Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante
Línea Democracia y Gobernabilidad
En el marco de las denominadas reformas sociales que el Gobierno Petro está presentando en el primer semestre del 2023, el pasado miércoles 17 de mayo fue presentada la reforma laboral. Esta reforma es uno de los proyectos clave con los que el gobierno busca modernizar el sistema laboral. Uno de los principales cuestionamientos que ha generado esta reforma es cómo modernizar el sistema laboral sin afectar, en el proceso, a sectores de la economía que actualmente aportan al crecimiento y empleo en el país.
Un problema social que se incrementó con la pandemia fue la informalidad en el sector laboral. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre de diciembre del 2022 a febrero del 2023, el 58% de la población activa en el mercado laboral trabaja de manera informal.
Cabe señalar que gran parte de la informalidad laboral se concentra en sectores enfocados al comercio. En consecuencia, el promedio de los ingresos de los trabajadores que operan de manera informal se encuentra por debajo del salario mínimo legal vigente, lo que conlleva a que este sector de la población sea uno de los más vulnerables en Colombia.
Es de común acuerdo que la reforma laboral debe garantizar derechos para los trabajadores, la pregunta es ¿cómo? En este orden de ideas, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en reiteradas ocasiones ha asegurado que “la reforma laboral no generará empleo por sí misma, sino que buscará mejorar la productividad a través de la estabilidad, la formalización y garantía de derechos laborales”.
¿Qué propone la reforma laboral?
Desde el año 2022 la ministra de Trabajo había venido trabajando con diferentes actores políticos interesados en esta reforma, como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) o sindicatos, para la construcción de un proyecto lo más consensuado posible. Inicialmente el borrador de la reforma laboral contaba con 78 artículos y luego de diversas mesas técnicas y de concertación, mesas compuestas por representantes a la Cámara que componen la Comisión Séptima, la ponencia positiva del proyecto fue presentada con 82 artículos.
La reforma laboral busca priorizar la contratación a término indefinido, y recuperar y diferenciar la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 7 p.m. También pretende cambiar el pago del recargo dominical, que hoy es del 75% y pasarlo al 100%, esto con un régimen de transición, pues a partir de julio de 2024 se pagarían al 80%; 90% desde julio de 2025 y el 100% se alcanzaría desde julio de 2026. A diferencia del primer borrador, respecto a la protección del trabajador en plataformas digitales o de reparto por medio de un contrato laboral con todas las prestaciones legales, se propone, ahora, un contrato “especial”. Con estos cambios, la reforma le apuesta a una mayor estabilidad laboral, al respaldar a los trabajadores por encima de las empresas.
Dichas propuestas han sido muy controvertidas en varios sectores económicos que argumentan que uno de los efectos negativos de la implementación de la reforma laboral podría ser el incremento en la tasa de desempleo e informalidad, pues se está limitando la forma de contratar de las empresas. Según lo dicho en un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, esta reforma laboral, en el corto plazo –de tres a cuatro años–, haría que se presente un recorte de, al menos, 450 mil empleos formales. Además, según el informe de Gamla, se presentaría un incremento de 6,73% en los costos salariales, en caso de haber indemnización, el aumento sería del 8,32%.
Otra de las críticas alrededor de la reforma laboral es que amenazaría la subsistencia a mediano plazo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Según el DANE, el 85,2% de las personas que trabajan en microempresas realizan sus labores bajo la modalidad informal. De manera que exigir que todas las formas de empleo sean regidas por un contrato laboral es una barrera bastante costosa para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar gastos derivados de las prestaciones sociales (prima, cesantías, vacaciones, etc.).
En suma, la reforma laboral claramente busca la formalización laboral, pero parece no ofrecer incentivos para la generación de nuevos empleos, así también lo ha manifestado la ministra Ramírez.
La reforma en el Congreso
La reforma laboral, al igual que otras reformas del paquete social como son salud y pensional, surtirá su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En lo que se refiere a su composición en Cámara, esta se encuentra compuesta por 21 congresistas, de los cuales 13 hacen parte de la bancada de gobierno, cuatro son independientes y cuatro son oposición.
Adicionalmente, quien preside la Comisión Séptima en Cámara de Representantes es Agmeth Escaf, una de las fichas del Pacto Histórico y gran aliado del Gobierno. Pese a que Escaf es quien decide los tiempos en los que los proyectos se discuten, la ralentización del debate sobre la reforma a la salud ha hecho que las discusiones sobre la reforma laboral se corran y los tiempos que tenía contemplado el gobierno no se cumplan. Por lo que quedan dudas si ante la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias en este final de primera legislatura esta reforma sería discutida en estas, o su discusión, al menos en Senado, se daría en segunda legislatura, con un problema de por medio: las elecciones regionales de octubre. Los congresistas estarían volcados en ganar en sus regiones y esperarían que, al menos, los miércoles, días de plenaria, ya no sean citados, para así estar en diferentes zonas del país.
El panorama que rodea a la reforma laboral no es muy alentador porque, pese a las conversaciones del gobierno con algunos sectores económicos del país, las preocupaciones se siguen manteniendo frente al futuro de las pequeñas y medianas empresas, además de que los tiempos y la gasolina política se reducen cada vez más.
Tras la declaración de independencia del partido de La U y del partido Conservador, la coalición de gobierno se ha venido desmoronando tal como la conocimos al inicio de la primera legislatura. La U no apoyará la reforma tal como está presentada, de hecho, radicó una ponencia alternativa en cabeza del representante Víctor Manuel Salcedo. El partido Conservador tampoco la apoyará y, de hecho, el representante conservador, Jorge Quevedo, integrante de la Comisión Séptima que firmó la ponencia de la reforma, fue suspendido por el partido a tres meses sin voz ni voto. El partido Liberal, que sigue siendo de la coalición de gobierno, no firmó la ponencia presentada, al igual que el partido de La U, y poco a poco se ha venido apartando de la reforma laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, la reforma laboral cuenta con nueve votos seguros de las bancadas del Pacto Histórico, Alianza Verde, Curules de Paz y Comunes. La reforma necesita de la mitad más uno de los votos presentes a la hora de votar en la Comisión, así que el gobierno, en cabeza de Gloria Inés Ramírez y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buscará los votos uno a uno como ha venido haciendo con la reforma a la salud en la misma comisión. Otro ministro fundamental para aclarar las dudas en torno al impacto fiscal de la reforma será el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Este jueves 25 de mayo a las ocho de la mañana está citada la Comisión Séptima de Cámara, pese a ello en el orden del día no aparece reforma laboral para iniciar su discusión. Los tiempos cada vez se le acortan más al gobierno y se reduce su maniobra política dentro del Congreso para pasar el paquete de reformas sociales.