Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Se ha insistido constantemente en que, de no cambiarse la estrategia de seguridad nacional, este será un año críticamente violento. Hasta la fecha eso ha quedado evidenciado, por ejemplo, la JEP comunicó hace tan solo unos días que el 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz; lo que se ve evidenciado, entre otras, con que a la fecha se han registrado 14 masacres en el país, el asesinato de 22 líderes/as sociales y de 07 firmantes de paz. Además, desde Pares se ha hecho seguimiento a otro tipo de hechos victimizantes como desplazamientos forzados y amenazas.
Justamente sobre esto último se conoció que el secretario de General y de Gobierno del municipio de Ituango en Antioquia, Jorge Elias Giraldo Restrepo, alertó sobre amenazas que estarían enviando el Frente 18 de las disidencias de las Farc a 121 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar distintos cargos en la zona.
“El día 02 de febrero el secretario de Educación presentó la denuncia a la SIJIN sobre una presión que está recibiendo del Frente 18 por medio de un panfleto y por llamadas telefónicas, en las que se informa que los docentes que ganaron el concurso territorial y que sean foráneos, no pueden ingresar al municipio”, se lee en el documento enviado a la directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, María Fernanda Posada.
El Proceso de Selección al que se hace referencia es el número 602 de 2018,mediante el cual a través de convocatoria pública se pretenden nombrar 1.049 docentes y directivos docentes en 19 municipios de Antioquia ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado, del total 121 están dirigidos a Ituango. Igualmente, hay que mencionar, que desde el pasado 25 de diciembre se iniciaron las audiencias públicas de escogencia de plazas y actualmente la Secretaría de Educación avanza con los nombramientos de los docentes que pasaron el concurso de acuerdo con la normativa vigente.
Desde la Secretaría de Educación de Antioquia se afirmó conocer la circunstancia, y se aseveró que se están ejecutando todos los protocolos para proteger la vida y la integridad de los docentes que comienzan su servicio.
Adicionalmente en la comunicación emitida desde Ituango, también se advirtió que ”desde la comunidad indígena JAIDUKAMA tuvimos conocimiento por parte de los líderes indígenas, de la presencia en el resguardo de grupos armados que hacen tránsito por sus tierras y que además de poner en riesgo la población por la posible siembra de minas para controlar el territorio, acusan a los líderes de permitir el ingreso de los irregulares y los amenazan de que los líderes tienen que responder”.
Vale la pena mencionar que este municipio se encuentra dividido actualmente en tres corregimientos y 101 veredas: corregimiento de La Granja; con 38 veredas, corregimiento de Santa Rita; con 25 veredas, corregimiento de El Aro; con 10 veredas y la cabecera municipal con 28 veredas. Dentro de esta división se halla inserto el Parque Nacional Natural Paramillo, que abarca más de la mitad del municipio (1.818,66 km2, 54% del territorio).
Hace tan solo unas semanas a través de Pares, se denunciaron varios hechos que han ocurrido en esta zona de Antioquia en las últimas semanas como que, presuntamente, un firmante de la paz y su familia tuvieron que salir desplazados de la vereda de Santa Lucía, en Ituango.
Adicionalmente, el 22 de enero, se registró el desplazamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral. En compañía de su familia tuvieron que huir de Ituango. Asimismo, se alertó que en la madrugada de ese día un grupo armado, al parecer el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente 18, atacó una base militar ubicada en el corregimiento de Santa Rita. Esto tras un combate que se registró en veredas aledañas con las AGC.
En este contexto también es relevante indicar que durante lo que va del año se han registrado por medio de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 54 hechos de amenazas relacionadas con grupos armados ilegales en Antioquia, siendo, además, el departamento con más denuncias de este tipo de hechos.
La sombra de la violencia hacia docentes en Ituango
Hay que señalar que desde los años 80 esta zona ha sido un epicentro de la violencia en el país; desde esa década ingresaron los Frentes 18 y 36 de la extinta guerrilla FARC-EP. A finales de los 90 tomaron fuerza en el municipio las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) convirtiendo a la subregión norte de Antioquia en escenario de constantes disputas territoriales entre los Bloques Mineros y Metro de las AUC y las FARC-EP. No obstante, durante este periodo quienes generaron mayor control fue la otrora guerrilla.
En esta disputa los docentes no han sido ajenos a la guerra que le ha tocado a esta zona y al país en general. Vale la pena mencionar que en un estudio del año 2019 de la Fundación Compartir se logró establecer que 1.579 maestros/as de las zonas rurales del país han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años; 1.063 docentes (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población; 201 (12,7%) sufrieron secuestros; 200 (12,6%) fueron desaparecidos/as.
Esta situación no fue alejada a lo que se vivió en Ituango. La Defensoría del Pueblo publicaba un informe en el 2018 en el que se citaba que “en los meses de mayo y junio de 2013, las FARC-EP reiteró las amenazas contra las personas que no pertenezcan a la región, particularmente contra los profesores de seis veredas del corregimiento Santa Rita y de la vereda Los Sauces, generando el desplazamiento de tres (3) de ellos en mayo y de otros siete (7) hacia finales de junio de 2013, para quienes fue necesario un traslado preventivo por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Así mismo, a mediados de agosto de 2013, se habrían extendido las amenazas contra directivos y profesores de la cabecera municipal de Ituango declarados objetivo militar”.
Además, agregaban que: “se verificó que esta situación continuó ocurriendo, es decir, a pesar de la advertencia no se logró superar el riesgo de este grupo poblacional. Durante los años 2015 y 2016 se conoció que cuarenta y ocho (48) docentes fueron amenazados por la guerrilla de las FARC-EP en el mismo municipio”.
Hay que recordar que en este municipio entre 1985 y 2005 fueron asesinados/as los/as docentes María Lourdes Montaño Peláez (26 de julio de 1991), quien laboraba en la escuela de la vereda La Florida, en límites con el municipio de Peque al sur; Robinson Taborda Tuberquia (05 de septiembre del 2000), profesor de la escuela rural La Manga y Edison de Jesús Toro Gaviria (08 de agosto de 2002), docente de la vereda Conguital, del corregimiento de Santa Rita. Asimismo, el 28 de septiembre de 2006 fue asesinado César Augusto Pareja López, quien laboraba en la escuela de El Cedral.
Además, en relación con los recientes hechos y trayendo a colación el documento de la Defensoría del Pueblo, se hacía a referencia en éste que justamente “El Resguardo Jaidukamá en el municipio de Ituango, se vio afectado por la instalación de minas antipersonal por parte de las FARC en los alrededores del Centro Educativo Rural indígena San Matías, luego de que el Ejército en agosto de 2012 construyera un campamento en cercanías de esta escuela”.
El presente: un vaivén de una guerra que continúa
Hay que señalar que en este momento los grupos con mayor injerencia en los hechos victimizantes en este territorio son las disidencia de las Farc Frente 36 y Frente 18, así como de Los Caparros y las AGC, los cuales, una vez firmado el Acuerdo de Paz en 2016 y ante la falta de estrategia para garantizar la seguridad en la zona, llegaron al territorio ocupando el lugar dejado por las Farc, el cual sigue siendo disputado también por los frentes de las disidencias; haciendo la claridad que el Frente 18 ha ganado mayor control en el municipio, que históricamente ha tenido presencia allí.
Este riesgo significa una particular afectación para los niños y niñas entre los 11 y 16 años de edad”. Hay que resaltar que la situación actual, además de figurar una afectación para los/as docentes de la zona, también implica unas consecuencias precisas en las garantías educativas para los/as menores, pues como se ha identificado el no poder acceder a espacios educativos es una de las razones que acentúa la problemática del reclutamiento forzado. Imagen: Pares.
No obstante, el riesgo a la población civil sigue siendo generado por la mayoría de actores armados ilegales con presencia en Ituango, pues se registran disputas armadas dejando a la población civil en medio de estas, pero además, las masacres, los desplazamientos, las amenazas están siendo utilizadas contra la gente que habita este territorio para generar miedo, además, que son constantes los señalamientos de un grupo u otro implicando a los pobladores como colaboradores de las otras estructuras.
Esta situación está dejando como foco principal de riesgo a algunas poblaciones, que además están relacionadas con la actual alerta –sin que esto signifique que no hay riesgos en general para los habitantes del municipio- ; una de estas son los/as indígenas del Resguardo Embera Jaidukamá, quienes están bajo una alta probabilidad de quedar interpuestos en el desarrollo de combates y hostigamientos en zonas de resguardo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo identificó que también hay una alerta sobre “los niños, niñas y adolescentes (NNA), derivado del reclutamiento, utilización y/o vinculación de la cual son objeto por parte de los grupos armados ilegales en proceso de expansión y disputa territorial en Ituango.
Hoy la situación en Ituango, como se ha insistido, preocupa. Este hecho demuestra la gravedad de lo que está sucediendo en el municipio, donde a la fecha, a pesar de haber una fuerte militarización durante los últimos días, los grupos armados siguen llevando la batuta de lo que ocurre, continuando además, con una fuerte disputa entre las disidencias y las AGC, dejando a cerca de 20 veredas en un alto riesgo de vulnerabilidad de que sus habitantes sigan siendo víctimas de desplazamientos, asesinatos selectivos, disputas armadas, minas antipersonal y amenazas.