Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
A cuatro (4) días de celebrar las elecciones regionales, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo ha alertado sobre el “altísimo” riesgo electoral de cara a la segunda votación más importante a nivel nacional. Amenazas, asesinatos, y trashumancia electoral, entre otros delitos, han reinado en esta campaña, considerada más violenta frente a la del 2015.
“Hay una andanada de empresas criminales que le apuntan a centenares de cargos de elección popular. Allí el problema no es la elección popular de alcaldes, sino la forma como se hace política en el país”, dijo Carrillo en su cuenta de Twitter.
Según él, prácticamente Colombia se encuentra en un estado de alerta roja para el próximo 27 de octubre, debido a la cantidad de quejas por temas electorales y las más de 700.000 inscripciones de cédulas que han sido anuladas por trasteo de votos. También expresó que más de veinte (20) servidores públicos han sido suspendidos por participación en política. “Seguiremos actuando en forma rápida y adoptando medidas cautelares contra este y todos los delitos electorales”, apuntó.
Sin embargo, la suspensión del cargo a los funcionarios no es suficiente, también es deber de los ciudadanos y ciudadanas elegir bien su voto, y en ese sentido, Carrillo expresó que los medios de comunicación, organizaciones y centros de pensamiento ya han publicado quiénes son los candidatos cuestionados ad-portas de la decisiva jornada electoral.
Los riesgos electorales
Para Daniela Gómez, coordinadora de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, en estas elecciones los grandes riesgos de corrupción electoral se centran en tres escenarios.
El primero es el trasteo de votos o trashumancia electoral que a lo largo de esta campaña ha sido uno de los delitos más denunciados. A inicios de este año, la Misión de Observación Electoral (MOE) llamó la atención de que 46.901 ciudadanos y ciudadanas de las 162.725 que habían inscrito su cédula desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 no vivían en los municipios en los que se inscribieron.
Un segundo escenario corresponde a los funcionarios públicos que resultaron apoyando a candidatos. La procuraduría estima 950 denuncias sobre delitos electorales, principalmente por la participación indebida en política de funcionarios públicos.
El tercero trata “todo el tema de compra y venta de votos, que seguramente se verá. Los diferentes mecanismos, la retención de cédulas. Y aunque hasta el momento no esperamos que sean trasladadas mesas de votación, el riesgo de violencia sigue latente”, aseguró Gómez.
La complejidad de las regiones
De acuerdo con Pares, en Colombia hay subregiones que además de padecer los riesgos electorales también sufren de otro tipo de violencias que agravan más la situación dentro de las comunidades y en la gobernabilidad de los territorios. Estos corresponden al bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el norte de La Guajira, el pacífico nariñense caucano, el norte del Cauca, Catatumbo, y Arauca.
Adicionalmente, las fronteras también se verán afectadas por todo el tema de la migración venezolana. Y por ejemplo, la suplantación de votantes también puede darse, entonces la frontera será un lugar importante para monitorear. Pero lo que demuestra este panorama es que la periferia sigue siendo excluida y difícil de controlar.
“Claramente la presencia diferenciada del Estado es sintomática de este país, hace parte de nuestra historia, los riesgos siempre se concentran en los mismos lugares. Y por supuesto han mejorado algunas zonas, no podemos decir que estamos igual”, aseguró la coordinadora.
Pero hay que reconocer que lo que sucede es una cuestión sintomática. Tal como lo ha expresado el subdirector de Pares, Ariel Ávila, parece que en algunas regiones del país hubiese un Apartheid donde coinciden todas las necesidades, tales como, la ausencia de aparatos efectivos, poca presencia de programas estatales, y pues obviamente eso hace que los riesgos sean mayores en esas zonas.
En definitiva, en esas zonas del país hay menos control y menos capacidad de respuesta del Estado frente a las denuncias o posibles delitos, lo cual aumenta los índices de criminalidad e impunidad.
Salve su voto por Colombia
Gómez hizo un llamado a los colombianos y colombianas para que voten a conciencia, se informen sobre sus candidatos, que no se dejen guiar sólo por el carisma, y ni siquiera sólo por las propuestas, que claramente son importantes, pero es clave si conocen todo sobre la trayectoria. Que se vea una coherencia entre la trayectoria entre el político y las propuestas que hace.
“En ese momento las propuestas se vuelven creíbles. Si las políticas han sido opuestas a lo que actualmente propone, lo que quiere es venderse al electorado. Entonces hagan una ponderación de los candidatos, y no vendan el voto”, agregó.
Así las cosas, hay más riesgo en estas elecciones por varios factores. Uno de ellos es que hay territorios que actualmente están en disputa tras la salida de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de esas zonas que ocupaban históricamente, y a las cuales no llegó la institucionalidad como se previó en el Acuerdo Final.
Otro es que la polarización política en el país ha permitido un aumento de la violencia. De acuerdo con Gómez, para estas elecciones se intentó mover el panorama político colombiano que durante décadas había sido muy estable -no para bien-, en el sentido de que los grupos de poder han manejado esos territorios.
“Pero con este ascenso de las fuerzas de izquierda y de derecha, que representan más votos de opinión, creo que despertó y removió rencillas sobre todo en las regiones”, indicó la coordinadora de Democracia.
Sin embargo, hay que destacar algo y es que a pesar del desolador panorama de elecciones violentas y con muchos riesgos electorales, después de que se lanzó el plan Ágora y después de que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría prendieron las alarmas no volvieron a ocurrir más asesinatos de candidatos.
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