Por: Walter Aldana
Político social alternativo
Considero la labor de alguien que, además de reseñar lo que sucede, tiene como obligación consignar propuestas suyas o de las organizaciones sociales que no encuentran suficiente espacio para su socialización.
De modo que, a continuación expongo algunas propuestas para la mejora de mí departamento.
Primero, cuando de proyectos se trate, es importante considerar y reconocer el permiso previo del campesinado, tanto de aquellas comunidades asentadas en el núcleo del área de intervención como en el área de impacto. Por ejemplo, en el Macizo caucano, en el caso de la Vega, Almaguer y Sucre -las 68 concesiones mineras y 13 títulos mineros que cubren el 80% del territorio con el proyecto denominado ‘Dominical’, el cual compromete 20 mil hectáreas- llevan apegadas a su ser el usufructo del agua como fuente primaria de generación de energía para su desarrollo, y, con ellas, las denominadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, como en el caso de la PCH Guachicono. Allí, es preciso la promulgación de una consulta previa, debido a la presencia de comunidades indígenas, y hacer notar que se trata de una figura de derecho que debe ser llevada a política pública.
Por otro lado, el Gobierno departamental debe propiciar escenarios claros de acuerdos y definición conjunta. Lo anterior como una alternativa a las pujas existentes entre los ejes de desarrollo planteados por los entes gubernamentales y las apuestas de los planes de vida de las comunidades. De esta forma se garantiza que ello no se convierta en herramienta de imposición de un modelo extractivista.
El diálogo debe ser un componente transversal de la gobernabilidad. Es imposible tratar de implementar los ejercicios existentes de planeación en el Cauca, mientras la disputa por el territorio entre grupos armados no institucionales se siga desarrollando. Un "Pacto por la vida y por el desarrollo" será el único que pueda generar un ambiente en el cual los diversos intereses económicos, políticos y sociales puedan emular por ser hegemónicamente aceptados, sin que la respuesta sea el conflicto armado.
La superficie del Cauca tiene 3 millones de hectáreas, las comunidades indígenas poseen 544.901, es decir el 18% del total y de ello, solo 174.375 son de uso productivo, esto es 3.5 hectárea por familia. En la región del norte del Cauca, además del monocultivo de la caña para biocombustible o transformación al azúcar, existe una gran problemática por la tenencia y uso de la tierra.
Frente a esto, se presenta una pugna: la "defensa de la propiedad privada" vs la "liberación de la madre tierra". Allí el diálogo debe discurrir por escenarios en los que aspectos como las cifras de la población, las hectáreas utilizadas en la producción de azúcar, la aridez del suelo productivo y la conservación de territorios frágiles ambientalmente sean puntos de partida para procurar un acuerdo entre la agroindustria y las comunidades étnicas y campesinas. Todo esto, con el fin de asegurar un desarrollo social y ambientalmente sostenible.
Somos un departamento fragmentado, con problemas de identidad y sentido de pertenencia. Por ello, el ordenamiento territorial debe dar cuenta de nuestra realidad actual: una costa pacífica aislada; un oriente que se relaciona mayormente con el Huila; un sur influenciado por Nariño; un norte, en sus dinámicas, relacionado con el Valle; y una zona centro con su capital Popayán, expresión de colonias y con una economía burbuja determinada por los ingresos, principalmente, de los cultivos de uso ilícito.
Reordenar el territorio será la única forma o metodología para afianzar, desde las particularidades regionales, el ser caucano y caucana.
Bienvenidas las cábalas para avanzar en este Cauca rebelde y digno.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.