida e integridad de los detenidos Además, 7 minutos después de haberse iniciado y advertido el fuego, el patrullero Suárez Orduz no había desplegado ninguna acción para abrir la reja, pese a que tenía las llaves en su bolsillo”.
A pesar de lo que los entes determinaron, el proceso seguía su curso, y en el pasado mes de enero en la Fiscalía confirmó que los policías implicados debían pagar 480 meses de prisión, y el pasado 02 de marzo, como esperaban las familias, debía determinarse a cuál centro de reclusión iban a ser enviados, y además se estudiarían otras pruebas, pues hasta el momento los uniformados no han aceptado los cargos. Sin embargo, en la última audiencia se estableció que los términos se habían vencido y, asimismo, a los implicados se les removió la medida de aseguramiento y quedaron en libertad. Las familias esperan otra audiencia, la cual ni siquiera tiene fecha definida aún.
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Con todo esto, Viviana Tibaque, expresa, estas acciones “no son de manzanas podridas, son de una institución, ahora lo digo porque lo estoy viviendo. Nosotros vimos cómo más de 10 policías hicieron un cordón humano para que los familiares no pudieran atender a los jóvenes, eso no me lo sacó de la cabeza. Y por eso es que con todo esto yo no me siento reparada, no siento que entre audiencias y fallos a favor de ellos mi dolor sea sanado”. Por su parte, Carolina Ordoñez, reflexiona que “con esto yo he entendido una lucha. Antes no sabía de todos los casos como estos, y al vivirlo, lo que he sentido es que ninguna de las vidas que se han perdido por este tipo de acciones pueden quedar en el olvido y la impunidad”.
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