«Referendo de Uribe pretende destruir el Estado de Derecho»

Por: Laura Cano. Periodista Pares.

Hace unos días Álvaro Uribe Vélez apareció públicamente de nuevo luego de que permaneciera en detención preventiva y que una jueza de garantías le otorgara la libertad en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto soborno y fraude procesal. Ese retorno público ha traído cuestionamientos y preocupaciones, pues lo que trajo consigo fue la propuesta de un posible referendo, que como escribió en su cuenta de Twitter el investigador de Pares, Esteban Salazar, es “retrógrado, anti-derechos y dictatorial”.

Pues bien, en el borrador que presentó el expresidente se exponen trece puntos, que hay que señalar, estarán dispuestos para ser discutidos en el Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales, y, también en las próximas semanas comenzaría la recolección de firmas para definir si esta iniciativa tendrá futuro.

Sin embargo, la discusión que ha desatado esta propuesta está centrada en lo que constituyen los trece puntos que tendría el referendo, pues resaltan los intereses en los que han estado insistiendo desde sectores como el Centro democrático durante toda la gestión de Iván Duque.

Por ejemplo, como lo indicó Ariel Ávila, “hay una destrucción de la rama de la justicia”. ¿Por qué? En el borrador hay varios puntos que señalar en relación con la anterior afirmación. Por una parte, se propone dejar una o dos Altas Cortes que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. Además, se establece que los magistrados serían mayores de 55 años y se les asignarían periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio). Estos serían elegidos por cooptación con aprobación del Senado.«

Adicionalmente, se suma que se derogaría la Jurisdicción Especial Para la Paz trasladando sus funciones a la justicia ordinaria. Con esto hay que resaltar que durante un evento con víctimas el procurador Fernando Carrillo se pronunció a la labor de la JEP señalando, entre otras cosas, que “durante estos 3 años de la JEP, la magistrada Patricia Linares ha sido defensora de los derechos humanos y una luchadora por el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, en un país que suele no darles nada, excepto la espalda”.

Además, agregó que “algunos olvidan que la JEP es una alta corte de justicia y de paz. Un doble contenido que implica no solo el respeto de sus decisiones, sino la necesidad de que se mantenga en el tiempo porque está consagrada en la Constitución”.

A la propuesta del exsenador respecto a este punto se sumó que se reducirían los periodos de los actuales magistrados. Y, aun cuando durante los últimos meses se han fortalecido las exigencias desde la sociedad civil para que los miembros de la Fuerza Pública no tengan impunidad y se investigue rigurosamente las denuncias que se han hecho respecto a constantes violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas en los últimos meses, pero también ejercidas años atrás, el exsenador propuso, por un lado, que haya una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, “con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales”.

Asimismo, informó que los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, y que hayan cumplido cinco (5) años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. A esto podrían acceder quienes no hayan cometidos delitos relacionados con acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado. Por otro lado, se menciona que se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los/as congresistas y de los/as magistrados.

La democracia está en peligro

El exsenador también decidió irse por propuestas en las que muchos sectores han centrado sus agendas, por ejemplo, anunció que a través referendo permitiría reducir el Congreso en un 30%, y que la remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes seis años. Esto último también se haría con los egresos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento en los diferentes niveles del Estado.

“No olvidemos que todos los gobiernos autoritarios siempre cambian las dos cámaras (representantes y senado) por una sola y así reducen el congreso con la promesa de ahorrar plata y luchar contra la corrupción, para así tener un congreso más manipulable. Es una propuesta popular, pero muy peligrosa para la democracia”, explicó Ariel Ávila.

Siguiendo el manejo de recursos, Uribe se refirió a la entrega de un apoyo económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Asimismo, también habría un bono pensional para los/as recién nacidos de hogares con índices de pobreza, a eso añadió que se determinaría el monto de la entrega económica de acuerdo con las posibilidades fiscales.

“Este populismo económico, como el tema del ingreso solidario, pretende arrastrar una gran masa de votos. Así que ya por boca del propio expresidente Álvaro Uribe Vélez nos damos cuenta de la peligrosidad del referendo, que como yo he dicho, pretende por la casi destrucción del Estado de Derecho”, añadió Ávila.

Por otro lado, el expresidente, siguiendo con este tipo de propuestas, incluyó en el borrador del referendo que el Estado garantizará la gratuidad en la educación, también a través de una valoración socioeconómica, y que las personas que accedan a dicho beneficio podrán inscribirse en instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.

“No olvidemos que todos los gobiernos autoritarios siempre cambian las dos cámaras (representantes y senado) por una sola y así reducen el congreso con la promesa de ahorrar plata y luchar contra la corrupción, para así tener un congreso más manipulable. Es una propuesta popular, pero muy peligrosa para la democracia”, Ariel Ávila.

Esto pone sobre la mesa que no se está priorizando fortalecer las universidades públicas como forma de democratizar el acceso a la educación, algo que no es nuevo, pero que sí sigue dejando entrever las agendas que resaltan respecto al acceso a la educación, en donde no dejan de ser ejes centrales la privatización de la misma.

Adicionalmente, respecto a este punto, Uribe afirmó que “hoy existe un monopolio oficial, a través de Fecode, que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político”. Tras esto desde la cuenta de Twitter de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- se argumentó que: “El país se sume en hambre, desempleo, pobreza, violencia… pero los aliados del gobierno se inventan un referendo que no sólo vulnera los derechos de los colombianos, como la educación, sino para desviar la atención ante la pobre gestión del Gobierno en estas problemáticas”.

Además, agregaron que: “Rechazamos categóricamente estas declaraciones irresponsables, mentirosas y estigmatizadoras. Son, en su conjunto, una grave vulneración al Estado Social del Derecho. Prácticamente proponen refundar el Estado a su gusto e intereses, sin oposición y sin democracia”.

A esto hay que agregar que la aseveración del exsenador llega en un crítico momento de seguridad y garantías de vida para quienes ejercen algún tipo de liderazgo en el país, contexto en el que durante la semana pasada se denunció que 15 miembros del magisterio estaban siendo nuevamente víctimas de amenazas de muerte.

Asimismo, días antes, Nelson Alarcón, había alertado que Fabio Herrera, miembro del ejecutivo de Fecode, había aparecido en la lista de amenazados por parte las autodefensas de la Guajira contra dirigentes sindicales y sociales.

En su momento y en relación con estas amenazas Alarcón señaló que “en estos 25 años, más de mil compañeros, maestros y maestras han sido asesinados. En el 2019 más de casi 700 compañeros y compañeras han sido amenazados en territorio colombiano”.

Así vale la pena cuestionarse cuál es el interés de Álvaro Uribe, que por un lado lanza estas peligrosas afirmaciones, pero por el otro, en el mismo borrador del referendo, dice que se velará por la protección a los líderes y lideresas sociales asegurando que “el homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas”.

Más de lo mismo

En una forma de convocar y llamar la atención hacia lo que es la campaña electoral para 2022, el expresidente continuó centrándose en las estrategias políticas y mediáticas que ha venido posicionando. “Que hagan coincidir el referendo al menos con las elecciones al Congreso es causar un efecto ola en las siguientes elecciones”, indicó Ariel Ávila. Con esto hay que señalar que como se estableció en el documento, el referendo sería dispuesto a consulta popular, que posiblemente se realizaría en marzo de 2022.

En esta consulta, además de los puntos expuestos anteriormente, también determinará otros aspectos, como que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de ningún cargo de elección popular. Por otra parte, se incluye que se podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente.

Por último, se añade que el Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno.

Finalmente, hay que nombrar que se estableció en el borrador que para la implementación de dicho referendo se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, quienes serían elegidos por medio del Senado, y que de ser aprobado el referendo y no adoptadas las medidas que establece en los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.