Por: Guillermo Segovia
Politólogo, abogado y periodista
En una sociedad que sea respetada por quienes ejercen cargos públicos, la actuación del registrador Nacional del Estado Civil –nada más ni nada menos que la cabeza de la entidad encargada del registro civil y la organización electoral–, frente a dudas y sospechas que se generen a partir de actuaciones o declaraciones suyas o de sus subalternos, respecto de procesos electorales, se espera, debería ser clarificar o tomar de inmediato los correctivos que puedan afectar lo que se considera “la fiesta más grande de la democracia”.
En Colombia, no. Ante la reacción de los sectores políticos que no hacen parte de la coalición de gobierno, al extraño y súbito anuncio del registrador Alexander Vega, de que los datos del censo electoral que su entidad maneja difieren hacia arriba en cinco millones de personas de las que registra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el señor Vega responde en forma provocadora y absurda que “quienes tengan dudas sobre las elecciones no deberían presentarse”.
Es decir, quienes han cuestionado y probado una y otra vez –como lo han hecho la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Misión de Observación Electoral, las ong, los partidos y movimientos alternativos y las víctimas de los fraudes– que el proceso eleccionario, en cuanto a votación y escrutinio –en particular en las elecciones de presidente, gobernadores, alcaldes, senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y ediles–, está plagado de irregularidades, deberían callar, hacerse a un lado y consentir semejante afrenta a la democracia.
Además, el registrador, cuyo nombramiento fue criticado debido a las componendas politiqueras que le dieron paso, falta en forma grave a su primordial función, junto con el Consejo Nacional Electoral –antidemocrático conciliábulo de la partidocracia dominante del que proviene el registrador–, como es garantizar la transparencia e idoneidad de las votaciones y los derechos constitucionales de organizaciones políticas, movimientos sociales y ciudadanía a elegir y ser elegidos con plenas garantías.
A los interrogantes que dejó su escogencia, Vega añade ahora un ingrediente de incertidumbre y tensión ante las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 que, con el precedente de hace cuatro años y con un ambiente político revuelto, infunden temor por las posibles maniobras del uribismo y de la coalición de gobierno (en retroceso y desprestigio) ante el ascenso de las fuerzas de oposición y alternativas. Una variación amañada del censo electoral puede alterar de manera fatal las tendencias actuales.
Para pasmo nacional, ni siquiera por aparentar, el presidente de la República –dado a intervenir en asuntos que por su cargo no debería, incluso con impostada voz de mando ante la tropa– hizo un llamado de atención ante la pendenciera afirmación de “si no le gusta, de malas”. Excepto representantes de la oposición y algún columnista, las voces de los partidos tradicionales y sus derivados han pasado de agache, con lo que dejan en el aire la sensación de estar esperando que eventos no advertidos cambien el rumbo de las elecciones, de ser necesario.
Al turbio panorama preelectoral se suma la posible decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir que el Partido Colombia Humana, al que tuvo que otorgar personería jurídica –que le había negado ante solicitud de Gustavo Petro–, por decisión y obligado por la Corte Constitucional, continúe haciendo parte del Pacto Histórico, coalición impulsada por la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda (Polo Democrático, MAIS, UP, grupos liberales, entre otros), cuyo propósito es sumar fuerzas para obtener una representación de peso en el Congreso y respaldar una candidatura única a la Presidencia.
El argumento del sector del CNE que pretende escindir el Pacto Histórico (una hábil maniobra de dividir las fuerzas alternativas para fragmentar sus posibilidades) señala que Colombia Humana es un partido de carácter mayoritario al que la ley electoral no le permite coaligarse con otras agrupaciones políticas. Pero la misma sentencia de la Corte Constitucional que habilitó al nuevo partido consideró que la representación obtenida en Senado y Cámara de Representantes, por su fórmula presidencial (Gustavo Petro, presidente; Ángela María Robledo, vicepresidente), se derivó de una votación indirecta. Con esto, Colombia Humana como partido cuenta hacia el futuro.
La determinación de la Corte Constitucional consideró que “la autoridad electoral (en este caso el CNE) desconoció las garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política tanto del movimiento político Colombia Humana, como del senador Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de adjudicatario de la curul”. Y, además, resaltó que los resultados de la Colombia Humana, en 2018, “denotan la importancia de que la agrupación política a la que pertenece el candidato derrotado cuente con personería jurídica, pues, sin duda, sus programas de gobierno representan un contenido ideológico y programático que fue objeto de ese significativo apoyo ciudadano”.
La filtración a medios de la posible decisión del CNE provocó que, como reacción, el candidato presidencial Gustavo Petro sugiriera a sus partidarios la renuncia a la personería jurídica para evitar que se consuma el propósito de dispersar las fuerzas políticas que confluyen en el Pacto Histórico. Decisión que podría tener efectos simbólicos y, de hecho, porque en el aspecto jurídico le fue otorgada, y no aceptarla no depende de una decisión subjetiva. A la vez, se corre el riesgo de incurrir en sanciones a cargo del nada imparcial Consejo Electoral.
Parece evidente que la organización electoral y el Gobierno actúan en el propósito de minar las aspiraciones de Gustavo Petro, el más seguro candidato de la coalición de izquierda. A las andanzas del registrador Vega y decisiones del Consejo Nacional Electoral las acompaña la suspensión de parte de la Ley de Garantías electorales por el Congreso, lo que –así jure por Dios santísimo que no– le permitirá al Ejecutivo direccionar cuantiosos recursos para orientar votación, aparte de los dineros sucios que siempre intervienen para imponer intereses mafiosos y trancar opciones distintas a las del establecimiento.
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