Por: Redacción Pares
A poco menos de cuatro meses de las elecciones regionales, la cifra de personas victimizadas por su participación en procesos electorales continúa creciendo. Así lo indica el último informe de violencia electoral publicado este lunes por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Desde marzo, los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas, 88,1%, si se ve desde la cantidad de hechos, y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia.
Por su parte, de acuerdo con los datos del sistema de información SIPARES, se mantiene la tendencia según la cual los sectores políticos más victimizados son aquellos en crecimiento, es decir, los partidos de oposición y gobierno.
Entre el 27 de octubre de 2018 y el 17 de julio de 2019 el sistema de información SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación registró 83 hechos de violencia electoral que han dejado un total de 129 víctimas.
Esto quiere decir que en el periodo analizado en este segundo informe se presentó un aumento del 61,25% en la violencia electoral. Mientras que durante los primeros cinco meses del calendario electoral (27 de octubre 2018 – 31 de marzo 2019) se presentaron 42 hechos que resultaron en 80 víctimas, en poco más de tres meses, es decir en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de julio de 2019, ocurrieron 41 nuevos hechos que dejaron 49 nuevas víctimas.
Esta intensificación indica una tendencia hacia formas más individualizadas de violencia y, como se verá, refleja tasas mensuales más constantes que mantienen el preocupante promedio de una persona victimizada cada dos días.
Violencia electoral por departamentos
En la actualidad los hechos de violencia electoral se han presentado en 23 departamentos, 71,87% de todo el territorio nacional. De estos, 7 concentran un 74,41% del total de víctimas: La Guajira (20), Valle del Cauca (18), Tolima (13), Bogotá (12), Nariño (11), Antioquia (11) y Cauca (11) encabezan esta lista y, por su parte, Huila, Caquetá y Norte de Santander son tres nuevos departamentos en los que antes de abril no se habían registrado victimizaciones de este tipo. Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (96), seguido por los atentados (15), y los asesinatos selectivos con 12.
En cuanto a los perfiles de las víctimas, los funcionarios públicos de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (51%), siendo los concejales (38), los senadores (9) y los alcaldes (7) quienes encabezan las cifras. Por su parte, el segundo grupo lo representan los precandidatos quienes en los últimos tres meses prácticamente se han duplicado, pasando de 18 a 37 víctimas, y asimismo recogiendo el crecimiento estadístico más crítico entre todos los perfiles analizados.
De estos, 28 aspirarían a alcaldías, 5 a concejos, 3 a gobernaciones y 1 a asamblea departamental. Además de estos 2 sectores, entre otros, 13 funcionarios públicos y 9 miembros de partidos políticos (en su mayoría de oposición y con distintas funciones en los procesos electorales) han sido víctimas de distintas formas de violencia electoral.
Violencia electoral por partidos
Específicamente, desde el 27 de octubre de 2018 la violencia electoral, vista en función de la alineación política, se ha distribuido de la siguiente manera:
1. Los partidos de oposición registran 38 víctimas que reúnen el 30% de todos los hechos y a esta cifra se suma un 2% (3 casos) equivalente a personas que pertenecen a movimientos políticos afines a partidos de oposición. En los últimos tres meses se identificaron 13 nuevos casos en contra de este sector y esto representa una variación porcentual de 20,58%.
2. La coalición de gobierno 25 casos (19,37%) y una variación de 47,05% equivalente a 8 nuevas víctimas entre primero de abril y el 15 de julio de 2019.
3. Los partidos independientes 22 víctimas que recogen el 17,05% (88,33% de variación porcentual).
4. Y, finalmente, en un 32% de los casos la alineación política de las víctimas permanece desconocida (frente a 29% del periodo comprendido entre octubre 27 de 2018 y el 31 de marzo de 2019) debido, quizá, a la etapa temprana de los comicios regionales.
El caso de las Águilas Negras
Por otro lado, las Águilas Negras (estructura criminal que no existe) es el agente que más victimizaciones registra con el 17.05% y en cuyo caso predominan las amenazas (22 amenazados). Aún no se conoce el primer episodio de violencia letal presuntamente perpetrado por estos actores.
Dentro de los perfiles más victimizados por este grupo se encuentran precandidatos a la alcaldía, 7 casos, seguido por Senadores de la República, 4 casos, militantes de partidos políticos, 3 casos, gobernadores, 2 casos, diputados, 2 casos; una autoridad indígena, un denunciante de corrupción, un representante a la Cámara y un edil.
Estos hechos han ocurrido en lugares como Bogotá, Mocoa (Putumayo), El Copey (Cesar), Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Buga, Alcalá (ambos en Valle del Cauca), Pasto y Tumaco (Nariño).
En la gran mayoría de los casos no existe un agente perpetrador identificado (75,96%). Para agravar el panorama, la violencia electoral se ha tornado más letal y sigue gravitando mayoritariamente en contra de figuras políticas denunciantes de hechos de corrupción y, crecientemente, en contra de sectores alternativos.
Esto lo que significa, es que no hay una estructura ilegal que tenga como objetivo influir en elecciones. Más bien, son sicarios y agentes que prestan servicios de seguridad privada ilegal que son contratados para cometer estos hechos, y que la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política.