Por: Katerin Erazo, Periodista
En la tarde del pasado miércoles 12 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 205 de 2023, ratificando el equipo negociador del Gobierno Nacional para la reanudación de los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Tras la suspensión de la negociación en mayo, debido al asesinato de cuatro menores indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo, las conversaciones entre el Gobierno y la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, liderada por “Iván Mordisco”, retoman su curso.
La delegación oficial, compuesta por once integrantes, representa una variedad de perspectivas y conocimientos para abordar los desafíos y tensiones que enfrenta Colombia en esta etapa crucial de la búsqueda de la Paz Total. A continuación, presentamos un breve perfil de los delegados del Gobierno, que podría ampliarse o variar un poco según información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz:
Camilo González Posso: director de Indepaz, su experiencia en temas de paz y conflicto lo convierte en un miembro clave del equipo negociador. Será el “coordinador de los representantes del Gobierno” para participar en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos que está próxima a instalarse.
Fabio Valencia Cossio: exministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, aportará su conocimiento en políticas gubernamentales y seguridad. Valencia también fue embajador, congresista y ya fue negociador con la extinta guerrilla de las FARC cuando se dieron los diálogos en el Caguán.
Feliciano Valencia: exsenador de la República y exdirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), representará a las comunidades indígenas en la mesa de diálogo.
Luz Dary Landázury Segura: lideresa social de Tumaco (Nariño) y víctima de las antiguas FARC en 2012, dará voz a las mujeres y las negritudes afectadas por las disidencias.
Carlos Murgas Guerrero: empresario palmero y exministro de agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango.
Óscar Salazar: coordinador del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PSUOC) en Cauca, aportará su experiencia sobre la violencia y las apuestas de paz en esa región.
Pedro José Arenas García: cofundador de la Corporación VisoMutop y conocedor de las dinámicas de la guerra en San José del Guaviare.
Yezid Arteta Dávila: excomandante del Frente 29 de las extintas FARC, se destaca por su papel en los procesos de pacificación en las cárceles del país.
Gloria Quiceno Acevedo: exintegrante del M-19 y antigua directora del proyecto de reinserción, aportará su visión sobre procesos de paz anteriores.
Darío Fajardo: exviceministro de Desarrollo Rural, será un consultor en temas de derechos humanos y desplazamiento.
Coronel Genny Calvo Olmos: exdirectora de la Escuela de Capacitación de la Policía Nacional, brindará su experiencia en el ámbito de la seguridad.
Coronel Luis Novoa: comisionado para los derechos humanos de la Policía, contribuirá con su perspectiva institucional.
Asimismo, el Gobierno designó a Germán David Rodríguez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), como miembro del personal de apoyo en la fase preliminar de los diálogos, incluyendo la instalación de la mesa.
Por otro lado, el Ejecutivo reconoció a los miembros de la delegación del grupo residual al mando de “Iván Mordisco”. Entre ellos se encuentran Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas durante 30 días más. Además, con la resolución 197 se reconoció a Carlos Eduardo García, alias “Andrey Avendaño”, como el sexto miembro de la delegación de esa estructura ilegal en las conversaciones de paz, teniendo en cuenta que Avendaño es con quien ha tenido un mayor acercamiento el Alto Comisionado de Paz.
La reanudación de la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC representa una oportunidad crucial para abordar los desafíos de la paz en el país y buscar soluciones a la persistente violencia que afecta a ciertas regiones. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental considerar el papel de las delegaciones del grupo armado.
Aunque no conocemos a fondo los perfiles de los voceros del Estado Mayor Central, Valencia mencionó que se espera que estos tengan una injerencia directa sobre sus subalternos. Al ser comandantes, se espera que tengan la capacidad de enviar mensajes unificados a sus tropas, logrando cohesionar el discurso desde la comandancia. De esta manera, se buscaría una unificación de mando y una coherencia en torno al propósito de las negociaciones con el Gobierno. Esto sería importante para mitigar las acciones violentas contra la población civil y evitar que haya facciones dispersas del discurso central.
Lo que se esperaría con este diálogo es que haya una unificación de mando; que haya una unidad en torno al propósito de lo que se está negociando en las mesas de diálogo con el Gobierno; que no haya facciones que estén un poco dispersas de ese discurso y que se lleve a cabo el propósito principal que es acabar con las acciones violentas contra la población civil.
Mauricio Valencia también señaló que las mesas de diálogo podrían enfrentar retos significativos. Un reto fundamental para este diálogo de paz es frenar el cese de hostilidades contra la población civil y lograr una implementación efectiva del mecanismo de verificación y monitoreo. Aunque se han dado algunos lineamientos y se cuenta con la presencia de actores internacionales, como la OEA y la misión de apoyo al proceso de paz, es necesario formalizar los protocolos para rastrear y sancionar las acciones violatorias de derechos humanos en el marco del cese bilateral.
Otro reto que se deberá trabajar en esta mesa de diálogo es el reclutamiento, que ha aumentado en los últimos meses y contribuyó a una ruptura parcial del cese con el Estado Mayor Central, el pasado mes de mayo, tras el asesinato de cuatro menores que intentaban huir del grupo armado. Además, la simultaneidad de combates entre el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia agrega complejidad a la situación.
Por esta razón, Mauricio Valencia considera de gran importancia superar estos desafíos para avanzar hacia una paz duradera y mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto armado. La reanudación de los diálogos de paz también genera grandes expectativas sobre lo que se negociará en términos de beneficios jurídicos para los integrantes del Estado Mayor Central. Es importante tener en cuenta que esta negociación no es de carácter socio-jurídico, sino principalmente política, ya que busca reconocimiento político otorgado por el Gobierno. Esto crea mucha expectativa acerca del mecanismo bajo el cual serán juzgados, es decir, si se contemplarán los mecanismos de justicia transicional establecidos en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, esto parece poco probable debido a que el Estado Mayor Central nunca se suscribió a dicho acuerdo, ya que estaban en desacuerdo con los términos y buscaban transformaciones sociales más explícitas.
A pesar de las dificultades y complejidades involucradas, este escenario no debe ser descartado y debe seguir siendo objeto de discusión. Se plantea la posibilidad de contemplar un nuevo mecanismo de justicia transicional, lo cual también sería complicado desde el punto de vista burocrático, ya que implicaría duplicar ciertas acciones desde la institucionalidad. Tanto si se elige el mecanismo de justicia transicional de la JEP o los mecanismos del Acuerdo de Paz, o si se crean unos nuevos, la complejidad persistirá.