¿Se necesita un diálogo territorial minero-energético?




Luego de un conflicto armado de baja intensidad que se prolongó por más de cincuenta años, quizás el mayor reto que tiene la sociedad colombiana es la reconstrucción de una nación fragmentada política, social y económicamente. En lo político, la agenda de construcción local del Estado y la reconciliación son los ejes del debate. En lo económico y social, el desarrollo con enfoque territorial y la apertura democrática marcan el avance de la discusión. Sobre esto último, es importante traer a colación tres ideas fuerza con las cuales la Misión para la Transformación del Campo (liderada por José Antonio Ocampo), adelantó uno de los estudios más completos sobre la ruralidad colombiana: i) se debe fomentar un enfoque territorial participativo en el cual se reconozca a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo; ii) la concepción del desarrollo como un proceso integral que implica inclusión tanto social, como productiva; iii) se debe promover un desarrollo rural competitivo y sostenible.

La coyuntura de implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc-EP y los diálogos con el ELN, han puesto en el centro del debate los alcances de la denominada Paz Territorial. Hoy, cuando las zonas más afectadas por el conflicto se preparan para asumir la elaboración e implementación de los PDET, así como la agenda de participación que atraviesa el proceso con el ELN, la discusión sobre el llamado «modelo de desarrollo» cobra inusitada vigencia y relevancia. Uno de los asuntos en dónde se ha centrado este debate, entre la nación y el territorio, es justamente en las actividades minero energéticas. Evidencia de esto es la alta conflictividad social del sector y la utilizació