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Reclutamiento de menores en Páez, Cauca: una tragedia social

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


El pasado 08 de noviembre fue asesinado en Páez, Cauca Josué David Puscué Tenorio, un menor de 11 años, perteneciente al resguardo indígena de Chinas, quien fue impactado por un disparo de arma de fuego cuando la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc estaba hostigando a la comunidad de ese municipio del Cauca.


“Esta voz hoy pide a gritos que haya justicia, no es posible que nos sigan matando niños indefensos en nuestro país. No hay palabras para consolar el dolor de un padre, de una madre, de un hermano y de toda una comunidad. Hoy seguimos rechazando esos actos, por eso en la minga salimos a reclamar nuestros derechos, aun en minga nos siguen matando”, dijo en su momento Ermes Pete, Consejero Mayor Consejo Regional Indígena del Cauca.


Por su parte, Duvan Arbey Velasco, alcalde de Páez, se pronunció a los hechos diciendo que: “En la población civil hay rabia contra los grupos armados por la muerte de este menor del resguardo indígena de Chinas, agradecer la presencia del Defensor del Pueblo, que sin importar las condiciones aquí estuvo dando la cara y acompañando este lamentable hecho. De acuerdo a la alerta temprana que tenemos le hemos exigido a la Gobernación del Cauca que atienda las necesidades que tienen las comunidades. Las comunidades no necesitamos militarización, necesitamos inversión social y exigimos respeto hacia la población civil porque no es posible que estén asesinando a nuestros niños indígenas”.


Luego de esto el alcalde también convocó una audiencia pública en esta zona del oriente del Cauca, pues tanto la comunidad como las autoridades locales han pedido que se tomen acciones, dado que este departamento se ha convertido en el epicentro de muchos tipos de violencia, y, además, donde los hechos victimizantes que han ocurrido muchos se han quedado en la impunidad y sin esclarecerse lo sucedido. “Rechazamos enérgicamente como autoridades originarios y solicitamos al Estado poner los ojos en las comunidades indígenas que reclamamos paz, derecho a la vida y al territorio”, se comunicó desde la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxhâçxha.


Asimismo, durante la audiencia pública Duvan Arbey Velasco alertó que durante al año 2019 y lo corrido del 2020 han sido reclutados 37 menores por parte de grupos armados al margen de la ley, y que incluso, aunque la cifra es crítica, esta podría ser mucho mayor, ya que muchos de los casos ocurridos en esta zona del Cauca no son denunciados.


«Hago un llamado a la población para que denuncie y no seamos permisivos ante esta situación. También pido al gobierno el acompañamiento a las familias de estos menores víctimas del reclutamiento», explicó el mandatario.


Hay que señalar que desde agosto la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 029 para Íquira (Huila) y Páez (Cauca) en la que se advertían los riesgos inminentes de vulneración de derechos humanos, como restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y ataques indiscriminados contra la población civil, por la presencia y accionar de grupos armados.


Adicionalmente, el alcalde del municipio en entrevista con Unicauca Estéreo, afirmó que sobre los hechos “(…) El ICBF ha estado en las reuniones de seguimiento que hemos tenido, pero no ha habido acciones concretas aquí en Páez. (…) Desde la Alcaldía ya hemos hecho algunas cosas pero no se encuentra eco en las autoridades nacionales”.


¿Qué está pasando en Páez, Cauca?


Tanto desde la Alcaldía del municipio, como desde las autoridades indígenas se ha advertido que uno de los grupos que más ha generado zozobra y ha hostigado a la comunidad de Páez es la columna móvil de las disidencias de las Farc Dagoberto Ramos.


Asimismo, vale la pena señalar que en este mismo punto en enero de este año fue asesinada la sabedora indígena Nasa, Virginia Silva. Hecho que como indicó el investigador de Pares, Juan Manuel Torres: “marcó una alerta muy grande porque esta mujer era muy importante para la comunidad Nasa”.


Hay que mencionar que este municipio al estar ubicado al oriente del Cauca, comunica con el departamento del Huila, departamento en el que ya habría una subestructura de la columna móvil Dagoberto Ramos, además esta cercanía con el Huila ha configurado a Páez como un corredor de marihuana del norte del departamento hacia el Huila.


“En el municipio de Páez lamentablemente no se puede hablar de tranquilidad; en agosto tuvimos hostigamientos en la cabecera municipal, el pasado domingo también tuvimos enfrentamientos en zona rural del municipio entre la Fuerza Pública y las disidencias. (…) El incumplimiento del Gobierno con el Acuerdo de Paz ha hecho que las disidencias se hayan tomado los territorios con bastante fuerza”, añadió Duvan Arbey Velasco en entrevista con Unicauca Estéreo.

Asimismo, se explica que en Páez solo se tiene conocimiento que opera la columna móvil Dagoberto Ramos, la cual ha venido en un proceso de expansión luego de fortalecerse en zonas del cauca como Toribío, Caloto, Corinto, desde donde se han venido expandiendo hacia otras zonas del Cauca, entre ellas Páez, e incluso algunos puntos del sur del Valle del Cauca.


Por otro lado, este municipio es también parte del corredor de los resguardos indígenas de la cordillera central, aspecto que ha llevado a que “desde la Alcaldía contamos con el apoyo de las 17 autoridades indígenas, quienes ayudan a hacer control territorial, pues hay que decir que en cabecera municipal hay solo alrededor de 12 policía, lo que es insuficiente para atender cualquier tipo de emergencia”, añadió Velasco.

A este panorama se suma, como se advirtió desde la Defensoría del Pueblo, que el reclutamiento es una amenaza latente para los niños, niñas y adolescentes del municipio.


Frente a esto, Juan Manuel Torres analizó que “en todos los municipios del oriente están reclutando niños/as y jóvenes de una manera impresionante y masiva para fortalecer las estructuras armadas, especialmente la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez; es decir, los reclutan en esos municipios, pero se los llevan a combatir a otras zonas. El frente Carlos Patiño se ha nutrido de muchos jóvenes indígenas Nasa. Incluso ahora están buscando otras estrategias para el reclutamiento; les colaboran con favores, les usan como informantes y poco a poco los van involucrando hasta que se los llevan”.


Con todo esto, se debe agregar que históricamente el problema de reclutamiento a menores ha mostrado cifras alarmantes. Según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se informa que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad.


Esta práctica, luego de la firma del Acuerdo de Paz, presentó en el 2018 un pico en los casos con un total de 50 hechos, mientras que en el año anterior se habían registrado 24. Adicionalmente, entre 2017 y 2019 la Defensoría emitió 108 alertas donde advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que existe en 182 de los 1.103 municipios del país.


Por otra parte, hay que resaltar que se hace urgente poner los ojos sobre esta problemática, pues además de la ola de violencia que vive el país y que pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes, a esto se suma el periodo de confinamiento a causa del Covid-19.


Esta realidad se ha convertido en un contexto adicional que agudiza esta problemática, pues al haber un estancamiento en la dinámica escolar presencial la desprotección y poco seguimiento que se le puede hacer a la situación de los/as jóvenes es mayor, lo que les hace más vulnerables a ser reclutados/as.


Vale la pena mencionar que en mayo, Coalico presentó un informe en el que se afirmaba que en los cinco primeros meses del año el reclutamiento forzado había aumentado en un 113 % con respecto a 2019, pues en ese momento 128 niños, niñas y adolescentes habían sido reclutados o vinculados a grupos armados, mientras que en 2019 el registro había sido de 60.