Omar Gutiérrez
Máster en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales.
Sociólogo/ Investigador Social.
Mi intervención gira alrededor de dos dimensiones de la vida araucana; la política y el conflicto armado. En lo fundamental desde 2003, año de importantes cambios en este territorio por lo que mencionaré. También desde 2016 año en que se materializa el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Lo que sustento a continuación tiene un carácter histórico-político y está sujeto al debate. Tampoco representa la posición de una organización o institución. Menos puede ser considerado como verdad establecida y representa ante todo un punto de vista personal. Aun así, es resultado de un largo proceso de trabajo investigativo en el territorio en mención. Subsiste además el deber ético de pronunciarse con prudencia dada la confusión que reina por los sucesos de enero.
Decir primero entonces, a manera de hipótesis, que:
1) A diferencia de lo sostenido por diversos analistas y medios de comunicación, pienso que la situación vivida en Arauca, en particular desde 2018, no tiene una relación fundamental con el narcotráfico y/o las disputas por sus rutas. Tampoco con el contrabando de gasolina o las rentas del petróleo. Sostengo, en cambio, que se debe a una lucha por el poder en un nuevo ciclo del conflicto armado. Con notables diferencias a lo sucedido antes de 2016. Esto, sin embargo, no significa la ausencia de fuertes intereses ligados con estas actividades económicas ilícitas. Pero valga subrayar que lo económico es aquí un tema subordinado.
2. Cuando hablo de poder me refiero a la capacidad efectiva de recibir obediencia de la población civil y de controlar un territorio y su economía. No importa, en principio, calificar este poder de legal o ilegal; estatal o irregular o subversivo. Además, porque esta capacidad no ha sido un atributo exclusivo del estado ni ahora, ni en 1980 cuando aparecen las guerrillas en Arauca. Tampoco se limita al ejercicio de gobierno civil o la presencia armada de la fuerza pública o de estas guerrillas.
3. En esta perspectiva, la del ejercicio del gobierno civil, se puede incluso decir que las alcaldías y gobernaciones han sido ocupadas, a partir de 2003, por partidos o coaliciones abiertamente afines a los gobiernos nacionales, con el Partido de Unidad Nacional y Cambio Radical. Es decir, gobiernos que pueden ser calificados de derecha, en el espectro ideológico. Tampoco las guerrillas han ejercido una presencia armada permanente, ostensible y cotidiana frente a la población civil, su influencia ha sido, entonces, también política y social.
4. A toda esta situación, se agrega, entre 2013-2014, una nueva realidad fronteriza resultado, por una parte, del balance de fuerza en el conflicto armado en Colombia y por otro, de los cambios en la situación política y económica en Venezuela. Con la muerte de Chávez (2013), la preocupación por la seguridad en esta zona se agudiza y acerca intereses locales de uno y otro lado de la frontera, esta vez con un papel más activo de las guerrillas, en especial el ELN. Indirectamente, a esta situación contribuyó la torpe posición del gobierno colombiano a partir de 2018 (Iván Duque). En este escenario, desde Caracas se teme una agresión en escala ascendente desde el lado colombiano; por su parte, las guerrillas han reacomodado sus estrategias y ven en el territorio venezolano una oportunidad efectiva de recursos de diferente tipo, incluido el apoyo interesado de sectores políticos y sociales.
En payo de lo anterior, debo decir lo siguiente:
En Arauca, el narcotráfico no echó raíces. La breve historia al respecto se circunscribe a la presencia paramilitar de los hermanos Mejía Múnera, entre 1999 y 2006. En realidad, este territorio ha sido marginal en lo que se refiere a la existencia de cultivos ilícitos en el país. En su momento de mayor auge, en 2001, apenas alcanzó el 1,6 % del total nacional de esta cifra. Año que coincide, precisamente, con la ofensiva del Bloque Vencedores en el territorio. El foco de tales cultivos estuvo en Arauquita y Tame; en menor medida, Fortul, Saravena y Puerto Rondón. El primer municipio de fuerte control de las FARC; el segundo de disputa entre guerrillas y paramilitares y el último de establecimiento del Bloque Vencedores.
En años posteriores, hasta 2003, la tendencia fue el decrecimiento, pero luego se revierte hasta alcanzar un máximo en 2007, año de plena disputa (la primera) entre las FARC y el ELN. Curiosamente, este mismo año, Arauca registra mayor superficie en coca que Norte de Santander; 2.116 has y 1.946, respectivamente. No por azar este crecimiento del cultivo y la producción de base de coca fue una de las razones del enfrentamiento entre estas guerrillas. Saldado este enfrentamiento, en 2010, el protocolo que se estableció incluyó la erradicación de la coca.
En verdad, 2010 marca el momento de la casi desaparición de estos cultivos en Arauca y su logro se achaca al acuerdo entre las guerrillas y, sobre todo, a la decisión expresa del ELN sobre este punto. No a la intervención del estado.
Al no ser el narcotráfico el factor fundamental del conflicto armado en Arauca, ni existir bandas paramilitares, la supuesta financiación de las guerrillas se cifra en otras fuentes, menos opulentas. Como pudieran ser la extorsión o pago de contribuciones de propietarios y comerciantes o empresas contratistas de obras o suministros, en especial al petróleo. Y en ciertas ocasiones el secuestro. Las rentas petroleras que obtienen los municipios por regalías, vía participación en contratos. El contrabando de gasolina en la frontera, el pago por el paso de mercancías en la misma zona, etc. A lo sumo, pudieran existir rutas de transporte aéreo de cocaína siendo éstas relativamente menos destacadas que las existentes en otros territorios.
Así, lo observado desde 2018, con el aumento de los asesinatos de civiles, por ejemplo, podría estar asociado realmente (por lo menos en parte) con el intento de instaurar de fondo esta actividad en Arauca. Además de tener conexión con lo sucedido en territorios vecinos con la zona limítrofe de Cúcuta y El Catatumbo, donde el narcotráfico tiene, por el contrario, ya una larga historia. Es esto lo que se puede entrever con el resurgimiento de los frentes 10 y 28 o con el intento de instalación del llamado Tren de Aragua (entre 2018 y 2021).
Desde 2003, el departamento ha estado gobernado por sectores cercanos al Uribismo. En efecto, la elección de Julio Acosta ese año tiró por la borda la historia de sucesiones partidistas en las administraciones ligadas al liberalismo y a la Unión Patriótica, muy comunes en las décadas de 1980 y 1990. Ese fue un momento de ruptura en que se logró consolidar un apoyo político-electoral a las políticas que desde Bogotá impulsaron la lucha contra las guerrillas, por no decir, de abierta alineación con el paramilitarismo, entre 2003 y 2006. Valga decir, entonces, que Cambio Radical y el Partido de la U han gobernado Arauca en los últimos veinte años (Freddy Forero, Luis E. Ataya, Facundo Castillo, Ricardo Alvarado, etc.).
Es más, el inicio de la gobernación de Acosta Bernal, en 2004, casi coincide con el enfrentamiento entre las FARC y el ELN en Arauca. Además de esto, su candidatura se abrió paso en alianza con el Bloque Vencedores, que dirigió la eliminación física de aquellos que se le oponían. Entre estos asesinados estuvo el registrador departamental Juan Alejandro Plazas Lomónaco, crimen por el cual fue condenado Acosta. Adicionalmente, se mencionó la existencia de una lista de cincuenta líderes políticos y sociales que el mismo Acosta Bernal entregó a los Mellizos Mejía Múnera para ser asesinados. Lo anterior produjo un incremento en estos graves crímenes entre 2002 y 2003.
En síntesis, para 2004 habían confluido varios procesos: Uribe había asumido el poder; Arauca era declarada zona de rehabilitación y consolidación y Julio Acosta Bernal llegaba a la gobernación apoyado por los paramilitares y a nombre del partido Cambio Radical. Además de esto, buena parte de la dirigencia política y social del departamento estaba en la cárcel bajo una investigación adelantada por la Fiscalía dirigida por Luis Camilo Osorio y el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, entonces, a cargo de Jorge Noguera. Este particular escenario determinó cambios en la política y los procesos electorales hasta hoy, los más importantes, repito: la desaparición de la Unión Patriótica y el retiro del Partido Liberal de la conducción del gobierno de Arauca.
Igual, esta historia de ingobernabilidad en Arauca parece repetirse ahora con la destitución del Gobernador Facundo Castillo, el nombramiento interino de un militar retirado en su lugar, Miguel Navas, y las investigaciones contra el anterior gobernador, Ricardo Alvarado. Acusados juntos de estar al servicio del ELN. Hechos que parecen coincidir con un nuevo periodo de enfrentamiento entre las resurgencias de las FARC y el Frente de Guerra Oriental del ELN. Lo que nadie se ha propuesto explicar es cómo estos sectores cercanos al uribismo, en las sucesivas gobernaciones, terminan supuestamente aliados con el ELN. Como fuere, en este contexto de crisis política recurrente ligada al conflicto armado y a los intentos del narcotráfico por anidar en Arauca cobra fuerza la hipótesis según la cual más allá de una particular disputa entre grupos armados, está es en juego una reconfiguración de la economía y el poder de facto en el territorio, además de una mayor sujeción de la población civil a estos grupos. En este mismo escenario, como puede inferirse, el gobierno central y las fuerzas armadas no están ausentes; en realidad toman posición en apoyo de alguno de estos mismos sectores o grupos.
Pero es precisamente en este nuevo contexto, que como se advierte tampoco es reciente, cuando toma forma el nuevo escenario de disputa armada en Arauca. Que, a mi parecer, apunta, además y de nuevo, a destruir -en buena parte, por lo menos desde el estado- el poder y la influencia social acumulada por el frente Domingo Laín durante cuarenta años. Mientras tanto, las guerrillas mantienen un acuerdo de convivencia y acciones conjuntas vigente, en lo básico, por lo menos hasta 2018, que les permitió aumentar su capacidad de fuego a través de operaciones conjuntas.
Pese al relativo aumento del conflicto en estos años (2011-2015), 2016 significó un año de caída de los indicadores de acciones bélicas y violencia política. Sin embargo, poco después se reanudó la tendencia al incremento de los mismos marcadores (2018). Un nuevo otro ciclo parece arrancar bajo lógicas y apuestas parcialmente distintas al periodo anterior (2003- 2016). En adelante, por ejemplo, el conflicto armado admite un factor de tensión mayor con respecto a lo que sucede en territorio venezolano. En consecuencia, la frontera toma cada vez más forma como un espacio de conflicto peculiar, a menos que los gobiernos de cada país modifiquen sus políticas recíprocas.
Luego de la muerte de Chávez, (marzo de 2013) los gobiernos de ambos países llegaron a acuerdos en materia de seguridad, intercambio de información y coordinación de operaciones conjuntas, los flujos migratorios se incrementaron debido a los desplazamientos forzados en Colombia. Al mismo tiempo, se registraron movimientos de retorno al país por el deterioro de las condiciones económicas en Venezuela. Igualmente, el contrabando de combustible, alimentos, medicinas, materiales de construcción, repuestos, entre otros, registró un fortalecimiento debido al diferencial cambiario. La política cambiaria, monetaria y de precios en Venezuela contribuyó con ello.
Como fuere, desde 2015, de manera especial en los alrededores de Cúcuta, el cierre de los pasos oficiales reconfiguró las disputas entre algunos grupos armados - denominados pos-desmovilización o neo-paramilitares- alrededor del control de los pasos ilegales -trochas-, debido, en parte, al cobro de un pago -renta- por la movilidad de personas y el contrabando de mercancías. Esta situación, unida a la intensificación del flujo migratorio de población venezolana hacia Colombia, recrudeció la violencia y las dinámicas del conflicto armado entre estas bandas y las guerrillas. Entonces aumentó el saldo de muertes violentas, las graves violaciones de derechos humanos y la vinculación de población venezolana en las estructuras de los grupos armados y las redes de microtráfico, trata de personas y explotación sexual.
En síntesis, las tensiones entre los gobiernos, el diferencial cambiario, los sistemas de precios, la corrupción de miembros de las fuerzas de seguridad y de las instituciones locales facilitaron la consolidación y/o aparición de nuevas estructuras criminales, que se disputaron negocios, mercancías, rutas y territorio a ambos lados del límite.
Esto es particularmente cierto en la frontera de Norte de Santander dado que, desde 2015, se consolidó como un espacio dominado por la violencia, la ilegalidad y la criminalidad, en apariencia indiscriminada, de distintas bandas y guerrillas que se disputan el control territorial y del corredor fronterizo para el desarrollo de una economía de guerra.
Finalmente, la situación política venezolana se convirtió en centro de atención internacional y, en la misma coyuntura, Colombia se posicionó como principal apoyo de los sectores opositores al gobierno de Caracas, con amplio respaldo de la OEA, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Este escenario recrudeció las tensiones bilaterales y ha imposibilitado un diálogo binacional que permita abordar la situación de la frontera desde una perspectiva social y humanitaria; además de la diplomática, comercial, etc.
Así, la nueva etapa del conflicto armado se podría caracterizar, en principio, como de disputa por el territorio -segmentación y fragmentación - en la que se ponen en juego nuevas estrategias y tácticas. Así, mientras a lo largo de la frontera con Venezuela (no solamente Arauca), las Fuerzas Armadas delegan cada vez más la lucha contra las guerrillas en los denominados neo-paramilitares o grupos armados organizados -GAO- o esperan los resultados favorables de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL; éstos mismos grupos reacomodan sus apuestas políticas y militares.
De un recorrido histórico de quince años de conflicto (2006- 2021) la conclusión más importante es, quizás, la fractura territorial de los órdenes instaurados en algún momento por las guerrillas, muy relacionada ésta con la eventual crisis política de los proyectos insurgentes.
Estos resultados son consecuencia de la guerra contra el estado, pero también de los infortunios vividos en las conversaciones y negociaciones de paz. Igual, se encuentran atravesados por el nuevo auge del narcotráfico y las economías ilegales en la frontera. Incluso parece ser algo deseado y calculado por sectores que todavía se benefician de este estado de cosas inconstitucional. Resaltar apenas que, iniciada la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, el estado asumió con desprecio su tarea de llevar seguridad y gobernabilidad civil al territorio. Al finalizar 2020, cerca de 23 excombatientes habían sido asesinados. Primó la coerción sobre la construcción de confianza y la legitimación de tales acuerdos. No hubo un gestor institucional con decidido poder para un periodo fundamental de transición a la paz. A su vez, los grupos guerrilleros sobrevivientes, en concordancia con sus intereses, se adaptan, como se mencionó, a las nuevas condiciones de esta guerra asimétrica. En este contexto, la situación de la población civil continúa en medio de la completa incertidumbre.
¿Qué se dice, entonces, con lo sucedido a partir del 2 de enero de 2022?
De forma abierta, poner fin a los acuerdos que se habían establecido desde 2010, entre las FARC y el ELN, sin posibilidades prontas de un diálogo.
Se abre una nueva etapa de confrontación tan o más intensa que la anterior (2005-2010) con imprevisibles consecuencias.
Fue una muestra de poder coercitivo del ELN contra presuntos integrantes de las disidencias. Sin embargo, esta misma acción se convierte en la puerta de entrada para acciones de similares de otros grupos contra la población civil.
Involucra a otras fuerzas, entre ellas las existentes al otro lado de la frontera. (regulares e irregulares. v.gr. Fuerzas Bolivarianas de Liberación).
Pero también advierte del proceder de la inteligencia militar colombiana (v.gr. presencia de mercenarios y asesores) en un segundo escenario de confrontación después del conocido en la zona rural de Cúcuta y Catatumbo (2018-2020).
Muestra la insistencia del gobierno colombiano en una guerra contra-insurgente muy agresiva y de hostilidad con su homólogo venezolano; además de la intención de aplicar una nueva táctica para acabar con el Frente de Guerra Oriental del ELN.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.