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¿Qué se viene en términos de violencia y amenazas para las elecciones del próximo domingo?

Por: Katerin Erazo, periodista.


Foto tomada de: El Espectador


Resta menos de una semana para que los colombianos elijan a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en las urnas del próximo domingo 29 de octubre, y la preocupación por el ambiente de violencia política en el país no cesa. En ese sentido, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló las más recientes cifras en su último informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales.


Estos datos son tomados en cuenta desde el período preelectoral, que inició el pasado 29 de octubre del 2022 y va hasta el próximo domingo cuando se celebre esta democracia en el país. Según el informe de la MOE, un total de 179 candidatos han sufrido algún tipo de violencia, lo que representa un considerable incremento del 37,7% en comparación al 2019 y del 101% en comparación al 2015 en relación con las pasadas elecciones regionales.


De acuerdo a la MOE, de estos 179 hechos de violencia, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la gran mayoría perpetrados en contra de candidatos a concejos municipales. Así mismo, según señaló el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, se registraron 140 amenazas durante este período de tiempo, además de un secuestro y ocho casos de violencia política contra la mujer.


En cuanto a los asesinatos, resalta el caso más reciente registrado, ocurrido el pasado 5 de octubre en Mutatá, Antioquia, donde unos hombres armados acabaron con la vida de Maryuri Cárdenas Malagón, candidata por el partido Gente en Movimiento, justo en frente de una sede de la Registraduría Nacional en esa localidad.


De igual forma, se mencionan los casos del concejal de Guachené, en el departamento del Cauca, William Fory, del partido Cambio Radical; el de Luis Carlos Meléndez, candidato a una Junta Administradora Local de Cartagena, Bolívar, por el Partido Liberal; y el de Luis Eduardo Timaná, líder indígena de la comunidad nasa y candidato por el Pacto Histórico en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.


La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que este es un fenómeno que desafortunadamente viene en aumento desde hace tres elecciones y que durante este tiempo, se presentó un “incremento sustancial” de la violencia contra estos liderazgos políticos que entran en mayor acción para estas épocas.


“No se logró establecer, a través del Estado, los mecanismos de seguridad suficientes para que en aquellos territorios que por ejemplo abandonaron las FARC no se fortalecieran grupos como el ELN o el Clan del Golfo. Ha habido una debilidad después de la firma del Acuerdo de Paz con respecto a cumplir la promesa de que el Estado iba a trabajar desde todos los frentes para que los 170 municipios Pdet no se presentaran episodios como los que se reseñan en el informe”, detalló Barrios.


A pesar de que el informe revela que los partidos Pacto Histórico, el Liberal, Conservador o Alianza Verde, todos parte de la coalición del Gobierno en el comienzo de la era Gustavo Petro, son los más afectados por esta violencia, la directora de la MOE señala que se han identificado hechos violentos que se registran hacia candidatos de todos los espectros políticos.

“En regiones uno encuentra que lo que hay es una amenaza al ejercicio de la política, es una amenaza a los liderazgos, independientemente de cuál sea la afiliación política. Pudimos ver que en algunos casos las amenazas no iban con mensajes específicos, sino que iban en contra de todo aquel que quisiera ser candidato”, añadió la líder de la MOE.


Una muestra de estos casos son las más recientes amenazas en contra de la lista de candidatos del Pacto Histórico en la ciudad de Medellín, las cuales fueron reveladas por la senadora María José Pizarro, o las denuncias que hicieron las directivas del Centro Democrático en el departamento del Caquetá.


La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha estado realizando un seguimiento previo a las elecciones, observando de cerca la violencia política-electoral que ha surgido en relación con este proceso. Como resultado de este monitoreo, la Línea Democracia y Gobernabilidad ha publicado cuatro informes detallados que describen la situación en el contexto del calendario electoral.


Primer informe de violencia político electoral


El 29 de octubre de 2022 inició el calendario electoral para la competencia por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales para el próximo 29 de octubre de 2023. Según el informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este período se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados, entre ellos 11 homicidios. Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), día de por medio se registró una víctima de violencia política y electoral en Colombia.


La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo de competencia electoral.


Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados. Es así como desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación ha estudiado y documentado diferentes estructuras políticas herederas de las alianzas con paramilitares entre el 2003 y el 2007, así como su influencia posterior en hechos de corrupción asociados al “Cartel de la Toga”, al escándalo de Odebrecht y a la existencia de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover millonarias maquinarias clientelares en las regiones y en el país. (Ver: Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023))


Segundo informe de violencia político electoral


Durante los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), Pares registró 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas únicas. Conforme avanzaba el calendario electoral, suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez.


Este segundo informe de violencia político-electoral causó gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia, y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentaron notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023))


Tercer informe de violencia político electoral


En este tercer informe, durante los primeros ocho meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023), Pares registró 116 hechos violentos que han dejado un saldo de 152 víctimas únicas. La tendencia siguió mostrando también que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023))


Cuarto informe de violencia político electoral


A dos meses de que se llevará a cabo las elecciones locales el próximo 29 de octubre de 2023, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) encontró con preocupación que, en comparación al informe realizado para las elecciones regionales del 2019 en Colombia, estaba a once (11) víctimas y dos (2) hechos de alcanzar lo reportado a de octubre de aquel año. Respecto al último informe realizado para las elecciones del 2022, Colombia estaba a tres (3) víctimas y cuatro (4) hechos de alcanzar lo registrado para las elecciones legislativas del 2022.


Además de las advertencias que Pares hizo en su tercer informe, se registró la renuncia y salida del país del alcalde de Playa, Norte de Santander, y la salida del alcalde de Nuquí de su municipio por amenazas del Clan del Golfo. También se observó un incremento en los hechos victimizantes respecto a miembros del Partido Liberal.

Para el período de este informe, se registraron como nuevos agentes perpetradores al Tren de Aragua y los Costeños en Barranquilla. Además, se registró un presunto panfleto amenazante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Tuluá, Valle del Cauca.


La Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) está a punto de publicar un nuevo informe sobre la violencia política-electoral. Según el investigador de Pares, Juan Alejandro Pérez, se han registrado 325 víctimas únicas relacionadas con 262 incidentes. El mes de septiembre destacó con el mayor número de víctimas y casos, con 64 víctimas asociadas a 48 incidentes. Este aumento es particularmente preocupante, ya que coincide con el período electoral, marcado por la inscripción de candidaturas en los últimos 3 meses. Es evidente que ha habido un incremento con respecto a los años 2019 y 2022.


A pesar de esta preocupación, Pérez mencionó que no debemos llegar al extremo de considerar inviable la celebración de las elecciones, como lo ha sugerido el Defensor del Pueblo. Aunque es indudable que enfrentaremos desafíos, es crucial que las entidades estatales, desde el Ministerio del Interior hasta las autoridades locales, trabajen en conjunto para garantizar que las elecciones se desarrollen sin contratiempos y que los centros de votación en Colombia abran sus puertas a las 8 de la mañana del domingo.


Es inquietante observar que no hay una mayor efectividad del Plan Democracia, el cual se activa en los procesos electorales para salvaguardar el proceso electoral. Por lo que para el investigador de Pares, este plan necesita ser revisado y mejorado en colaboración con las entidades locales por parte del Ministerio del Interior.


Además, es esencial centrar nuestros esfuerzos en áreas específicas como el Cañón del Micay, el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó y Catatumbo. Esto permitirá al Ministerio del Interior y a las autoridades locales crear un entorno seguro para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y los candidatos puedan ser elegidos sin temor a amenazas. Desde la Fundación Pares se hace un llamado para que se pueda realizar esta jornada electoral de manera efectiva y segura y se espera que el 29 de este mes, los comicios se lleven a cabo con éxito.


Es por esta razón que estos informes destacan la persistente violencia política en Colombia y la importancia de abordar esta problemática para proteger la democracia y garantizar un proceso electoral seguro. Los candidatos y líderes políticos de todas las afiliaciones políticas siguen siendo víctimas de actos violentos, lo que representa un desafío significativo para el país.



 

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