Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Luego que Iván Duque dejara de nuevo su silla vacía este 13 de octubre al no asumir el diálogo que se había propuesto desde la Minga con días de anterioridad, se decidió que los/as mingueros/as saldrán con rumbo a Bogotá desde este miércoles en la mañana, pues, como lo afirmó Feliciano Valen: “Si Duque no viene a la Minga, la Minga va a donde Duque”.
La Minga indígena del Suroccidente estaba en Cali luego que anunciaran que se reactivaría el pasado 10 de octubre en El Pital, Caldono, Cauca. Esto motivado por el incumplimiento a los acuerdos a los que se había llegado en la Minga del año 2019, adicional, ante una ola de violencia que se ha ensañado en departamentos como el Cauca, donde se tiene registro que habitan alrededor de 190.069 personas indígenas.
“El Gobierno es responsable del tema del Covid, si no quiere que se brote mucho, pues que atienda rápido al pueblo, porque con Covid o sin Covid nos están matando en los territorios. Nos pusieron tapabocas para callarnos y nosotros no podemos callarnos frente a esto.«Hermes Pete, Consejero Indígena. Foto: Sergio Saavedra.
Con lo anterior, además, se había dejado la claridad sobre el carácter político y no reivindicativo por parte de los/as manifestantes, dejando sobre la mesa que la principal solicitud que se hace es un debate y diálogo con el presidente Iván Duque y no con delegados/as del Gobierno, diálogo que se encuentran esperando en la capital del Valle del Cauca, donde están en este momento.
¿Por qué Duque?
Sobre este punto hay que señalar, por un lado, se ha denunciado un incumplimiento en los acuerdos a los que se llegaron en la Minga de 2019, acuerdos que incluso, hay que decir, fueron lejanos a lo que se estaba solicitando en un principio, y, aun así, como se ha expresado, no han sido cumplidos.
Por otra parte, mientras se hace hincapié en lo anterior, desde la delegación del gobierno se ha dicho que sí han sido cumplidos los acuerdos, y que los que no se han implementado están en ese proceso, Arango afirmó: «Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga reivindicativa, es una Minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este gobierno y gobierno anteriores que no se había cumplido».
Por su parte desde el CRIC se comunicó que: “(…) Aclaramos que el Gobierno Nacional en lo reivindicativo no ha cumplido a cabalidad a la Minga del suroccidente como manifestó la Ministra del Interior”.
Se insiste en la presencia de Iván Duque porque, como se ha manifestado, hay una preocupación por lo que ha sido la gestión del presidente, que a su paso a recrudecido lo índices de violencia evidenciados en un copamiento cada vez mayor de actores armados ilegales en los territorios, y en esa vía un aumento de amenazas, desplazamientos, asesinatos, confinamiento, entre otros. Imagen: Cortesía CRIC.
Muestra de este panorama es que, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020, habían sido asesinados 269 líderes indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 han sido asesinados 47 líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo.
A esto se suma que estos hechos violentos también han sido cometidos por miembros de la Fuerza Pública, en donde vale la pena señalar, siguiendo el Sipares, se encuentran los hechos ocurridos solo en lo que va corrido del año con Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena reconocido como líder, quien fue asesinado por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército el pasado 31 de mayo en Chitagá, Norte de Santander, y el cometido el 22 de abril contra Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Fuerza Pública en Tumaco, Nariño, luego que la comunidad se encontrara manifestándose pacíficamente contra las acciones de erradicación forzada que se venían adelantando en el territorio.
Una región castigada por la violencia
“El suroccidente colombiano es el lugar de las masacres, del exterminio sistemático de los pueblos étnicos, al igual que del campesinado. Es allí donde se vive con mayor rigor las nefastas consecuencias de un gobierno abiertamente enemigo del Acuerdo de Paz. A lo que se suman sus incumplimientos de pactos anteriores orientados a salvaguardar la vida y demás derechos fundamentales y colectivos”, argumentó Ivonne Quiñónez, investigadora de Pares.
Igualmente, vale la pena traer a colación lo explicado por Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, quien durante la emisión de El Poder de Semana TV afirmó que si Duque “como mandatario del país, responsable del cumplimiento a la Constitución, como comandante de la Fuerza Pública y como jefe de Estado no cumple con el debate político al que fue convocado, no nos queda de otra que tomar acciones; bien sea el juicio político desde la jurisdicción especial indígena, al que le teme, e ir a instancias internacionales porque la violación a Derechos Humanos es atroz; le ha quedado grande el país, el control y gobernar para todos/as los/as colombianos/as”.
Adicionalmente, esta Minga por su carácter no está atravesada por un pliego de peticiones, ni puntos a negociar, por tanto, esta vez convocan a un dialogo político a Duque que girará en torno a los ejes de la vida, la paz, el territorio y la democracia, partiendo de contextos como el incumplimiento al Acuerdo de Paz, la concentración de poderes, el deterioro de la seguridad y la autonomía de los pueblos indígenas. Además, dicen que el presidente debe estar seguro de que se le garantizara la seguridad y las condiciones para poder entablar el diálogo.
“Esta propuesta se trata de una oportunidad histórica para Iván Duque de honrar y cumplir los acuerdos que el Estado colombiano ha venido incumpliéndole sistemáticamente a las comunidades indígenas”, indicó Alexander Castaño, investigador de Pares.
Rechazo a la estigmatización de la Minga
Como una historia que se repite cuando se trata de movilización social, medios de comunicación, políticos y miembros de la Gobierno han salido a estigmatizar la Minga bajo dos argumentos, por un lado, que esta se está convirtiendo en un foco de propagación del Covid-19, lo que incluso llevó a que durante la movilización en el Cauca sobrevolaran aviones y helicópteros haciendo advertencias sobre la pandemia.
Sobre esto Hermes Pete dijo en El Poder: “El Gobierno es responsable del tema del Covid, si no quiere que se brote mucho, pues que atienda rápido al pueblo, porque con Covid o sin Covid nos están matando en los territorios. Nos pusieron tapabocas para callarnos y nosotros no podemos callarnos frente a esto. (…) Han pretendido meternos miedo psicológico, como lo hicieron el año anterior, pero ya a eso no le tememos”.
“El suroccidente colombiano es el lugar de las masacres, del exterminio sistemático de los pueblos étnicos, al igual que del campesinado. Es allí donde se vive con mayor rigor las nefastas consecuencias de un gobierno abiertamente enemigo del Acuerdo de Paz. A lo que se suman sus incumplimientos de pactos anteriores orientados a salvaguardar la vida y demás derechos fundamentales y colectivos”, argumentó Ivonne Quiñónez, investigadora de Pares. Imagen: Pares.
A esto se sumaron las intervenciones que Aída Quilqué hizo en El Poder, quien frente a estos señalamientos advirtió: “independientemente que estemos acá, el Covid ya está en los territorios. Lo que nos ha servido a nosotros es nuestro conocimiento ancestral, nuestras formas propias de protección, porque el gobierno no ha garantizado nada en términos de contrarrestar esta enfermedad. Así, en el territorio o en la Minga los pueblos indígenas estamos en riesgo incluso no solo por el Covid, porque lo que más nos está matando es el conflicto armado”.
Además de esto, otro de los medios de criminalización a esta expresión de movilización social y encuentro popular de distintos sectores ha sido alertar diciendo que esta Minga está infiltrada por el ELN y las disidencias de las Farc, un discurso que también se atribuyó a lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, donde desde la institucionalidad quitó el valor reivindicativo que per se tiene cualquier muestra de protesta, a planes supuestamente organizados por ilegales.
“Rechazamos la versión unilateral de las afirmaciones publicadas por la Revista Semana y el Periódico El tiempo SOBRE LA PRESENCIA DE INFILTRADOS DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC Y EL ELN EN LA MINGA DEL SUROCCIDENTE, aclaramos que nuestra Movilización no está infiltrada por actores armados, tales publicaciones obedecen a una estrategia que viene implementando el Gobierno Nacional desde la pasada invitación al debate político convocado en el año 2019, misma que se emplea este año para estigmatizar e incumplirle al país frente al debate político convocado”, se comunicó desde el CRIC.
Hay que seguir insistiendo en respaldar la Minga, que, además, de no llegar el presidente Iván Duque a Cali seguramente se movilizarán parte de las 10.000 personas que se encuentra en dicha ciudad hacia Bogotá, donde se espera se encuentre con las distintas organizaciones y sectores que se han convocado para la jornada de Paro Nacional del 21 de octubre. Foto: Pares.
A esto se suma que incluso antes de que la Minga se dirigiera hacia Cali, Álvaro Uribe había escribió en su cuenta de Twitter que el objetivo de la Minga es “la toma socialista del Estado”, lo que siguió acentuando una señalamiento y estigmatización hacia las comunidades indígenas que no es nuevo, pues estas acciones parecen haberse convertido en la salida hacia cualquier forma de rechazo a la gestión del gobierno actual.
Asimismo, hay que continuar resaltando el valor de la Minga pues así como se ha dicho desde diversos sectores, y como se ha instado desde Pares por muchos/as de sus investigadores/as, la Minga es, como expresó Paola Perdomo, investigadora de la Fundación, “una expresión pluriétnica y multicultural de unidad y resistencia de los pueblos, que además es muy importante para los procesos sociales que hoy se adelantan en Colombia porque recoge las demandas y exige el debate político alrededor de la situación actual de Derechos Humanos, derechos territoriales y de participación política”.