Por: Redacción Pares
Hace un año, el 2 de septiembre de 2017, el partido de la Fuerza Revolucionaria del Común (FARC) entregaba la lista de las 26 mujeres y 85 hombres que constituirían la dirección colegiada del naciente partido. Desde el pasado viernes 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el segundo Pleno del Consejo Nacional de los Comunes en la ciudad de Bogotá. De la lista de 111 miembros del Consejo Nacional de los Comunes, según Pablo Catatumbo, llegaron 90, es decir más del 81%.
En entrevista con Pares, Catatumbo habló de la inasistencia de varios delegados por razones de salud con excusas médicas como Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, quienes enviaron documentos donde expresaban opiniones que se iban a considerar en el congreso del partido. Se refirió, a su vez, al caso de Iván Márquez, Romaña y El Paisa, los cuales no enviaron ninguna notificación. Sin embargo, enfatizó que Márquez ya había advertido tiempo atrás, por medio de una carta, las precarias condiciones de seguridad que impedían tanto su presencia en el espacio territorial como el cumplimiento de sus funciones políticas.
El panorama en materia de garantias de seguridad después de la entrada en vigencia del partido es complicado. Aunque continúa el mecanismo de verificación tripartito, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia —como lo afirma en el último informe trimestral entregado— esperaba que la presencia de la fuerza pública en los ETCR tuviese un efecto disuasorio de la violencia en las zonas. Sin embargo, según la FARC, 75 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
Pablo Catatumbo habló con Pares sobre la asistencia del consejo, de las renuncias, los temas que se tocaron y las proyecciones de la implementación con el nuevo gobierno.
¿Qué balance general dejó el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes?
Este fue el segundo Pleno de Consejo Nacional de los Comunes, que es como una especie de comité central. Dentro del congreso se informó que 5 de sus integrantes habían renunciado a su condición de militantes por diversos motivos; unos por desencanto, otros por querían dedicarse a diferentes actividades, pero ninguno lo hizo porque no compartiera la línea política.
En general, consideramos que asistió una inmensa mayoría de integrantes del consejo político nacional, donde se escucharon observaciones y criterios de algunas políticas a la conducción del partido y algunas críticas al estado de la implementación del Acuerdo. El balance es positivo y sirvió para conocer mejor la situación interna nuestra, como también para fortalecer la unidad el partido.
Definimos el carácter del gobierno de Duque como un gobierno de derecha, en lo económico, político y social. En general, su política económica va dirigida a descargar todo el peso de la crisis en la gente más desprotegida y de sectores populares. De hecho, se ha conocido el desconocimiento a las madres comunitarias de su derecho a la pensión, reforma tributaria, entre otras disposiciones. Dijimos, en el pleno, que íbamos a hacer una oposición, pero no una irracional ni obtusa; sino razonada. Nuestra disposición no nace de manera irracional porque es Duque, o porque es el uribismo, es en razón de anuncios y los programas de gobierno.
La otra conclusión es que el partido, con muchísimas dificultades, se ha ido consolidando a nivel nacional, tenemos entre 14 y 17 comités departamentales ya oficialmente constituidos. Hicimos el balance de la implementación de los Acuerdos, donde en una proporción elevada ha habido incumplimientos, Pero no todo es negativo, pues hay unos compañeros que han salido de la cárcel, se ha constituido en aproximadamente 1200 escoltas contratados y hay unos 800 esquemas de seguridad funcionando. No obstante, hay cosas muy preocupantes: no hay ni un solo PDET funcionando, ni los proyectos productivos que permitan una reincorporación de los guerrilleros a la vida normal.
El hecho de que no haya proyectos productivos, el hecho de que el gobierno no haya resuelto el problema de las tierras, la cual es la base fundamental para existan dichos proyectos productivos es muy preocupante. El gobierno se ha negado sistemáticamente a otorgar tierras y los pocos proyectos que están funcionando han sido por iniciativa de los mismos guerrilleros que, con sus esfuerzos y bancarización y con ayudas de la comunidad internacional, han puesto en marcha.
¿Cuál es la estrategia de Farc para afrontar la falta de implementación?
La organización y la lucha de las masas, porque el acuerdo de La Habana no solo pide tierras para la reincorporación de los guerrilleros, pide la Reforma Rural Integral que concebimos para beneficiar a todo el campesinado, pero eso tampoco lo han puesto en práctica. En La Habana se acordó que se iban a incorporar más de 3 millones de hectáreas a la actividad productiva y que, aproximadamente, unas 7 millones que ya están en manos de los campesinos se iban a legalizar. Pero ni lo uno, ni lo otro se ha podido hacer porque aquí cualquier reforma que tenga que ver con cambios con la estructura de la tenencia de la tierra, siempre, históricamente ha tenido dificultades mayúsculas. La única manera de que eso se cumpla es por medio de la organización de las masas y la lucha.
Seguramente, todas estas medidas antipopulares y antidemocráticas del presidente Duque van a incrementar esa protesta popular, esas luchas de la gente para que los Acuerdos se cumplan.
Específicamente, ¿qué temas sobre el proceso de implementación se profundizaron más?
Se analizó a fondo la sustitución de los cultivos, el problema del crecimiento de las matas de coca. Lo que encontramos es que el estado colombiano ha privilegiado la erradicación sobre la sustitución. Ya se han se han escuchado manifestaciones de varios departamentos, en donde la gente ha dicho que no se permite el glifosato y que la salida es la sustitución de cultivo, no únicamente erradicación. Que el Estado llegue no solo con sus fuerzas militares, no solamente con la represión, sino que llegue con todo el aparato del Estado para la implementación.
Otro tema que se discutió mucho fue la preocupación y la indignación que ha causado el asesinato sistemático de los líderes populares. Históricamente, una de las formas de dominación de la clase dirigente en Colombia ha sido el asesinato de quienes reclaman sus derechos. La disculpa del señor ministro, de la Fiscalía de que no encuentran sistematicidad, ya está sonando a carreta; porque hay otra sistematicidad, porque los que mueren son líderes reclamantes de tierras, son defensores de Derechos Humanos, son indígenas, son afro que defienden su territorio y esos son a los que matan.
Eso no es un lio de faldas como lo ha dicho el ministro anterior, ya es hora de que la fiscalía responda y que las fuerzas militares respondan con las garantías. También, se habló sobre las Águilas Negras, ya es hora de que el Estado dé una respuesta de quienes son las ‘tales Águilas Negras’, quienes son los del Ejército Antirestitución de Tierras, porque es imposible que el Estado no haya aclarado quiénes son las figuras visibles de un fenómeno que tiene más de 20 años en Colombia.
Esto nos hace recordar de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, donde proliferaban nombres como el MAS y Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, es decir, diversas siglas que pululaban pero que detrás tenían alianza con poderes mafiosos y sectores de la inteligencia militar.