Por: Dennis Arley Huffington
Investigador Oficina Pares Pacífico
Como a finales de la década de los 90, las comunidades del municipio de Riosucio, en el departamento de Chocó, sufren las consecuencias de las disputas armadas entre los grupos ilegales que buscan hacerse con el control del territorio, las rutas del narcotráfico, las economías ilegales y parte del apetecido paso fronterizo entre Colombia y Panamá, a través del Tapón del Darién; situación que se agrava con las operaciones militares que se adelantan en esta zona del país y que se han intensificado en los dos últimos años.
Riosucio es una zona codiciada por las estructuras criminales debido a su ubicación estratégica, por un lado, por ser una frontera internacional que permite el paso a través de ríos y trochas montañosas hacia Centroamérica; y, por el otro, por ser el municipio de mayor extensión del Chocó, con 9.318 kilómetros cuadrados, desde donde se puede circular entre Antioquia, a través de Mutatá y Turbo; salir al Golfo de Urabá, del mar Caribe, recorriendo el río Atrato; y al océano Pacífico, por los esteros del municipio de Juradó. Además, es considerado por el Gobierno nacional y sus fuerzas militares como uno de los lugares donde, posiblemente, se encuentra refugiado el máximo cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC): Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Las nuevas violencias: se hacen trizas las esperanzas por la paz acordada
“Cuando escuchamos que el Gobierno iba a hacer diálogos con las FARC, pensamos que por fin nos iban a liberar, pensamos que por fin podríamos andar en nuestro territorio sin miedo”. Esta es una de las voces anónimas de Riosucio que se ilusionó con el camino hacia la paz. Esperaba, como tantas otras personas, que, con la salida de la entonces guerrilla de las FARC-EP del territorio, el Estado colombiano finalmente haría frente para terminar con lo que desde las comunidades llaman y reconocen como “abandono institucional”. Pero no fue así, lo que vieron llegar fue una nueva disputa armada.
El sueño de la paz se convirtió en una pesadilla para la población riosuceña cuando, en el 2017, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) comenzaron a ocupar rápidamente las zonas dejadas por las FARC-EP en la región. Lo mismo hizo el ELN. Los primeros enfrentamientos en este municipio se registraron en el resguardo de Peñas Blancas, del río Truandó, y desde ahí se expandieron hacia la parte alta del río Atrato, dejando a las comunidades en el medio.
Una de las principales consecuencias de esta situación ha sido la instalación de minas antipersonas, por parte del ELN, en la zona rural de Riosucio, especialmente en los límites con el municipio de Juradó. Esto ha ocasionado el confinamiento de comunidades afro e indígenas, además del impedimento para realizar sus actividades tradicionales de caza, siembra y tala de madera, por lo que, ante la imposibilidad de hacerse con el sustento diario, alrededor de unas 300 familias se han visto forzadas a desplazarse hacia el casco urbano.
Las comunidades también han denunciado restricciones en los horarios para transitar por los ríos: después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana no se permite la circulación de embarcaciones. En el casco urbano el panorama no es muy alentador, las AGC ejercen una regulación estricta del orden social: establecen toques de queda para toda la comunidad y renta extorsiva para los locales comerciales, además de que suplantan a las autoridades en asuntos de seguridad y hasta de justicia. En medio de este panorama, sufren la incertidumbre y el temor por las operaciones militares que se han intensificado en la zona.
Las AGC y la Operación Agamenón II
En Riosucio se está implementando de manera intensiva la Operación Agamenón II, que busca capturar o dar de baja a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de las AGC. Con ello, se espera desarticular a la que se denomina como la más grande agrupación narcotraficante del país. Según se pudo conocer, las fuerzas militares han determinado que ‘Otoniel’ se esconde entre el Nudo del Paramillo y el Darién chocoano de la subregión del Urabá, por lo que las operaciones se han concentrado a lo largo de esta zona.
En rueda de prensa, el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, detalló que, en lo que va de año, el operativo deja la captura de 648 personas de este un grupo armado organizado en el Urabá, así como la incautación de más de 40 toneladas de cocaína; además de la neutralización de 49 personas, entre ellas Nelson Darío Hurtado Simanca, alias ‘Marihuano’, segundo al mando de las AGC, quien fue dado de baja en enfrentamientos contra la fuerza pública en zona rural de Riosucio.
En respuesta a los golpes militares, las AGC declararon un plan pistola contra la fuerza pública que ha dejado 3 uniformados asesinados en lo que va corrido del año. Estas muertes ocurrieron en dos hechos: el primero se presentó en enero, cuando dos Policías fueron asesinados en el casco urbano; y, el segundo, se trató de un oficial de la Marina que falleció después de un atentado con explosivos en zona rural, que también dejó otras 4 personas heridas. Por otra parte, se han incrementado los casos de reclutamiento de jóvenes por parte de ambas estructuras armadas ilegales con presencia en el municipio y, con ello, han aumentado los asesinatos.
El peligro de ser joven en Riosucio
Las principales víctimas de esta violencia asociada al posconflicto son los y las jóvenes: de acuerdo a fuentes territoriales, 16 de los 20 homicidios registrados por las autoridades, hasta el mes de septiembre en este año, fueron contra personas jóvenes. También se presentó una muerte violenta por una mina antipersona. Y es que además de las economías ilegales, las rutas del narcotráfico y el control de la frontera, la juventud es un recurso en disputa por los grupos armados ilegales, en especial por las AGC.
El reclutamiento de jóvenes se ha intensificado, en el último año, a causa de las numerosas capturas y neutralizaciones realizadas por la fuerza pública a los integrantes de estas agrupaciones ilegales. Las y los jóvenes reclutados son utilizados como combatientes, informantes o microtraficantes. Por un lado, son seducidos con ofertas económicas, en el caso de quienes residen en zona urbana; y, por el otro lado, son inducidos de manera forzosa, en el caso de quienes están asentados en lo rural.
La situación es crítica. A inicios de año, en rueda de prensa, el alcalde Conrad Valoyes Mendoza afirmaba que tuvo que sacar a 100 jóvenes del municipio porque estaban en lista de las AGC para ser llevados a sus campamentos. “Sus vidas corrían peligro, los mismos padres llegaban a la administración municipal con los ojos llenos de lágrimas, que por favor les salváramos a sus hijos”. Entre estas personas jóvenes que tuvieron que huir, 80 son menores de edad entre los 15 y 17 años, y lo peor es que no han tenido acompañamiento del Gobierno nacional en esta situación, y la administración local no tiene capacidad para hacer un acompañamiento adecuado a las familias y jóvenes que ya no están en Riosucio.
En este municipio, la Oficina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en el Pacífico comprobó que no hay garantía para los liderazgos sociales, y que el margen de acción de las autoridades étnico-territoriales es cada vez más limitado por el accionar violento de las estructuras criminales. Hacer denuncias y dar testimonio se torna cada vez más peligroso. Se reclama con insistencia que es menester el fortalecimiento institucional desde el Gobierno nacional, de la mano de toda la ayuda posible, para prestar atención a las necesidades y demandas de las comunidades: la presencia del Estado debe sobrepasar la bota militar.