Por: Camilo Díaz y Ernesto Medrano
Línea Democracia y Gobernabilidad
Esta semana tuvo gran movimiento legislativo en el Congreso, toda vez que se dieron varios debates en comisiones o plenarias de proyectos de acto legislativo o proyectos de ley, avanzando en su trámite, para cumplir con los tiempos legislativos. De estos, el que avanzó en la totalidad de sus debates fue el Acuerdo de Escazú, quedando solo unos cuantos pasos para que comience a regir. Además, avanzaron los proyectos de origen gubernamental de reforma política, Jurisdicción Agraria y Paz Total, así como el de regulación del consumo de cannabis de uso adulto de origen congresional. Sumado a ello, fue radicado el proyecto de reforma a la policía, esperando que pueda cumplir los tiempos para su aprobación.
Acuerdo de Escazú
El proyecto de ley 109/22 en Cámara de Representantes, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”, fue aprobado en su último debate.
La discusión sobre la suscripción y ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia viene desde el 11 de diciembre de 2019 con la firma del acuerdo, pero se extiende en una larga discusión política entorno a su ratificación. A pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, hizo un llamado a avanzar en el tema por la realidad que enfrenta el país, algunos sectores políticos se opusieron a su ratificación.
Para el gobierno del expresidente Iván Duque, la ratificación del Acuerdo no fue un elemento prioritario en su gestión, pues días después de la suscripción de este, el Gobierno colombiano se había comprometido a ratificar el Acuerdo de Escazú, pero esto no pasó. Después de la suscripción del acuerdo, el gobierno presentó el proyecto de ley que buscaba su ratificación 7 meses después ante las comisiones segundas de Senado y Cámara. El 20 de julio de 2020 fue radicado con mensaje de urgencia, sin que lograra un avance en su aprobación.
Posteriormente, en 2021, el trámite de la ratificación del Acuerdo continuó con la discusión entre los opositores al Acuerdo de Escazú y quienes veían en el Acuerdo un imperativo y una oportunidad para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas ambientales en Colombia.
En América Latina solo 13 de los 33 países de la región han firmado y ratificado el Acuerdo, y 12 solo lo han firmado. Sin embargo, Colombia se encuentra en proceso de ratificación del Acuerdo, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto en su cuarto debate, con 119 votos a favor de la ratificación.
Fuente: Naciones Unidas, 2022
Ahora, en el marco del trámite legislativo, el proyecto pasará a conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado, con la finalidad de armonizar el documento de ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual posteriormente pasará a sanción presidencial. Adicionalmente, mientras el Acuerdo entra en vigor, el texto definitivo será analizado por la Corte Constitucional en un examen de constitucionalidad para definir si el texto se ajusta a los principios constitucionales.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo la implementación y garantía de derechos en materia de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de carácter ambiental, acompañado de la creación y fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de los individuos. Esto quiere decir que Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales.
En Colombia, el Acuerdo es importante debido a la persistencia de los conflictos ambientales y dinámicas de violencia que se han presentado en el país. De acuerdo con Global Witness, entre 2012 y 2021, en Colombia se registraron 322 líderes y lideresas ambientales asesinados, una cifra que ubica a Colombia como el segundo país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Reforma política
El proyecto de acto legislativo 18/22, acumulado con los proyectos 06, 16 y 26 de 2022, “por medio del cual se adopta una reforma política”, es uno de los proyectos emblema del gobierno de Gustavo Petro. Con este se buscan varios cambios, entre los que destaca el fortalecimiento del sistema de partidos por medio del establecimiento de un requisito de democracia interna en los partidos políticos para elegir sus directivas y candidatos.
El abstenerse de utilizar algún mecanismo de democracia interna sería causal de pérdida de la personería jurídica. Para ello, se establece que el órgano electoral lleve un registro de la militancia de los partidos. Así, se busca que en los dos periodos siguientes de elección constitucional a partir de 2026, los partidos presenten listas cerrada y bloqueadas que cumplan los principios de paridad, alternancia y universalidad.
A esto se suma que se responsabiliza a los partidos por avalar a personas que sean condenadas durante el periodo por el cual fueron elegidas o si aspiraron a cargos bajo su aval. Las sanciones por esto irán desde multas y devolución de recursos públicos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Además, si la persona condenada fue elegida para un cargo uninominal, se le prohíbe al partido presentar un candidato por esa circunscripción en las elecciones siguientes.
Pese a ello, esta reforma autoriza el transfuguismo al permitir por una vez que los miembros de cuerpos colegiados de elección popular puedan cambiarse a un partido distinto que el que los avaló, sin perder su curul o incurrir en doble militancia. A esto se le suma que habría una financiación anticipada a la contienda electoral con preponderancia estatal y que se limita a un máximo de 4 períodos la presencia de una persona en el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.
El proyecto fue votado positivamente en segundo debate en plenaria del Senado de la República, luego de pasar por el primer debate en Comisión Primera de esta corporación. En el primer debate no hubo mayores modificaciones, mientras que en el segundo debate no pasó el artículo que buscaba hacer el voto obligatorio en Colombia. Ahora, tiene que seguir su debate en Comisión Primera de la Cámara de Representantes y otro en plenaria de esta corporación. De avanzar en ambos debates, le falta enfrentarse todavía a los mismos cuatro debates el próximo año, entre marzo y junio.
Jurisdicción Agraria
El proyecto de acto legislativo 173/22, “por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural”, hace parte de los proyectos legislativos estratégicos presentados por el Gobierno Nacional. Con este proyecto se busca establecer un marco constitucional que permita resolver de manera precisa las controversias en materia de tierras en el país.
Este proyecto plantea la necesidad de crear instrumentos que permitan garantizar los derechos del campesinado colombiano y promover las condiciones necesarias para el desarrollo productivo del campo. Esto en virtud de las disputas agrarias que se han presentado en el país, que incluyen conflictos por los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural.
Asimismo, dentro del proyecto se plantea la creación de una corte agraria y rural, que sirva como un tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural. Esto quiere decir que se establecerá una corte con el objetivo de dirimir los conflictos relacionados con la tierra. El proyecto establece que el número de magistrados será impar, se exigirán los mismos requisitos que en las altas cortes y se deberá acreditar experiencia en temas rurales y agrarios, además de poseer conocimientos en enfoque género, territorios étnicos y resolución de conflictos y paz.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la cual se presentaron diversas proposiciones modificatorias al articulado, pero que no modifican sustancialmente sus elementos fundamentales. A partir de la aprobación de la jurisdicción agraria y rural en el primer debate en la Cámara, el proyecto continuará su tránsito para segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere 8 debates, divididos en dos rondas de 4 debates. Dos debates en Cámara y dos en Senado. El primer debate se realiza en la Comisión Primera, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Posteriormente, se discute en las plenarias de Cámara y Senado. Y finalmente se concilian los textos aprobados.
Política de paz del Estado
El proyecto Ley 160/22 en Cámara y 181/22 en Senado, “por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”, tiene como objeto definir la política de paz de Estado, en aras de consolidar la política de Paz Total planteada por el Gobierno. Para ello, la ley adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 que consagra los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia.
El proyecto que modifica y prorroga la Ley 418 de 1997 consta de 13 artículos en los que se definen dos tipos de procesos de negociación entorno a la construcción de paz: negociaciones de carácter político para negociar con el ELN y acuerdos de acogimiento a la justicia para negociar con organizaciones criminales. Así mismo, con el objetivo de profundizar la narrativa de la Paz Total, se creará el Servicio Social para la Paz como mecanismo complementario al servicio militar obligatorio. Sin embargo, en la discusión no fueron incluidos los artículos relacionados con el Fondo para la Paz, pese a que se acentúa la inversión orientada a la paz en los territorios.
Otras disposiciones importantes del trámite del proyecto fueron: la creación de las Regiones Paz, que se integrarían junto con las zonas más afectadas por el conflicto armado, ZOMAC y las subregiones PDET; el Gabinete para Paz, que permite que los ministros puedan articularse para adelantar acciones encaminadas hacia la solución de problemas estructurales; se consolidan las Zonas Veredales, con el objetivo de adelantar los procesos de dejación de armas, en una etapa más avanzada. Adicionalmente, uno de los artículos que generó mayor polémica, fue el que establece que organizaciones de la sociedad civil de carácter humanitario, con presencia territorial, podrán adelantar contacto ocasional o continuado con grupos armados, con previa autorización del presidente.
El proyecto fue aprobado en primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. Fue radicado con mensaje de urgencia y fue discutido en comisiones conjuntas con la previa aprobación de las actas que así lo permiten. La solicitud de discutir el proyecto de ley en comisiones conjuntas permite agilizar el proceso del trámite legislativo, pues ahora el proyecto pasa a segundo debate en plenaria del Senado. Una vez discutido y aprobado en la plenaria del Senado, el articulado pasa a tercer debate en comisiones primeras y luego se discutirá en la plenaria de la Cámara.
Regulación cannabis
El proyecto de acto legislativo 31/22 de Senado, “por medio del cual se habilita la regulación del uso adulto del cannabis y sus derivados”, busca reformar el artículo 49 de la Constitución Política para que el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad no sea prohibido. De igual forma, el proyecto busca que tampoco se prohíba su uso para la destinación médica, científica o industrial. A su vez, dicta que, al ser aprobado, el gobierno tendría un año para presentar un proyecto de ley que regule el uso adulto del cannabis ante el Congreso.
Por ser un proyecto de acto legislativo se debe enfrentar a dos vueltas en el Congreso, cada una con 4 debates. De la primera vuelta ya pasaron con éxito sus debates en la Comisión Primera y plenaria de la Cámara de Representantes. Así, el siguiente paso es su discusión en la Comisión Primera y plenaria de Senado, para surtir con éxito la primera vuelta. Esos mismos debates los tendrá que tener entre marzo y junio del otro año.
Reformaa a la policía
El pasado miércoles 12 de octubre fueron radicados dos proyectos que buscan reformar a la Policía Nacional, por iniciativa de los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y David Racero. A la espera de conocer el texto definitivo para su primer debate, se conoce que uno de los proyectos busca “prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, garantizando los derechos establecidos por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza”.
Se buscará prevenir el abuso policial en manifestaciones y en su actividad cotidiana, creando directrices para evitar que se llegue a alguna de estas instancias y, de esta forma, evitar violaciones de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza. Entre estas directrices estaría el prohibir la medición del desempeño de un policía por cuotas de comparendos o resultados operativos. En cuanto al accionar policial en las manifestaciones, se dicta que se obre bajo el principio de ‘prevención, disuasión e intervención’, que tratará el uso de la fuerza como una situación excepcional, en la que se permite una intervención para restablecer el orden público, pero que debe cesar inmediatamente se haya restablecido. A su vez, en caso de existir perjuicios a la integridad, se deberá redactar un informe para remitir a sus superiores o a la Procuraduría.
Por su parte, el segundo proyecto busca regular el régimen de ascensos para ‘democratizar’ el sistema de ascensos. Para ello, se atacarían los obstáculos en la carrera policial, mejorando el proyecto educativo que existe y tratando el tema de los costos de ingreso a la carrera al plantear que se tomen en cuenta factores socioeconómicos. Así, cualquier patrullero podría tener la posibilidad de ascender hasta oficial de policía.
Como proyectos de ley ordinarios se enfrentan a una ronda de 4 debates: 2 en Comisión Primera de Cámara y Senado y 2 en plenaria de cada corporación. Sobre los tiempos, su radicación se dio un poco sobre el tiempo y depende del trabajo y avance del Congreso, para alcanzar a tramitar los dos proyectos.